Varios empresarios piden al juez que reclame al Gobierno pruebas de una trama con fondos UE
Antifraude se niega a entregar la documentación que envió a Europa afirmando que la información está «protegida por el deber de confidencialidad»
Vicente Merino, portavoz del grupo empresarial que denuncia la presunta corrupción
El grupo empresarial de Castilla y León que cuenta con la propiedad industrial del proyecto Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, que presuntamente recibió una subvención de los fondos europeos Next Generation por un importe de unos 500 millones de euros, como ha desvelado THE OBJECTIVE, ha tenido que recurrir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora para reclamarle al Ministerio de Industria y de Transición Ecológica la información que le fue requerida por la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) el 22 de noviembre de 2022. Con esta solicitud, el organismo europeo trata de detectar si se han producido «irregularidades» en la financiación de este proyecto.
Como ha venido informando este medio, esa investigación es consecuencia de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía europea el 11 de octubre de 2022 y en la que el grupo empresarial integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncionall Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L. denunciaba esta trama en proyectos protegidos por patentes de su propiedad. Concretamente, comunicaban a la Fiscalía europea que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona».
Los empresarios tuvieron conocimiento de esta investigación de la OLAF tras la información publicada en THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo en la que se advertía que la Unión Europea estaba vigilando seis adjudicaciones de fondos europeos por sospechas de corrupción. Una de ellas era este proyecto y fijaba el plazo del 15 de diciembre de 2022 para hacer efectiva esta petición. La OLAF quiere saber si el proyecto «ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación. En el caso de estar en curso se ruega se comunique en el momento que se cofinancie».
Financiación
Igualmente quiere saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido financiación europea» se le remita la «referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida». Igualmente, se interesa por si «el grupo Acciona ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación». Si la ha recibido, reclama el «detalle, cuantificación y proyecto vinculado». Finalmente, pide las manifestaciones de interés entre el grupo industrial y Acciona, que después no llegaron a materializarse en un compromiso formal para realizar el proyecto.
El 23 de mayo, el grupo empresarial presentó un escrito en la Subdelegación del Gobierno de Zamora, dirigido al Ministerio de Hacienda y al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en la que pide que «me sea enviada, en la mayor brevedad de tiempo posible, la respuesta remitida desde la Subdirección del Plan de Recuperación en España a esa Subdirección General del Servicio Nacional Antifraude (a la que la OLAF le requirió la documentación)».
La contestación del Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha de 29 de mayo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, comunica a Vicente Merino, portavoz de este grupo empresarial, que «este Servicio no puede proporcionarle esa información al estar las peticiones de información protegidas por el deber de confidencialidad. El tratamiento de los datos de manera incompatible con esta finalidad, como transferirlos a otro destinatario cuando ello no es necesario o no está legalmente establecido por razones importantes de interés público, es contrario a las condiciones por las que los datos han sido obtenidos».
Asimismo, indican que «el conocimiento de los datos solicitados podría incidir negativamente en la eficacia de las actuaciones administrativas desarrolladas o a desarrollar en materia de prevención y lucha contra el fraude». Finalmente, aclara que «la finalidad de su solicitud es la obtención de una información cuyo responsable o titular no es este Servicio».
Tras esta negativa, Merino presentó un escrito en el juzgado de Zamora el 31 de mayo en el que se solicita que se lleven a cabo «las diligencias oportunas para la intervención de dicha documentación a fin de que la misma sea incorporada a los autos, si procediera la existencia de un posible delito de desobediencia». En este juzgado hay un proceso interpuesto contra la Junta de Castilla y León, a la que inicialmente apuntaba como la responsable del presunto trato de favor a Acciona, y en perjuicio del Grupo Cobra con el que posteriormente quiso llegar a un acuerdo para poner en marcha el proyecto. En este sentido, señala en su denuncia que pudo haber «amenazas y coacciones para que no fuera accionista ni promotor, diciéndole a altos cargos de la empresa que lo de Acciona está en la mesa, con un ánimo de beneficiar a esta tercera empresa con la que podrían haber llegado a acuerdos a espaldas del equipo promotor y del propietario industrial».
