Las víctimas del franquismo rechazan a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática
La exministra se postula para el cargo de nueva creación tras abandonar la Fiscalía General del Estado dos años y medio después de su nombramiento
Dolores Delgado en un acto en Mauthausen en mayo de 2019. | Antonio Sánchez (EFE)
Dolores Delgado mira al futuro. La exministra renunció el martes como fiscal general del Estado, apenas dos años y medio después de asumir el cargo. Tras el fracaso del Gobierno para sacar adelante una triquiñuela parlamentaria y ascenderla una vez que abandonara su responsabilidad, a la jurista se le abre otra puerta. Delgado podría convertirse en la primera fiscal de memoria democrática, un puesto de nueva creación incluida en la ley que aprobó el Congreso a principios de julio. Las víctimas del franquismo rechazan su candidatura. La acusan de omitir su deber de hacer cumplir la ley de Memoria Histórica en vigor.
La intención de Delgado es convertirse en fiscal de Sala de Memoria Histórica, según avanzó El Confidencial y reconocen a este diario fuentes jurídicas. El puesto es una de las novedades que incorpora la nueva ley de Memoria Democrática, que ultima su tramitación parlamentaria. El texto superó el escollo del Congreso a principios de julio gracias al respaldo de PSOE, Podemos, PNV y Bildu, lo que generó cierta polémica. ERC optó por la abstención. Los cambios introducidos le seguían pareciendo escasos. El Gobierno ya dejó en suspenso la norma en octubre al advertir que no contaba con apoyos suficientes para sacarla adelante.
El número dos de Delgado
La ley quedará aprobada definitivamente después del verano. Será entonces cuando la exministra de Justicia se postule. La decisión final recaerá en el recién elegido fiscal general, Álvaro García Ortíz, que fue número dos de Delgado durante su mandato. Los miembros de la carrera judicial consultados por THE OBJECTIVE temen que ese escenario ponga en ventaja su candidatura respecto a la de otros compañeros. Además, critican que la ya exfiscal general tiene un perfil «muy politizado».
Por el momento, Delgado tendrá que incorporarse a su plaza de fiscal en la Audiencia Nacional, donde estará a las órdenes de Jesús Alonso, al que ella misma designó fiscal jefe de la institución. La exministra depende del nombramiento como fiscal de memoria democrática para acceder a la cúpula judicial, ya que no es fiscal de Sala. El PSOE intentó promocionarla a través de una enmienda parlamentaria a la ley Concursal, pero tuvo que retirarla acuciado por sus socios. Su aprobación la hubiese consagrado como fiscal de Sala en el Tribunal Supremo una vez que cesara al frente de la Fiscalía General del Estado.
El nombramiento de Delgado como fiscal de memoria democrática debe pasar por el Consejo Fiscal, de mayoría conservadora. Este órgano consultivo debe emitir un dictamen, aunque no es vinculante. Fiscales conservadores advierten de que el pasado de Delgado y su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, vinculado a organizaciones que promueven los derechos humanos y la jurisdicción universal, supondría un conflicto de intereses.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) rechaza su designación por otras cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño profesional. En opinión de su presidente, Emilio Silva, la exministra de Justicia ha eludido en varias ocasiones su deber de hacer cumplir la ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
Vivas a Franco
«Es incomprensible que Delgado estuviera en calidad de máxima notaria del Reino por ser ministra de Justicia en el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio y que, cuando vio cómo la familia del dictador incumplía en su presencia la ley de Memoria Histórica gritando vivas al dictador y Arriba España no tomará ningún tipo de medida sancionadora. Omitió su deber de hacer cumplir la ley», subraya Silva.
No fue el único incidente que protagonizó en el ejercicio de sus responsabilidades, según ha indicado el presidente de la ARMH en Twitter. Delgado acudió el 5 de mayo de 2019 a Mauthausen (Austria) para participar en los actos internacionales de homenaje a las víctimas del nazismo. La entonces ministra de Justicia acudió en nombre del Gobierno para recordar a los más de 9.o00 españoles que sufrieron la barbarie nazi en este y otros campos de exterminio.
«Volvemos para saldar una deuda con nuestra historia y tributar un acto de justicia y reparación a las víctimas», aseguró Delgado. Silva relata que la exministra abandonó el homenaje después de que un miembro del Govern aludiera a los «presos políticos» independentistas. «Era una opinión, no un delito, y ella podía haberla rebatido». El comportamiento de ese día contrasta con el que tuvo cinco meses más tarde, en la exhumación de Franco en octubre de 2019. Según el presidente de la ARMH, la entonces titular de Justicia no abandonó el acto ni amonestó a los familiares del dictador por hacer apología del franquismo.
Silva se queja en la red social del pajarito que, para más inri, Delgado regaló a la familia del caudillo las chapas con escudos que se encontraban en el interior de la tumba y que pertenecían a Patrimonio Nacional. «Una donación en nombre de toda la ciudadanía», se lamenta. Unos precedentes que, según la ARMH, la deslegitiman para convertirse en la primera fiscal de memoria democrática.
Investigar las violaciones
La creación del puesto se recoge en el artículo 29 de la nueva ley de Memoria Democrática, que ultima su recorrido parlamentario. La intención es que este representante del Ministerio público se encargue de investigar «los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución» siempre que «constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario».
La normativa indica que también se le atribuirán «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados para lograr su debida identificación y localización». Lo harán en coordinación con las comunidades autónomas. Sin embargo, la prescripción y la imposibilidad de acusar de manera retroactiva limitan la acción de Delgado, que durante su época de ministra protagonizó numerosos actos relacionados con la memoria histórica, un ámbito que, según su entorno cercano, le apasiona.
