El Gobierno se escuda en la separación de poderes para no informar del caso 'Tito Berni'
Se limita a proporcionar enlaces al portal de subvenciones y al de contratación. En otras asegura que no puede dar datos por que la trama está en sede judicial
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos conversan durante la Comisión de Interior, en el Congreso de los Diputados del pasado 27 de marzo. | Europa Press
El Gobierno se ha cerrado en banda con el caso Tito Berni o Mediador y ha negado toda la información requerida sobre el asunto por parte de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento, el Ejecutivo ha zanjado con respuestas evasivas un aluvión de preguntas que ha realizado en Grupo Popular en los últimos meses sobre una trama en la que están implicados altos cargos, políticos y empresarios. Estos últimos obtenían privilegios en el ámbito de la contratación pública a cambio de favores y regalos.
Hace solo unos días, el Ejecutivo se limitaba a facilitar en una respuesta parlamentaria los enlaces de la Plataforma de Contratos del Sector Público y del Portal de Subvenciones ante el interés de PP por conocer las adjudicaciones de contrato o firmas de convenios por parte de los ministerios a empresas vinculadas de alguna forma a la trama Tito Berni. Según aseguran desde el Partido Popular a THE OBJECTIVE, ni siquiera buscando en esas plataformas y dedicando mucho tiempo sería posible encontrar todos, «ya que algunos contratos pueden aparecer meses después de ser acordados».
Los diputados populares pretenden conocer las adjudicaciones y subvenciones que recibieron un total de 40 empresas, la mayoría canarias y del sector energético, tecnológico y agrario. Según reconoce el PP, todas las empresas por las que han preguntado están siendo investigadas por su vinculación con la trama o tienen relación con alguno de los implicados, según han destacado los medios de comunicación.
Empresas y cabecillas en la trama ‘Mediador’
Asesoramiento y Servicio de Drones, Cleanenergetic Insular, MEC Suministra, Hispano Robysa, Ganadería Tetir, Asesoría Tetir, Consultoría Tetir, Queso de Tetir, Hispanoamericana de Biomasa, Travel Trend Group o Emcotex Export son algunas de las empresas que se citan en diferentes preguntas.
Fue hace solo dos meses cuando saltó el caso Mediador o Tito Berni, una trama corrupta basada en extorsiones a empresarios, en la que no faltaban como ingredientes la prostitución y las drogas, que estaba liderada por cuatro personas. Los ejes de la trama eran el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet Fuentes y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte.
Aunque solo el Guardia Civil ha ingresado ya en prisión, ha habido más de diez detenidos por esta trama. Uno de los cabecillas del caso Mediador es Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. Ha sido diputado nacional por el PSOE durante dos legislaturas y tuvo que dimitir precisamente por este caso de corrupción.
Fuentes Curbelo era diputado del PSOE por Las Palmas cuando la trama salió a la luz, momento en el que causó baja, concretamente -14 de febrero de 2023-. Le sustituyó José Francisco Duque Morán.
Preguntas sobre la trama ‘Tito Berni’
El pasado 11 de abril el Grupo Popular tuvo respuesta a otro lote de preguntas, que todavía no han sido colgadas en la web del Congreso, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La contestación del Ejecutivo, en este caso resulta todavía más evasiva y argumenta que no puede dar datos «ya que e los hechos a los que se refieren Sus Señorías están sometidos a investigación judicial».
El Partido Popular se ha mostrado sorprendido, ya que el Gobierno se excusa asegurando que «siempre un escrupuloso respeto por el Estado de Derecho, las instituciones del Estado y la separación de poderes como garantía de la democracia en España». Concluye que al tratarse de «una investigación judicializada, la documentación en relación con la misma se encuentra bajo control del órgano judicial. El Gobierno, como no puede ser de otra manera y como ha hecho siempre, colaborará con los órganos judiciales en todo lo que sea requerido».
