La juez admite a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça por el 'caso Negreira'
El club azulgrana está imputado por administración desleal, corrupción en los negocios en su modalidad deportiva y falsedad documental
Joan Laporta en un acto del Barça. | Gerard Franco Crespo (Zuma Press)
El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite este miércoles la querella interpuesta por la Fiscalía contra el FC Barcelona y varios exdirectivos del club por pagar más de 7 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. La juez Silvia López Mejía acepta en su auto el grueso de las diligencias reclamadas e imputa al Barça por administración desleal, corrupción en los negocios en su modalidad deportiva y falsedad documental.
En un duro auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez comparte el criterio de la Fiscalía y considera que existen indicios suficientes de que los pagos que realizó el Barça durante dos décadas trataban de garantizarle el favor arbitral. El escrito del Ministerio Público incluye a los expresidentes azulgranas Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y al exárbitro Enríquez Negreira, que da nombre al caso.
La juez ordena en su auto que la Guardia Civil realice las diligencias oportunas para determinar los trabajos que realizaba Enríquez Negreira por los pagos que abonaba el Barça a través de las empresas Dasnil 95 y Nilsad SCP. También solicita investigar el destino del dinero que cobraron ambas empresas y la identidad de las personas que ostentaban los cargos principales en el club entre 2011 y 2014.
Investigan al Barça
«Una vez concluida dicha investigación se acordará la práctica de las declaraciones de los investigados y testificales propuestas y cuantas resulten necesarias en averiguación de los hechos denunciados y su valoración jurídico-penal, uniéndose a la causa la totalidad de la documentación y actuaciones adjuntadas con la denuncia interpuesta por la Fiscalía», insiste el auto.
López Mejía asume la tesis de la Fiscalía, que mantiene que los pagos del Barça al vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018 tenían la pretensión de conseguir «actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones». La decisión supone que comience a investigarse el papel que tuvieron estos pagos para pervertir la competición.
La Fiscalía sostiene que el dinero que recibía Enríquez Negreira del Barça se dirigían «a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club». Estas retribuciones fueron abonadas en concepto de asesoramiento técnico a través de un entramado de al menos siete sociedades controladas por el exvicepresidente del CTA.
El Confidencial revela este miércoles que el hijo de Enríquez Negreira, que habría administrado la empresa que cobró del Barça mientras era coach de los árbitros, filtró al club azulgrana el nombre del colegiado elegido para pitar la final de la Copa del Rey de 2017 que le iba a enfrentar contra el Alavés tres meses antes del encuentro. «Será Clos Gómez», rezaba el mensaje que envió Javier Enríquez Romero a Albert Soler, entonces director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, el 27 de febrero de 2017.
Hace solo 24 horas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitía un decreto donde ordenaba que la Fiscalía Anticorrupción asumiera el caso Negreira, un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona. García Ortíz considera que se trata de delitos de especial trascendencia. Esta última presentó el viernes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona una denuncia contra el Barça y varios exdirectivos por presunta corrupción.
La juez también ha admitido la querella que interpuso el árbitro Xavier Estrada Fernández y acepta que LaLiga se persone como acusación particular. Además, sostiene que en el escrito presentado por Estrada Fernández se relatan unos hechos que «vienen corroborados indiciariamente por las investigaciones» y «si bien no existe plena coincidencia entre las personas a quien atribuye la condición de investigados, los hechos objetos de la querella y la denuncia son en esencia los mismos».
