Víctimas del franquismo piden al Gobierno que castigue un acto de falangistas en Valladolid
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya incoó un expediente sancionador por los actos del 20-N, pero aún no ha resuelto el procedimiento
La Ley de Memoria Democrática impone, pero no impide. A pesar de que la norma aprobada en octubre declaró ilegal el franquismo y estableció que los actos de exaltación podrían ser sancionados con multas de hasta 150.000 euros, los falangistas siguen reivindicando su «glorioso» pasado. La última vez, este sábado en Valladolid. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno que investigue y castigue lo sucedido. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya incoó un expediente sancionador por un episodio similar el 20-N, pero aún no ha resuelto el procedimiento.
La ceremonia se celebró en la Plaza de Portugalete, en el centro de la ciudad, aunque apenas congregó a un centenar de personas. La intención era conmemorar el 89 aniversario de la fusión entre Falange Española y las Jons. Los viandantes se encontraron de frente con los asistentes mientras entonaban el «Cara al sol» con los brazos en alto a plena luz del día. Como si viviéramos en pleno franquismo.
El exfutbolista Borja Fernández dio la voz de alarma en redes sociales con un vídeo que cuenta con miles de reproducciones. «Hoy es 4 de marzo de 2023 y esto ha pasado en España», subrayó en un tuit que ha generado una avalancha de respuestas. Entre ellas, la del alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, que interactuó para asegurar que «desde el Ayuntamiento informamos en contra de este tipo de concentraciones. Da igual. No sirve de nada». No es la primera vez que sucede. En abril de 2021 tuvo lugar otra concentración falangista en Valladolid.
Exaltar al franquismo
La ARMH registró el domingo ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una reclamación para pedir que este organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática actúe este tipo de actos «contrarios a la memoria democrática». La asociación que preside Emilio Silva solicita que se investigue el caso determine las sanciones correspondientes, que pueden llegar hasta los 150.000 euros.
La reciente Ley de Memoria Democrática establece en su artículo 38 que son actos contrarios aquellos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». Sin embargo, la norma no prohíbe el uso de símbolos vinculados al franquismo, salvo que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas.
Los falangistas instaron a sus seguidores que pensaban ir al acto de Valladolid a que no portaran «banderas ni pancartas», ya que «solo se permitirán las que reparta la organización». De esa manera pretendían burlar la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe los actos de exaltación del franquismo y todo aquello que esté relacionado con el régimen. Falange Española y las Jons conformó un pilar fundamental de la dictadura durante su primera etapa.
Silva se muestra pesimista en cuanto a la reclamación que ha efectuado su organización. Recuerda que ya se han producido otros actos de exaltación del franquismo y que, hasta la fecha, ninguno ha sido castigado. Tras los actos celebrados el año pasado en Madrid para conmemorar el 20-N, fecha en la que murió el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, el Gobierno incoó un expediente. El evento contó con la autorización de la Delegación del Gobierno.
Derecho a manifestarse
Una portavoz gubernamental explica a THE OBJECTIVE que se nombró una instructora y que está en proceso de resolverse. Asegura que cuando llegue la información pertinente respecto al acto celebrado en Valladolid, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incoará un nuevo expediente. Sobre la reclamación del alcalde de la ciudad, manifiesta que el derecho de manifestación está establecido por la Constitución, aunque «otra cosa es que en el transcurso de esta se produzcan actuaciones contrarias a la memoria democrática».
La Falange, liderada por Manuel Andrino, y Falange Española de las Jons, dirigida por Norberto Pico, otrora adversarias y ahora aliadas, negaron hace días que en los actos conmemorativos del último 20-N se vulnerase la memoria de las víctimas. La Secretaría de Estado también incoó un expediente por el mitin que celebró el Movimiento Católico Español en la Plaza de Oriente. Su líder, José Luis Corral, ya anunció que llevaría el asunto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de ser sancionados.
El organismo dependiente del Gobierno también estudió sanciones por enaltecimiento del franquismo por las manifestaciones celebradas en La Rioja y Alicante durante el pasado 20-N, con la ley ya en vigor. «Me parece que falta voluntad política. No es aceptable el doble rasero. No se puede poner todos los límites en un caso y ninguna para otros», se queja Silva. En su opinión, esos manifestantes «exaltan la dictadura» y lamenta que la nueva ley siga sin resolver los problemas de las víctimas del franquismo.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática también ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid toda la información disponible sobre el homenaje a la División Azul que tuvo lugar a principios de febrero por las calles de la capital y el Cementerio de La Almudena, por si pudiera conllevar alguna sanción. La División Azul fue un grupo de voluntarios españoles que luchó en el frente soviético encuadrado en el Ejército de la Alemania nazi.