La actual pareja de Ábalos revela que Begoña Gómez «pide favores con dinero público»

En una revelación que podría sacudir aún más los cimientos del actual Gobierno, Andrea de la Torre, pareja sentimental del exministro socialista José Luis Ábalos, ha afirmado conocer de primera mano las presuntas irregularidades en las que estaría implicada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En conversaciones con THE OBJECTIVE, la pareja de Ábalos afirma con rotundidad: «Sé a través de qué empresas está pidiendo favores Begoña con dinero público».

Su testimonio no surge de la nada. Andrea de la Torre comenzó su relación con José Luis Ábalos en 2021, cuando el entonces ministro de Transportes ya había roto su relación «particular» con la prostituta Jésica Rodríguez. Desde entonces, Andrea y Ábalos han compartido techo y vida en tres distintos domicilios. El primero fue en la calle Mauricio Legendre, en el distrito de Chamartín; el segundo, en el chalé de Rivas en el que este diario adelantó que la pareja del exministro registró la sede social de la inmobiliaria Galvanoestudio en plena investigación del caso Koldo. Y el último de los domicilios, un moderno loft ubicado en el Ensanche de Vallecas, adquirido mediante un cheque bancario de 117.500 euros, sin hipoteca ni financiación bancaria. Esta inusual operación inmobiliaria ha llamado la atención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga su procedencia en el marco del conocido como caso Koldo.

Ese inmueble fue adquirido en fechas próximas a la explosión del escándalo que involucra a Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, y a varios empresarios que presuntamente se beneficiaron de contratos públicos durante la pandemia. En las últimas semanas, Andrea ha intentado alejarse del foco mediático, asegurando que su relación con el exministro ha terminado. Sin embargo, fuentes próximas a la investigación apuntan a una estrategia calculada, destinada a apartarla del epicentro judicial, mientras sigue siendo una figura clave dentro del engranaje de relaciones personales que sostienen la trama. Un modus operandi que, según estas mismas fuentes, también habrían replicado otros implicados, como el propio Koldo García y su pareja, Patricia Úriz.

Begoña Gómez en San Petersburgo

Los primeros contactos de los que existen pruebas entre Begoña Gómez y la trama que investiga la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo datan de 2019. Fue el 10 de septiembre, tal y como adelantó este periódico, en la víspera de la 23ª Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebrada en San Petersburgo, Rusia. Fue el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, el primero que había conocido a Begoña Gómez en una reunión en la sede de la OMT en Madrid, en la calle Poeta Joan Maragall, a la que acudió la mujer del presidente a pedirle una «colaboración» aprovechando los más de 3.000 proyectos en África que tenía la división de la ONU para el turismo. En víspera de la Asamblea en San Petersburgo, Zurab Pololikashvili invitó a Gómez a una reunión con ministros africanos en la que la entonces directora del IE African Center fue presentada por el anfitrión georgiano como «primera dama de España» ante una nutrida representación de ministros africanos en el histórico Palacio Táuride de San Petersburgo.

Durante ese viaje, Begoña Gómez se reunió con Javier Hidalgo, entonces CEO del conglomerado turístico Globalia, y con Víctor de Aldama, empresario vinculado a múltiples contratos públicos. Hidalgo y Aldama viajaron a Rusia en jet privado, mientras que Gómez lo hizo en un vuelo comercial, tras desestimarse por «precaución» que volara con ellos. El distanciamiento físico no evitó el contacto personal: ya en el hotel en el que se alojaban los tres, Gómez acudió de madrugada a la azotea del establecimiento en donde se encontraban Hidalgo y Aldama, ordenando previamente a sus escoltas que se retiraran.

Según fuentes cercanas a la operación, en esa reunión Javier Hidalgo solicitó ayuda a la esposa del presidente del Gobierno para desbloquear una deuda que Globalia arrastraba en su negocio de transporte por carretera, lo que obstaculizaba un proyecto de rehabilitación de pueblos sostenibles impulsado por el patriarca de la compañía, Juan José Hidalgo. La operación estaba avalada con su patrimonio personal. La deuda en cuestión tenía su origen en la filial Globalia Autocares Levante SL, afectada por pérdidas tras intentar operar la concesión de la ruta entre Alicante y Cartagena desde 2017. Como desveló este diario, tras la reunión con Gómez, la filial de Globalia logró deshacerse de una deuda de 717.000 euros.

