¿Y si legalizamos el cannabis?

El trágico y vil asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) a manos de una narcolancha ha abierto numerosos debates, tanto a nivel político y social como económico. El primero y más importante es el lamentable abandono que ha sufrido este cuerpo a manos del Ministerio del Interior en una de las zonas más calientes de Europa en la lucha contra el tráfico de drogas, hasta el punto de suscitar la dimisión de su titular, Fernando Grande-Marlaska, cosa que, por desgracia, no sucederá.

El segundo es el apoyo social que, en mayor o menor medida, registra esta actividad ilícita en la costa gaditana, a la vista de la vergonzosa muchedumbre que, desde el muelle de citada localidad, jaleaba las maniobras de los narcos, animando incluso a arrollar la endeble zódiac de la benemérita. La razón de fondo, en este caso, es económica, ya que Barbate encabeza el paro nacional, superando el 20%, y la droga es su principal industria. 

El escalafón más bajo de esta pirámide delictiva, el llamado punto, que tan sólo se dedica a vigilar la presencia de policía en las operaciones de descarga, puede llegar a cobrar hasta 1.000 euros por noche, que es lo que ganan muchos vecinos honrados trabajando un mes entero. Y de ahí para arriba, según la función que desempeñe cada cual en la cadena.

Pero la verdadera cuestión de fondo, la raíz que subyace en esta particular problemática, es la ilegalización del producto en sí, el cannabis, conocido también como hachís o marihuana, según la forma en que presente. No es cuestión baladí. El propio alcalde de La Línea, Juan Franco, el edil más votado de España con más del 75% de los votos, afirmó tajante que, «a lo mejor, la solución es legalizar el hachís para acabar con el narcotráfico».

Sus palabras no sólo no han pasado desapercibidas, sino que, al menos parcialmente, han reabierto un debate que, sin duda, debería centrar la atención política. Y es que al alcalde gaditano no le falta razón, a la vista de los numerosos y contundentes datos que respaldan la legalización de ciertas drogas blandas, como el cannabis. Se pongan como se pongan y digan lo que digan sus más acérrimos defensores, la «guerra total contra las drogas» ha cosechado un rotundo e incuestionable fracaso. Sin excepción, salvo, quizás, en regímenes herméticos y totalitarios que nadie en su sano juicio desea implantar.

«La guerra contra las drogas ni se ha ganado ni se va a ganar. Habrá narcotráfico mientras haya clientela»

La «guerra contra las drogas» arranca oficialmente en Estados Unidos en 1971, bajo la presidencia de Richard Nixon. Es a partir de entonces cuando los gobiernos del mundo libre empiezan a destinar un ingente volumen de recursos materiales y humanos a perseguir la producción, venta y consumo de drogas declaradas ilícitas, a imagen y semejanza de la famosa Ley Seca que prohibió el alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 —con otro histórico fracaso, por cierto—.

Desde entonces, son muchos los gobiernos que han optado por despenalizar el consumo de drogas, pero no así su producción y venta, cuya persecución se mantiene vigente. Sin embargo, en los últimos años son cada vez más los países que apuestan por la legalización del cannabis por el lado de la oferta, y no sólo para uso medicinal, sino también recreativo, dado que las ventajas superan los inconvenientes. Para empezar, porque se trata de una guerra perdida de inicio. Ni se ha ganado ni se va a ganar. Habrá narcotráfico mientras haya clientela. El consumo de drogas no ha dejado de aumentar en el mundo, a pesar de la ingente cantidad de dinero y recursos que se destinan a erradicar su producción.

En concreto, casi 300 millones de personas consumen drogas ilegales, mientras los gobiernos se gastan más de 100.000 millones de dólares al año en combatir su venta y distribución, según las estimaciones de la ONU. Asimismo, el mercado ilegal de estupefacientes supera los 500.000 millones de dólares, bajo el exclusivo control de mafias y organizaciones criminales violentas. Y las autoridades tan sólo logran incautar menos del 1% del dinero blanqueado por el narcotráfico.

Llegados a este punto, algunos pensarán, erróneamente, que la solución estriba en destinar más dinero o en aplicar una política mucho más represiva, hasta el punto de emplear la fuerza militar en situaciones de extrema gravedad, como las que padecen algunos de los principales países productores de ciertas drogas. Eso es lo que hizo México en 2006, con la captura y eliminación de grandes capos gracias al apoyo de Estados Unidos, y el resultado fue catastrófico. No sólo no se redujo el tráfico, sino que se disparó la criminalidad. Los cinco grandes cárteles que dominaban el mercado se atomizaron en numerosas organizaciones más pequeñas y violentas, conforme caían las cúpulas, elevando la tasa de homicidios hasta máximos históricos.

«En España, el 32% de la población fuma y el 9% bebe alcohol diariamente, frente al 3% que declara consumir cannabis»

El segundo gran punto tiene que ver con la salud. Es evidente que el consumo de drogas, al igual que el de otros muchos productos, es malo para la salud física y mental de las personas. El cannabis no es una excepción. Pero si ese es el único argumento que justifica su prohibición, idéntico destino deberían correr el tabaco y el alcohol, cuya venta, sin embargo, está permitida. Cada año fallecen más de ocho millones de personas en todo el mundo a causa del tabaco y más de tres millones por culpa del alcohol, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muertes relacionadas con el consumo de drogas es muy inferior, ya que se sitúa por encima del medio millón.

En el caso de España, el 32% de la población fuma y el 9% bebe alcohol diariamente, frente al 3% que declara consumir cannabis. Asimismo, el tabaquismo se lleva por delante 60.000 vidas al año, el alcoholismo cerca de 20.000, mientras que las muertes directas causadas por sobredosis de drogas («reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas») rondan las 900. De éstas, en cerca de 200 se detectó la presencia de cannabis, en combinación con otras sustancias, pero tan sólo tres muertes apuntaron a esta droga como única responsable, según el Ministerio de Sanidad.

Por último, cabría preguntarse a quién beneficia realmente la prohibición del cannabis y la respuesta no es otra que a los propios narcotraficantes. Cuando Nixon declaró la «guerra» a las drogas en los 70, apenas el 16% de los estadounidenses apoyaba la legalización del cannabis, hoy esa cifra es del 60% y ya son una veintena los Estados del país que han regulado el uso médico y recreativo de esta sustancia, al igual que Canadá y Uruguay, mientras que otros muchos han avanzado en materia de despenalización, desde Luxemburgo y Suiza hasta Tailandia o Nueva Zelanda. Visto lo visto, ya es hora de que España aborde este debate con la seriedad y rigor que merece.