El Defensor del Pueblo inspecciona las celdas «ilegales» de Valdemoro tras la denuncia de TO

Visita sorpresa a la prisión de Valdemoro (Madrid). Funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, han visitado sin previo aviso este lunes el módulo de ingresos del centro penitenciario madrileño, después de que varios sindicatos de funcionarios de este penal denunciasen el año pasado en un escrito las condiciones infrahumanas de dos celdas en este departamento, según confirman distintas fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE. 

Se trata de dos espacios de la prisión, de apenas unos metros cuadrados, en los que se «castiga» a presos sospechosos de portar sustancias estupefacientes tras regresar un permiso de salida o de una comunicación especial, más conocido como vis a vis, para el consumo en la cárcel o para su distribución en el mismo. Denominadas como «celdas de evacuación», no tienen ventilación, inodoro, agua lavabo ni colchón, tal y como desveló este periódico en un artículo hace tres semanas. 

En base a la denuncia de la organizaciones sindicales, en los últimos tres años, un total de 25 reclusos han sido sancionados con el internamiento en las celdas en cuestión, la 1 y 2 del módulo de ingresos. Lo grave de estas sanciones, no obstante, es que se llevan a cabo sin que los «reos sean vistos por los servicios médicos», y en la mayoría de ocasiones «sin la participación o puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que adopte las medidas pertinentes». A juicio de los empleados penitenciarios, se trata de habitáculos al margen de la ley.  

Los funcionarios del MNP han visitado el interior de las dos celdas y se han entrevistado con los últimos tres reclusos que las habían ocupado, internos en los módulos 7, 8 y 9 de la prisión. Finalmente, también han tenido un encuentro con el director de la cárcel, Jose Antonio Luis de la Iglesia. Desde el departamento dirigido por Ángel Gabilondo confirman la inspección a la prisión, pero no especifican en qué módulos se ha llevado a cabo. Fuentes del Defensor del Pueblo, consultadas por este periódico, enmarcan esta cita dentro del trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención, encargado de supervisar el trato que reciben los presos por parte de los trabajadores y la dirección del centro. 

Expediente archivado

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) se elevó una queja al Defensor del Pueblo en noviembre de 2021 para que investigase el uso de las celdas. Sin embargo, esta institución, que abrió un expediente sobre el asunto, culminó las pesquisas poco después de la denuncia. Una decisión motivada en un informe que le remitió la dirección de Valdemoro, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que el director daba cuenta de las condiciones de las celdas, de todos los procedimientos existentes y de las órdenes que la dirección daba en cada caso particular, además del papel que jugaba siempre el juzgado de vigilancia penitenciaria.  

Un documento en el que el Defensor del Pueblo no vio razones para continuar la investigación. A finales de junio, cuando este periódico desveló la existencia de esas celdas, Acaip censuró el cierre del caso y criticó que el departamento de Gabilondo «ni siquiera hiciese una visita a la prisión para comprobar el estado de estos habitáculos». Tres semanas después, esta institución ha inspeccionado las celdas, pero no revela si ha reabierto las pesquisas que cerró. Sitúa su visita en el trabajo «preventivo y sin previo aviso» que realiza para prevenir torturas en prisión. 

Vejaciones y malos tratos

En cualquier caso, los funcionarios de Valdemoro consideran que la aplicación de esta medida a los reclusos supone una vulneración de los derechos fundamentales de los internos, puesto que su internamiento en las mencionadas celdas va aparejado a vejaciones, humillaciones y malos tratos a éstos. Las fuentes consultadas relatan episodios en los que internos han sufrido «ataques epilépticos» o han protagonizado agresiones contra los trabajadores penitenciarios a causa del internamiento en las celdas.

Para que se haga una idea, lo que ocurre en esta prisión es similar a lo que puede suceder en los controles de los aeropuertos si se identifica a una mula. Es decir, una persona que contrabandea con pequeñas cantidades de estupefacientes y puede albergarlas en el interior de su cuerpo. En este caso, la Policía Nacional es la autoridad competente y quien, a través de una orden judicial, ingresa a este posible contrabandista en celdas estancas que albergan algunos hospitales para verificar si porta sustancias ilegales; y en cualquier caso, si eso le puede causar un problema de salud. 

En la prisión de Valdemoro, según relatan trabajadores a este periódico, si se advierte esta posibilidad, en primer lugar se traslada al preso a las celdas y, después, se comunica al juez de vigilancia penitenciaria. Además, denuncian que la directriz nunca se da al funcionario de forma escrita, sino que es «un jefe quien da la orden verbal» y pide que se apunte en «el libro de incidencias». «Seguimos sin órdenes claras de la dirección del centro, y sin un protocolo de actuación que otorgue seguridad jurídica en la forma de proceder de los empleados públicos, a pesar de se siguen usando estas celdas», critican.

Celdas «ilegales»

Estas instalaciones, «carentes de ventilación por el sellado de la ventana, sin higiene alguna o sin alumbrado», no cumplen con varios preceptos de la Ley Orgánica General Penitenciaria, denuncian los sindicatos. Entre ellos, el artículo 19,2: «tanto las dependencias destinadas al alojamiento nocturno de los recluidos como aquellas en que se desarrolle la vida en común deberán satisfacer las necesidades de la higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones climáticas de la localidad». El 43,1, por otro lado, dice que la sanción de aislamiento «se cumplirá con informe del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta».

Sobre esto último, los funcionarios de esta prisión sostienen que estas medidas sancionadoras se llevan a cabo sin que los reclusos sean vistos por los servicios médicos. Explican que quienes hace las radiografías a los reos, en caso de portar sustancias, son los técnicos. Y que pese a que esta prueba debe estar firmada por un médico, ocurre en ocasiones contadas puesto que el facultativo entiende que el interno no tiene un problema de salud, sino que se trata de un problema de seguridad. Razón por la cual, según explican estos funcionarios, la dirección de la prisión pide al recluso someterse a radiografías voluntarias.