Las citadas fuentes confirman que en dicho encuentro Gómez también mostró interés en que la compañía Globalia, que se quejaba de tener «una mano negra» –al que le pusieron nombre y apellido: Pedro Saura, entonces Secretario de Estado de Transporte– que impedía sacar adelante determinados proyectos, pudiera actuar a cambio ayudando al IE African Center, que dirigía ella desde agosto de 2018. La petición de Javier Hidalgo a la mujer del presidente del Gobierno se produjo apenas tres meses antes de que se retratara públicamente a Javier Hidalgo y Begoña Gómez en unos premios de startups de la empresa Wakalua, filial de Globalia creada ad hoc para estrechar lazos con la mujer del presidente, como adelantó este diario.

Rescate de Air Europa

Tras la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, los intereses empresariales de Globalia se reorientaron hacia una prioridad más urgente: asegurar el rescate de Air Europa. La compañía aérea, gravemente afectada por la parálisis del sector, solicitó un auxilio económico que acabaría materializándose en 475 millones de euros provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

Un informe reciente de la UCO sostiene que Begoña Gómez pudo tener un papel decisivo en el desbloqueo de esa ayuda pública. El 3 de septiembre de 2020, el empresario Víctor de Aldama envió un mensaje a Koldo García, asesor de Ábalos, en el que afirmaba que Hidalgo estaba «muy jodido por el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña». Esa presunta llamada generó inquietud entre los investigadores, que vieron en ella una evidencia de que se activaron contactos personales al más alto nivel para facilitar la inyección de fondos públicos.

Según fuentes de Air Europa, Aldama ya percibía un salario como asesor de la compañía. Las conversaciones entre él y Koldo García reflejan una tensión creciente. «Te lo digo como amigo, creo que se va todo a la mierda», escribió Aldama. A lo que García respondió: «No podemos hacer más». Para la UCO, estas comunicaciones son indicativas de una colaboración activa entre los actores implicados, con la posible intervención de Begoña Gómez como intermediaria informal. Fuentes conocedoras del proceso afirman que la esposa del presidente mantuvo al menos dos reuniones en la sede de la aerolínea en Pozuelo de Alarcón, además de un encuentro telemático, todo ello mientras se negociaban los términos del rescate.

Cartas, másteres y adjudicaciones públicas

Otro de los flancos judiciales que cercan a Begoña Gómez tiene que ver con su firma en cartas de recomendación utilizadas por empresas privadas para obtener contratos públicos. En plena pandemia, en 2020, Gómez expresó su respaldo a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se presentaba a una licitación del Ministerio de Economía por 7,7 millones de euros, tal y como adelantó El Confidencial. La tramitación de dicha ayuda se realizó a través del órgano público Red.es, bajo la órbita de la entonces vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño.

Uno de los beneficiarios directos de esa recomendación fue Carlos Barrabés, empresario próximo a Begoña Gómez. En esta historia nada es casual. En enero de 2020, se produjo primera colaboración entre Hidalgo, Aldama y Pololikashvili con Begoña Gómez, donde se fotografiaron por primera vez. Fue en el Barrabés Place, espacio de la consultora de Carlos Barrabés, en la presentación de los premios a startups de Wakalua, el hub de innovación turístico creado entre Globalia y la OMT, y cuya directora, Letticia Lauffer, había sido anteriormente empleada de la consultora Barrabés. Posteriormente, Barrabés diseñó el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense que Begoña Gómez dirigía. Actualmente, este máster también es objeto de investigación judicial.

El juez titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid estudia si las cartas de Begoña Gómez enviadas a favor de empresas vinculadas a Barrabés fueron determinantes para adjudicaciones por un valor conjunto de 12,8 millones de euros. Un informe elaborado por un experto en contratación pública y presentado por Manos Limpias en la causa concluye que las misivas carecían de validez legal, a diferencia de las remitidas por otras instituciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid. En palabras de la acusación popular ejercida por el sindicato, estas cartas no tenían otro fin que el de «influir».