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El PP pide al Gobierno que empiece a regenerar cesando al fiscal general del Estado

La portavoz ‘popular’ en el Senado, Alicia García, asegura que hoy tienen una «oportunidad de oro»

El PP pide al Gobierno que empiece a regenerar cesando al fiscal general del Estado

La portavoz popular en el Senado, Alicia García. | Europa Press

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez, el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. García ha realizado este anuncio durante la sesión de control al Gobierno mientras interpelaba a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sobre «las consecuencias políticas y económicas de la última actuación del Presidente del Gobierno». García ha acusado al Gobierno de «depravar la democracia».

García ha acusado al Gobierno de «querer acabar con la independencia judicial, con la libertad de prensa y hasta quieren censurar los toros, ¿en qué país serio un presidente se apropia de la democracia, del Poder Judicial y hasta de la opinión libre de los ciudadanos? Lo de ustedes no es regeneración democrática sino depravación democrática y hoy tienen la oportunidad de oro para demostrar lo contrario, cesen al fiscal general del Estado porque no hay nada más peligroso que un presidente ególatra y acorralado rodeado de aduladores, que es lo que son ustedes. Sánchez se conjura contra el odio, odiando; critica la mentira, mintiendo y dice luchar contra la corrupción lanzando bulos en directo».

La portavoz popular afirmó que «España está cansada de la vanidad de un presidente cuyo proyecto está agotado, tiene mucho más pasado que futuro y está escondido sin dar explicaciones». Igualmente, sobre la actuación de Sánchez, remarcó que «no ha sido un acto de amor, sino un acto bochornoso impropio de un presidente al que todos tachan de victimista por los presuntos casos de corrupción de su mujer».

La vicepresidenta primera defendió el prestigio de Pedro Sánchez afirmando que «la reputación de este país está preservada siempre, porque el presidente del Gobierno es el mejor embajador que ha tenido nunca España, reconocido en todos los entornos internacionales e incluso por miembros de su partido a nivel europeo». Montero insistió en abrir un debate «necesario. Es importante incrementar la calidad del debate público, humanizar la política porque detrás de ella estamos las personas. Es importante denunciar una máquina del fango que se dedica a fabricar noticias fake, bulos, posteriormente, denuncias falsas que distorsionan el contraste ideológico y de ideas que siempre tiene que presidir la distancia entre los diferentes grupo».

Montero le pidió al PP que «empiecen ustedes por dónde tendrían que haber empezado desde el principio reconociendo la legitimidad de las urnas y, por tanto, de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y aceptando las reglas del sistema democrático porque le hacen un terrible daño a la democracia».

El PP recuerda sobre el fiscal general del Estado que «el CGPJ cuestionó su nombramiento calificándolo como no idóneo; el Tribunal Supremo sentenció en noviembre de 2023 que cometió ‘desviación de poder’ cuando maniobró para ascender a Dolores Delgado a Fiscal de Sala de lo Militar; y ahora, el Tribunal Supremo ha vuelto a anular el ascenso de Dolores Delgado por segunda vez, en este caso, como Fiscal de Sala de Memoria».

Igualmente, fuentes populares precisan que «su nombramiento ha sido recurrido a la justicia por parte de una asociación de sus propios compañeros fiscales, participó en actos de campaña del PSOE en Galicia en 2019″ y fue «condenado por el Tribunal Supremo por ocultar al fiscal Stampa los detalles de la investigación abierta contra él de manera arbitraria por parte de una exministra socialista».

Por otra parte, apuntan que «guardó silencio, a diferencia lo que hicieron todas las asociaciones de jueces y de fiscales en España, cuando los partidos independentistas y el propio PSOE insinuaron la existencia de lawfare en España; maniobró para silenciar a los fiscales del TS que a diferencia de él sí veían la investigación por terrorismo a Puigdemont; admitió responsabilidades en las órdenes a la Fiscalía Provincial de Madrid difundir, de manera ilegal, una conversación privada entre un fiscal y el abogado de Alberto González Amador; impuso su criterio al Consejo Fiscal para no admitir la querella contra la Fiscalía de la pareja de Ayuso por los hechos anteriores, y apartó del caso a la fiscal que sí veía admitir esa querella».

Finalmente, constatan que «el TSJM ha dado la razón a la fiscal díscola con García Ortiz y ha admitido esta querella» y el ICAM le denunció por los hechos anteriores»; además «habría usado la Fiscalía para ocultar la trama del PSOE en plena campaña electoral del 23J

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