La Comisión de Justicia del Senado avala reformar la sedición y la malversación
Rechaza los cinco vetos presentados -por PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN- y todas las enmiendas registradas a la proposición de ley
El presidente del Senado, Ander Gil | Zipi Aragon (EFE)
La Comisión de Justicia del Senado ha dado este martes luz verde al dictamen de la ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación, una iniciativa de la que, por decisión del Constitucional, se ha eliminado la reforma con la que la coalición de gobierno buscaba renovar ese tribunal.
El auto dictado por el Constitucional a petición del PP ha obligado al Senado a tramitar la iniciativa recortada y ha dado la vuelta al debate, dominado por las críticas de la mayoría parlamentaria a lo que consideran una grave interferencia de los magistrados en el poder legislativo, según señala EFE.
Por mayoría, la Comisión de Justicia ha rechazado los cinco vetos presentados -por PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN- y todas las enmiendas registradas a la proposición de ley, que llegará al pleno el jueves.
El dictamen de la iniciativa, que convierte la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos, con una pena máxima de cinco años frente a los 15 del actual Código Penal; y rebaja a un máximo de cuatro años la cárcel para la malversación sin ánimo de lucro, ha recibido 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
El portavoz socialista, José María Oleaga, ha centrado su discurso en la resolución del Constitucional, un «atentado contra la democracia parlamentaria» sin haber escuchado ni al Congreso ni al Senado. Oleaga, que ha recordado que en el origen de todo esta crisis está el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha mostrado convencido de que «la democracia prevalecerá», porque los demócratas están más unidos que nunca para revertir esta situación.
Por su parte, el portavoz del PP, Fernando de Rosa, sobre los ataques a los jueces y al Constitucional, ha reivindicado la supremacía de ese tribunal como garante de la interpretación de la ley y ha dejado claro que los populares acudirán todas las instancias posibles para defender sus derechos, también a Bruselas: «No debemos volver a la ley de calle», ha manifestado.
De Rosa ha considerado que la reforma del Código Penal es una proposición «arbitraria» para continuar en el poder, y ha centrado sus críticas en la reforma de la malversación: «No se puede rebajar jamás la pena a los que utilizan el dinero público con una finalidad diferente a la marcada en la ley»; «no puede haber corrupción buena o mala».
Pero la mayoría de los portavoces se han centrado en la crisis institucional abierta. La senadora de ERC Laura Castel ha calificado el auto del Constitucional de «veto en toda regla» a una iniciativa parlamentaria. «El edificio está colapsando, estamos viviendo el fin de la reputación del Estado español», ha alertado.
También el PNV ha arremetido contra la decisión del TC, usado por PP «sin escrúpulos» para derribar a la oposición política. «El PP lleva cavando mucho estas trincheras», ha criticado la senadora Estefanía Beltrán de Heredia antes de mostrar su apoyo a la reforma del Código Penal.
El veto de Junts, que rechaza esa reforma porque sigue criminalizando el 1-O, ha sido defendido por el senador Josep María Cervera, quien ha recalcado que fue la «política española» la que dio «barra libre a la cúpula judicial» para frenar el procés, una cúpula judicial que ahora ha «secuestrado la democracia».
También ha sido rechazado el veto de UPN, que ha considerado que la decisión del Constitucional, aunque inédita, no era arbitraria y ha tachado la tramitación de la iniciativa legal de «auténtico atropello» «La Constitución no es palabra de Dios y el Tribunal Constitucional tampoco es infalible», ha advertido el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez.
La renovación del TC
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó en la noche de este lunes, por seis votos frente a cinco, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Tras esto, el presidente del Senado, Ander Gil, decidió emitir una declaración institucional en la que afirmó que acataría la decisión Constitucional, pero anunció que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudiarán las vías «para preservar la autonomía parlamentaria».
Congreso y Senado se personarán ante el TC
La Mesa de la Cámara Alta también ha acordado con los votos a favor de PSOE y PNV frente al rechazo del PP, personarse en el recurso de amparo por el que el Pleno del Tribunal Constitucional decidió paralizar la reforma en las Cortes del propio tribunal. Mismo camino ha seguido la Mesa del Congreso, que ha acordado personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional.
«Acusar recibo, personarse y ser parte en el recurso de amparo avocado número 8263-2002, disponiendo que la representación y defensa de la Cámara sea asignada, de conformidad con el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, a la Letrada de las Cortes Generales, doña Isabel María Abellán Matesanz, Directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado, con quien se entenderán las sucesivas diligencias y trámites», es lo que ha acordado la Mesa del Senado.
Respecto a la Cámara Baja, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha explicado que «obviamente se ha decidido que el Congreso tiene que comparecer ante el Tribunal Constitucional».
Debe presentar alegaciones, ha explicado, «defender la autonomía parlamentaria» y denunciar la vulneración de derechos de la mayoría de diputados que defendían que esta reforma saliera adelante.
No se trata de otra cosa que atender a la resolución del Constitucional, han explicado las mismas fuentes, que en ésta da un plazo de diez días para que las Cámaras remitan certificación de las actuaciones al tiempo que concede otro plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada.
