Bruselas no valora por ahora el nombramiento de Campo y pide renovar antes el CGPJ
El comisario europeo de Justicia no ha profundizado en la cuestión y esperará a tener toda la información antes de realizar una valoración
La Unión Europea no valorará por el momento el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional al no contar con toda la información necesaria. Sin embargo, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha restado peso a la situación asegurando que ya se ha dado con anterioridad en otros países y ha puesto como primera meta a alcanzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«No es el único país en el que se produce esa situación. Todavía no lo he mirado. Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento», ha dicho Reynders a preguntas de Europa Press sobre el impacto del nombramiento de Campo en la independencia de la judicatura en España y sobre si Bruselas sopesa tomar medidas.
«Pero, lo repito, lo que pedimos sobre todo es primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional», ha explicado el político belga.
Campo, un posible problema
En este sentido, el responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario ha recalcado que espera la renovación del órgano de gobierno de los jueces para, junto a las designaciones realizadas por el Gobierno, poder ofrecer una «reacción» sobre el «conjunto».
«Todavía no sé si las decisiones del Gobierno se van a poner en práctica directamente en el Tribunal Constitucional», ha remachado el comisario, que habitualmente enmarca el escrutinio del Estado de derecho en los Estados miembro en el informe anual que Bruselas publica desde 2020, en cuya última edición los servicios comunitarios incluyeron una recomendación a España para instar a la renovación urgente del CGPJ para, inmediatamente después, proceder a la reforma del sistema para que los vocales sean elegidos en su mayoría por sus pares.
El nombramiento de Campo y de Laura Díez, exasesora de La Moncloa y una de las personas de confianza del ministro Félix Bolaños no solo supone un problema por el riesgo que representa para la independencia de la judicatura, sino que además pueden ser inconstitucionales al no respetar la regla de los cuartos que marca la Carta Magna. Esta primicia adelantada por THE OBJECTIVE puede complicar la renovación del órgano judicial dependiente del Poder Judicial.