El Gobierno premia con dos consejos a la abogada del Estado que defiende a Sánchez
Zaida Fernández es miembro del consejo de Hunosa y del de Enisa, una de las empresas que contrató con Barrabés
La abogada del Estado Zaida Fernández forma parte de los consejos de Hunosa y Enisa, empresas vinculadas a Hereu y Montero. | Ilustración de Alejandra Svriz
Zaida Fernández, la abogada del Estado que firmó la querella contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez por presunta prevaricación, fue premiada en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 con dos puestos muy relevantes en consejos de administración de empresas públicas. En febrero de 2024, meses antes de presentar la querella que busca defender a Sánchez y a su mujer del procedimiento de Peinado, fue ascendida a jefa del área Penal.
Antes de la promoción en la Abogacía del Estado, según ha constatado THE OBJECTIVE, Fernández fue nombrada secretaria no consejera de Enisa, dependiente de Industria y Turismo, y de Hunosa, vinculada a la SEPI-Hacienda. En el primer caso, su designación tuvo lugar, según el registro de Insigth View, el 24 de diciembre de 2023. Se da la circunstancia de que Enisa ha sido una de las compañías públicas que dio contratos a empresas de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez.
La empresa pública dedicada a la financiación de proyectos innovadores de pymes aparece en los documentos de la Unidad Central Operativa (UCO). El órgano central judicial de la Guardia Civil investiga, a instancias de Peinado, las actividades de la mujer de Sánchez, muchas relacionadas precisamente con Barrabés.
Sánchez, Gómez y Barrabés
Esta sociedad estatal adjudicó en mayo de 2021 a Track Globe, firma vinculada a Barrabés en ese momento, un contrato para el mantenimiento de su web. El pliego estaba valorado en 80.000 euros y el periodo de ejecución era de tres años.
Track Globe pertenecía a Barrabés y a BTS, conglomerado tecnológico con fuertes intereses en Latinoamérica (República Dominicana y Panamá). El empresario aragonés abandonó la compañía en enero de 2024, según el registro, una vez que fue adquirida por Hiberus. Enisa también patrocinó un evento de Carlos Barrabés –Mañana empieza hoy– en el que intervino la mujer de Pedro Sánchez en 2019, 2020 y 2021.
En 2019, la empresa pública aportó 80.000 euros para un foro de conferencias de tres días de duración en Ifema que llamó la atención a sus máximos responsables. «Fue una imposición de Moncloa», que Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto, se limitó a ejecutar de la mano del entonces consejero delegado, Jose Bayón.
La joven abogada del Estado también es secretaria no consejera de Hulleras del Norte (Hunosa). La empresa pública está integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Creada en 1967, sus orígenes están vinculados a la extracción de carbón.
El papel de la secretaria
En ambos consejos su papel es el de secretaria. Este cargo, con retribuciones vinculadas a dietas, tiene como funciones principales redactar las actas. Además, asisten al presidente y velan para que las actuaciones del Consejo se ajusten a la normativa aplicable. También tiene el papel de informar sobre temas legales. Que un abogado del Estado forme parte de un consejo de administración de empresas públicas y privadas no es excepcional. Destaca, en cualquier caso, el nombramiento casi simultáneo en los dos consejos y el posterior ascenso en la Abogacía.
Fuentes jurídicas explican a este medio cómo funcionan los consejos de las empresas estatales. «Esos nombramientos son un premio. A partir de ese cargo controla de lo que se habla en el Consejo». Apuntan que las dietas son de mil euros mensuales por acudir a una reunión al mes.
Abogados del Estado en empresas privadas
Fernández aprobó la oposición, gracias a la cual se puede acceder a uno de los cargos mejor pagados de la Administración, en 2016. Los sueldos parten de 60.000 euros anuales que pueden incrementarse -lo habitual-, por ejemplo, con nombramientos como consejeros. Como referencia, Macarena Olona, abogada del Estado y exdirigente de Vox, reconoció cobrar del Ministerio de Justicia un total de 7.850 euros mensuales.
Como informó THE OBJECTIVE, los consejos de administración de las grandes empresas privadas, los bufetes de abogados más influyentes y el staff de los partidos políticos se han convertido en el destino de un gran número de altos funcionarios. Unos pocos abogados del Estado, como Fernández, siguen cobrando del sector público. Tras superar oposiciones que requieren muchos años de estudio y con plazas limitadísimas, un número importante de empleados públicos de los niveles más elevados decide, una vez superadas la pruebas, dar el paso al sector privado.
