Interior rechaza apartar al director de la prisión de Valdemoro a pesar de la investigación judicial
Descarta abrirle expediente hasta tener «una resolución judicial firme». Una juez y el Defensor del Pueblo le investigan por acusar sin pruebas a cuatro funcionarios
Respuesta del Ministerio del Interior en la que se deniega la apertura de expediente a la dirección de la prisión de Valdemoro. | The Objective
El Ministerio del Interior no depurará responsabilidades por el escándalo de los cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro (Madrid) detenidos sin pruebas hasta que exista «una resolución judicial firme en donde se ponga de manifiesto la comisión de un delito doloso» por parte de la dirección del centro. En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias descarta así abrir expediente al director de la cárcel, Antonio Luis de la Iglesia, por los hechos que han llevado al Juzgado de Instrucción número 8 de Valdemoro a abrir ahora diligencias previas de investigación.
La titular de ese juzgado ha admitido a trámite una denuncia en la que se pide investigar a cuatro guardias civiles y al director de la prisión por presuntos delitos de detención ilegal, prevaricación y falsedad documental en el caso de los funcionarios de la cárcel de Valdemoro que fueron detenidos, encarcelados y suspendidos de empleo y sueldo durante meses a pesar de no existir pruebas en su contra. La dirección del centro les acusó de traficar con estupefacientes dentro de la prisión. La Guardia Civil les detuvo en mayo de 2021 y la juez envió a tres de ellos a la cárcel durante meses. Acabaron exonerados «al no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos «que no aportaban más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la dirección de la prisión les imputaba.
Uno de los funcionarios absueltos, el mismo cuya denuncia ha hecho que la titular del Juzgado abra diligencias previas para esclarecer la comisión de los delitos denunciados, había enviado una queja al Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska. En ese documento, el denunciante «hace constar la presunta comisión de delitos por parte del Director del Centro Penitenciario Madrid III, solicitando, entre otras cosas, que se pongan los hechos en conocimiento de la Inspección Penitenciaria al estar incluidos en un supuesto del art.7c del Régimen Disciplinario de los Funcionarios».
Interior descarta expedientar al director
En su respuesta, sin embargo, Instituciones Penitenciarias descarta abrir expediente al director de la prisión en estos momentos. «Cúmpleme informarle que en el momento en que esta Subdirección General de Análisis e Inspección tenga conocimiento de la existencia de una resolución judicial firme en donde se ponga de manifiesto la comisión de un delito doloso por parte de cualquier empleado público de la Administración Penitenciaria, se iniciará el oportuno procedimiento para depurar las responsabilidades disciplinarias en las que haya podido incurrir», indica en su respuesta el jefe de los servicios jurídicos de la Subdirección General de Análisis e Inspección de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
La respuesta de ese organismo contrasta con la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Valdemoro de abrir diligencias previas para esclarecer las posibles responsabilidades penales del director del centro penitenciario y de cuatro de los guardias civiles que participaron en la investigación y la detención de uno de los cuatro empleados públicos detenidos y encausados sin pruebas.
La misma juez que les envió a prisión, y que después archivó la causa, es quien ahora ha aceptado a trámite la denuncia interpuesta contra el director de la prisión de Valdemoro y cuatro guardias civiles que participaron en la investigación que llevó a tres funcionarios a la cárcel sin pruebas. El denunciante, que ha sido citado a comparecer en el juzgado el próximo 19 de octubre, alega que le detuvieron sin orden de arresto y que los agentes «incumplieron en su deber de comprobar las supuestas informaciones que decían tener y que resultaron ser falsas».
La denuncia contra el director del centro penitenciario se basa en las declaraciones que prestó como testigo durante la investigación. En un primer interrogatorio, el 1 de junio de 2021, Antonio Luis de la Iglesia manifestó ante la Guardia Civil que tenía información de que, en el año 2018, el ahora denunciante «se dedicaba a introducir en el centro penitenciario alcohol y drogas». Sin embargo, un mes después, en sede judicial cambió su versión. De la Iglesia dijo que se había confundido y que los hechos que había atribuido al ahora denunciante, en realidad, los había cometido otro funcionario de prisiones que se llamaba igual.
El Defensor del Pueblo sí investiga lo ocurrido
La respuesta de Interior no solo choca frontalmente con la reacción de la Justicia. El Defensor del Pueblo también ha admitido a trámite una queja del denunciante y ha decidido abrir una investigación sobre los hechos. «Se han iniciado las acciones oportunas ante la Dirección General de la Guardia Civil y ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una vez recibida la información que dichos organismos han de remitir, se le dará traslado de la misma», señala Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera del Defensor del Pueblo, en un escrito dirigido al denunciante y al que ha tenido acceso este medio.
La negativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de abrir un expediente sancionador por lo ocurrido también contradice su propia actuación en el caso de los funcionarios ahora absueltos. Cuando la Guardia Civil los detuvo, en mayo de 2021, los cuatro empleados de la prisión de Valdemoro fueron inmediatamente suspendidos de empleo y sueldo. Después de que la juez decretase el sobreseimiento provisional de la causa contra ellos por falta de pruebas, en marzo de 2022, el Ministerio del Interior mantuvo abierto durante otros dos meses más el expediente disciplinario contra ellos.
No fueron readmitidos en su puesto de trabajo hasta junio pasado. Entonces no importó que no existiera una resolución judicial firme en su contra, requisito que ahora la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pone como condición indispensable para depurar responsabilidades. El director de la prisión se mantiene en el cargo sin expediente sancionador alguno en su contra, según confirman fuentes del centro penitenciario Madrid III-Valdemoro.
