Covite denuncia que los etarras disfrutan de terceros grados sin cumplir los requisitos
Las víctimas consideran que en muchos casos no muestran arrepentimiento, no piden perdón ni colaboran con la justicia
Manifestación en Bilbao por el fin de las excepcionalidades que se aplican a los presos de ETA. | EP
Una amnistía encubierta. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) considera que la marcha que congregó a 20.000 personas el sábado en Bilbao para solicitar que se aplique una política penitenciaria ordinaria a los presos de ETA busca su impunidad «sin disimulo». El Gobierno vasco ha concedido 61 terceros grados a etarras desde febrero de 2022. Según la organización que preside Consuelo Ordóñez, muchos de los beneficiarios no cumplen con los requisitos de arrepentimiento, petición de perdón y colaboración con la justicia para esclarecer los hechos.
El 38% de los presos etarras disfrutan de un tercer grado: 61 de un total de 161, según los últimos datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la competencia en materia penitenciara que ponía fin a la dispersión, ha concedido 34 progresiones más que el Ejecutivo central durante tres años y medio. De las 61 que ha otorgado, 10 tuvieron que ser repetidas tras ser revocadas por la justicia. Un escenario que ha soliviantado a las víctimas de la banda terrorista.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la manifestación de este sábado, donde el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, denunció «a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario». E insistió: «Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle, no los hemos traído hasta aquí para que continúen en la cárcel, los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo».
Privilegios a etarras
Azkarraga criticó a la Fiscalía y la Audiencia Nacional por recurrir las concesiones del tercer grado a presos de ETA. Además, exigió que sean «las instituciones políticas y judiciales de Euskal Herria las que diseñen y faciliten el recorrido del regreso a casa de los presos». Para ello, solicitó una política judicial y penitenciaria sin normas excepcionales: «No exigimos privilegios, exigimos que se les aplique la legalidad ordinaria y se respeten los derechos que asisten a las personas privadas de libertad».
Covite aboga porque los miembros de ETA cumplan sus penas con arreglo a derecho. Le preocupa alguno de los terceros grados que se han concedido y así se lo transmitió a la consejera de Justicia vasca, Nerea Melgosa, en una reunión el pasado 9 de enero. La organización que preside Ordóñez, cuyo hermano y cuñada fueron asesinados en enero de 1995, considera que para que se otorgue esta clasificación a los reclusos deben darse tres circunstancias, que en muchos casos no se cumplen: arrepentimiento, petición de perdón y disposición a colaborar con la justicia.
Marchas en Navidad
«Ese último requisito es más difícil de comprobar. Lo que no pueden decir es que están arrepentidos cuando participan en manifestaciones y se califican como presos políticos», destacan desde Covite. Dos ejemplos recientes, las marchas de las pasadas navidades en San Sebastián, donde participó el etarra Xabier Atristáin, y la de Vitoria, a la que asistió Diego Ugarte, el asesino del socialista Fernando Buesa.
La organización que preside Ordóñez se queja de que estos y otros terroristas que han obtenido un tercer grado no reconocen sus crímenes. «Creen que están encarcelados por sus ideas, que la suya es una lucha de liberación». Las víctimas de ETA también recuerdan que todavía quedan por resolverse 379 crímenes cometidos por la banda terrorista y piden colaboración tanto a sus autores materiales como a aquellos miembros de la izquierda abertzale que puedan arrojar alguna luz.
Acercamientos de presos
El artículo 62 de la Ley General Penitenciaria establece que la clasificación o progresión al tercer grado requerirá «que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído; reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición».
Un escenario que, para Covite, no se cumple en todos los casos. Las palabras de Azkarraga han generado un gran rechazo en la organización, que considera que el acercamiento de los presos de ETA no es un derecho, como tampoco era ilegal la política de dispersión, que avaló la justicia europea en 2015. «El arraigo no es una obligación», insisten. El artículo 12 de la Ley General Penitenciaria establece que «la ubicación de los establecimientos será fijada por la administración penitenciaria» y que se procurará «satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados».
Privilegios en prisión
En la actualidad, 127 etarras cumplen pena en las cárceles vascas. En los dos últimos años, desde que se transfirió la competencia penitenciaria al Gobierno de Vitoria, funcionarios de prisiones han denunciando privilegios a los reclusos de ETA en las cárceles vascas, frente a las «excepcionalidades» que, denuncia Sare, se les aplican. Y no solo ellos, también otros presos tras ser testigos del trato de favor que se dispensa a los etarras. Entre esas concesiones, según publicó este diario, está que tengan una celda individual frente al resto, que la comparte con varios reclusos por el tensionamiento del sistema penitenciario; poseer un trabajo en la prisión remunerado o la concesión de permisos de salida exprés.
Respecto a esto estos últimos, 48 presos repartidos en las tres prisiones vascas (Basauri, Zaballa y Martutene) se han beneficiado de estas concesiones, según advierten fuentes penitenciarias. Se trata de permisos de salida de dos días que no deben ser ratificados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el principal obstáculo al que se enfrentan los reos de la banda para conseguir beneficios.
Esta fórmula consiste en que las salidas no sean superiores a 48 horas de duración. De ese modo, no es necesario informar a las autorices judiciales, sino que es la junta de tratamiento de la prisión, del departamento de Justicia vasco, quien se encarga de otorgarlas. No obstante, solo pueden solicitarlos presos en segundo grado con un cuarto de la pena cumplida. El artículo 161.2 del Reglamento Penitenciario avala esta vía, que permite que el recluso pueda pedir 36 días al año, durante un máximo de siete días seguidos. Sin embargo, la trampa se esconde en los periodos cortos. De este modo, por ejemplo, los reclusos pueden disfrutar de 18 findes de semana sin que esa salida sea revisada por la autoridad judicial.
