Combatir el blanqueo sin poner en peligro la privacidad

La privacidad es un derecho fundamental recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas. Dicho texto otorga a una persona el derecho a proteger su intimidad, familia, domicilio o reputación de cualquier intromisión ilegítima. En la lucha contra el blanqueo de capitales, conocer los datos personales de aquellos que se esconden detrás de las sociedades pantalla, fideicomisos o testaferros es vital para identificar a los que cometen actividades delictivas, como financiar el terrorismo o blanquear capitales. 

El equilibrio entre ese derecho a la privacidad, también recogido en nuestra Constitución, y el acceso a la información necesaria para identificar y combatir a los delincuentes de lo mercantil, lo favorecen los registradores de la propiedad, mercantiles y bienes muebles. 

Esta labor de los registradores como garantes de la intimidad, fundamental en un Estado de Derecho, acaba de ser reconocida y avalada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), al imponer la exigencia de demostrar un interés legítimo para acceder al registro de titulares reales, abierto al público desde 2018, y confiar a los registradores la labor de certificar ese interés legítimo o justificación. 

El pasado mes de noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a un ciudadano luxemburgués que reclamaba su derecho a restringir el acceso del público general a sus datos personales y los de su empresa, cuya actividad se desarrollaba en países que no garantizaban su seguridad. En su sentencia, el TJUE invalidaba la modificación que realizó la Quinta Directiva en el artículo 30.5 de la Directiva 2015/849 sobre blanqueo de capitales. Esta modificación, que tuvo lugar en 2018, abrió el régimen de acceso a la información al público en general y eliminó la exigencia del interés legítimo para acceder a los datos.

«Los registradores tienen encomendado el control de la legalidad de los actos relativos a los derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles»

Es verdad que para realizar sus actividades delictivas, los criminales se esconden a través de testaferros, fideicomisos u otras sociedades interpuestas. Y es fundamental que determinadas organizaciones y personas puedan acceder a todos esos datos mercantiles, depositados en los registros de titularidades reales, para detectar y combatir estos delitos. Sin embargo, acceder libremente a ellos puede atentar contra el derecho a la privacidad y seguridad de las personas. Y esta sentencia equilibra el ejercicio de ambos derechos. 

Los registradores, como profesionales del derecho y autoridad-funcionarios públicos, tienen encomendado por la ley el control de la legalidad de todos los actos relativos a los derechos reales -derecho de propiedad, el dominio, usufructo, servidumbre, hipoteca inmobiliaria, etc.- sobre los bienes inmuebles y muebles. Por otro lado, también se encargan de garantizar y hacer efectivos los derechos de crédito, facilitar los actos de nacimiento y vida jurídica de todas las sociedades y publicitar de forma notoria y fehaciente su situación a todos los efectos.

Toda esta actividad generadora de valiosa información mercantil se complementa con la importante función de los registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), donde se analiza toda esta información, los registradores colaboran con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, competentes en esta materia. 

En resumen, los registradores no solo dan certeza, seguridad y agilidad al mercado inmobiliario y económico, bajo la premisa de la independencia, profesionalidad, responsabilidad, eficacia y transparencia, sino que identifican operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y lo ponen en conocimiento de las autoridades encargadas de su prevención y represión. 

Nuestro Estado de Derecho debe procurar que no paguen justos por pecadores y depositar en los registradores la misión de asegurar el derecho a la privacidad de la información en la lucha contra el blanqueo de capitales es la garantía de ello.

Sebastián del Rey es director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles.