El Gobierno no descarta aplicar el '155' en Castilla y León si no retira su plan 'antiaborto'
El Ejecutivo central y el de la Junta chocan por las medidas anunciadas por García-Gallardo y que podrían llevar a una intervención de las competencias en Sanidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La polémica decisión del Gobierno de la Junta de Castilla y León para dotar de más información a las mujeres embarazadas que deseen abortar en los centros hospitalarios dependientes de la comunidad ha disparado las alarmas del Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos, quienes ya han requerido a PP y Vox -miembros de la coalición- que retiren estas medidas y que, en caso de no ceder, no descartan aplicar el artículo 155 de la Constitución, tal y como ha desvelado el diario La Vanguardia.
Fuentes consultadas por el citado medio señalan que el problema aún se encuentra en una fase muy temprana, pero que «cabe» la posibilidad de aplicar esta medida si prospera la propuesta con el fin de intervenir las competencias de Sanidad en la comunidad.
Las citadas fuentes señalan que esta sería la última opción, aunque sin descartar nada. «Hay muchos otros instrumentos para velar por la constitucionalidad de las normas», señalan.
El Gobierno ha mostrado su oposición frontal a las cuatro propuestas de la Junta (garantía de asistencia por psicólogos clínicos, protocolo de latido fetal y registro cardíaco, ecografías 4D para gestantes y respeto a la objeción de conciencia) y a través de varios ministros han reprochado que el Ejecutivo regional recorta -a su parecer- los derechos de las mujeres.
El Gobierno presiona a la Junta
Antes, en la tarde del domingo, el Ejecutivo realizó un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Según ha advertido el Gobierno en un comunicado, utilizará «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente».
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha reclamado en varias entrevistas televisivas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que detenga las medidas «antiabortistas» anunciadas por Vox y le ha acusado de evadir su responsabilidad como líder de su partido.
Al poco, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia. «Llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad», ha dicho la ministra en una entrevista en la cadena Ser, en la que ha afirmado que el Gobierno «no permitirá un paso atrás en los derechos de las mujeres», y ha advertido a la Junta de Castilla y León que no puede ofrecer pruebas complementarias «porque lo que están incentivando es la culpa de las mujeres» y eso -ha dicho- «no cabe en la ley y la Junta no tiene ámbito competencial para hacerlo».
El PP ve una venganza de Sánchez
Por su parte, desde el PP sostienen un doble choque. El primero, contra Vox por lo que consideran desde algunos barones populares como un plan improvisado que busca otorgar notoriedad a la formación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la «improvisación» de Juan García Gallardo.
«Todo lo que sea dar información me parece bien, y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece necesario», ha defendido la presidenta regional, quien ha matizado que el anuncio de Gallardo solo busca un «conflicto interno» cuando, además, «no tiene competencias en la medida».
Además, ha criticado la «improvisación» del político de Vox que «no tenía ni una respuesta»; me parece «innecesario» porque «no son formas de hacerlo».
Por su parte, el PP de Castilla y León ha acusado este lunes al Gobierno de actuar por «venganza» contra la comunidad, por el «castigo» en las urnas en esta autonomía.
«El Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas institucionales con una comunicación falsa y faltando el respeto a la soberanía de la comunidad«, ha expresado a través de un audio remitido por la formación el secretario general del PP-CyL y número dos del partido en esta región, Francisco Vázquez.
Según el número dos del PP autonómico, el Gobierno emitió el requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para «tapar» los «ya doscientos violadores y agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí».
