El Supremo confirma la absolución de Ana Botella por la venta de pisos públicos a fondos buitre

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al fondo buitre Fidere/Blackstone. Esta era la última posibilidad para reclamar responsabilidades a Botella por la venta de la vivienda pública.

En contexto: el 17 de julio de 2019, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a dicho fondo de inversión de 1.860 viviendas públicas. La sentencia probaba que se trató de un procedimiento ilegal que se cerró por debajo del precio de los inmuebles y del mercado.

La última decisión del Supremo ha sido rechazar la queja que planteó la concejal socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas en diciembre de 2019 por impedirla recurrir el asunto “como vecina de Madrid”. La edil alegó en su recurso que «la acción popular es un medio de defensa general de la legalidad, de modo que la legislación, cuando la reconoce expresamente, lo hace como un medio de control difuso de los intereses públicos».

Los magistrados del Tribunal Supremo han estimado que la «única conclusión» que se puede adoptar se desestimarlo. Señalan que la recurrente (Mercedes González) «no desarrolló ninguna actuación procesal en la instancia, y ha sido con posterioridad a la sentencia cuando ha decidido comparecer ante el Tribunal de Cuentas y anunciar su intención de recurrirla en casación».

Concluyen, además, que un requerimiento que se formula «invocando únicamente, de forma carga y expresa, el cargo público que se desempeña, no pude surtir efectos como tal requerimiento, a efectos del artículo 68 LBRL, si nada se dice acerca de la acción que esta precepto consagra».

González había planteado la queja después de que el Tribunal de Cuentas rechazase su petición de recurrir (en calidad de vecina) ante el Supremo por la venta de viviendas públicas al fondo buitre. La decisión del consejo de administración de la empresa implicada, la EMVS, de no recurrir la sentencia que anulaba la condena de Botella y su equipo ante el Supremo, fue lo que motivó la queja de González.