Demandan a Cruz Roja por ocupar un local privado para acoger inmigrantes en Alicante
Los propietarios reclamarán tres mil euros desde 2023 por cada mes que no han podido acceder a las instalaciones
Trabajadores de Cruz Roja utilizando un local de propiedad privada en Guardiamar del Segura, con graves deficiencias.
La empresa Europa Promo´s Buildings S.L.U, propietaria de un local en un aparthotel en Guardamar del Segura (Alicante), prepara una demanda civil contra Cruz Roja, a la que acusa de ocupar «ilegalmente» estas instalaciones sin su consentimiento para acoger inmigrantes, según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes de esta empresa. Además, le reclama una cantidad de tres mil euros por cada mes que no puedan utilizar estas dependencias, que fueron adquiridas en diciembre de 2023. Los abogados de esta empresa se encuentran redactando el escrito para presentarlo ante la Justicia.
Como ha venido desvelando este periódico, la Cruz Roja está en el centro de un enfrentamiento con algunos de los propietarios de apartamentos y también con una empresa propietaria de un local de 676 metros cuadrados, ocupando la mitad. Las fuentes de esa empresa señalan que Cruz Roja utiliza este local para dar cursos a los inmigrantes y guardar comida en unos frigoríficos, tras alquilarlo a la empresa Europa House Sun Beach por medio de Presstour, encargada de la gestión del alquiler de algunos apartamentos. Una empresa a la que también van a demandar por estafa «al haber alquilado un inmueble que no es suyo a un tercero».
La empresa propietaria del local asegura que acreditaron a Europa House Sun Beach la propiedad de estas instalaciones para que las desalojaran y la respuesta fue que «sabía que el local no era suyo y que no se iría hasta que lo dijera un juez. Cuando Cruz Roja entró al local, desconocían que no era de la empresa, y lo hizo lícitamente. Pero una vez que Cruz Roja conoce que está en una situación irregular, no lo corrige y no se va de ahí, por lo que se está convirtiendo en okupa. Si usted permanece en algo que le han alquilado, pero que no es del que se lo alquila, está cometiendo un delito de usurpación».
El local se encuentra con múltiples deficiencias: «Los techos se encuentran con humedades y con goteras. Se puede caer parte del techo encima de una persona y como tienen cables, si les cae agua puede prenderse fuego. Por eso hemos hecho un seguro, pese a no estar dentro, por si pasa cualquier cosa».
Cruz Roja aloja a decenas de inmigrantes en este edificio, que no tiene licencia turística desde septiembre de 2024. Según obra en la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la empresa Europa House, que acordó con la entidad el uso y cesión de un número determinado de apartamentos de uno de los edificios, el Sun Beach, fue dada de baja en el Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana a finales del pasado verano después de que la comunidad de propietarios del complejo denunciase ante este organismo distintas irregularidades cometidas por la firma en la obtención del citado permiso, así como de la licencia de explotación. Según los afectados, que quieren recuperar sus viviendas, la organización humanitaria estaría utilizando las mismas de forma ilegal. Los propietarios se han querellado contra la empresa.
La oenegé no desconoce esta situación. La comunidad de propietarios del Edificio Sun Beach ha remitido dos burofaxes a Cruz Roja advirtiendo del uso supuestamente irregular de las viviendas. El primero de ellos en mayo, y el segundo, en octubre de 2024, una vez la empresa perdió la licencia de actividad. Sin embargo, esta organización ha seguido utilizando los apartamentos así como las zonas comunes, pese a que son únicamente de uso privado, denuncian. Este periódico se ha puesto en contacto con Cruz Roja, pero ha declinado hacer valoraciones al respecto. Cabe destacar que esta entidad se beneficia de una serie de subvenciones públicas del Ministerio de Migraciones, en el marco del sistema de acogida de protección internacional y temporal que este departamento tiene puesto en marcha desde hace varios años.
Una cesión «fraudulenta»
El conflicto entre la empresa explotadora del complejo, Europa House, y los propietarios del mismo se remonta al año 2023. Según denuncian estos últimos, esta firma «no está legitimada bajo ningún concepto para ceder el uso y disfrute de los apartamentos porque la cesión de la licencia de actividad por la cual se arroga la condición de explotador único fue totalmente fraudulenta e ilegal». En este sentido, advierten de que esa cesión a favor de la empresa fue revocada por la comunidad y, además, que la firma «no cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente para poder ostentar la condición de explotador único del complejo».
A partir de diversos documentos, los propietarios denuncian que Europa House se apropió fraudulentamente de la licencia de actividad», tras lo cual se erigió como explotador único del complejo, lo que le permitió después ceder el uso de los apartamentos privados a Cruz Roja para alojar en los mismos a inmigrantes y refugiados. En un escrito, explican que el 13 de julio de 2017, el titular de la empresa, José María M. B. y el entonces presidente de la comunidad, José Albero C. M., presentaron en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura una declaración responsable por la que solicitaban el cambio de titularidad de la licencia de actividad en favor del primero.
Los vecinos, sin embargo, critican que esa cesión jamás fue autorizada por la comunidad en las juntas de propietarios celebradas, ni tampoco informada y ratificada en juntas de propietarios celebradas en años posteriores. Por lo que ese acuerdo «se llevó a cabo sin legitimidad alguna» y el expresidente de la comunidad «actuó unilateralmente, de forma desleal y en un claro supuesto de extralimitación de sus funciones como presidente». Además, exponen, la declaración responsable que se presentó en el consistorio, «contiene datos falsos, lo que invalida también el documento y el cambio de titularidad».
Seis años después, en 2023, cuando los vecinos conocieron la existencia de la declaración, la comunidad procedió a presentar una solicitud ante el Ayuntamiento de Guardamar para revocar el documento y recuperar la titularidad de la licencia. Todo ello después de que en una junta general de la comunidad, los propietarios acordasen la extinción de la cesión de la licencia formalizada por el anterior presidente, designasen a uno nuevo y le dieran potestad para ejercer las acciones judiciales de reclamación de las responsabilidades derivadas de las actuaciones de la anterior junta de gobierno y de Europa House. A principios de 2024, además, también solicitaron a la Agencia de Turismo la baja de la empresa en el registro por haberse apropiado fraudulentamente de la licencia de actividad. Un extremo que el organismo ha estimado, dando de baja a la firma desde el 25 de septiembre del año pasado.
Entre tanto, la comunidad de propietarios también revela que Europa House no cumplía con los requisitos legales para explotar el complejo de aparthoteles porque no contaba con la cesión de más del 50% de los apartamentos que conforman el complejo, tal como exige el artículo 45.2 del Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunidad Valenciana. Prueba de ello, adjuntan en un escrito remitido a Cruz Roja, es el acta de la junta de propietarios celebrada el 29 de junio de 2023, que contó una asistencia de propietarios que representaba al 55,86% de la comunidad, y acordó retirar la cesión a la citada firma.
Por todo ello, la comunidad de vecinos requiere a Cruz Roja que ponga fin de manera inmediata al uso y disfrute de los apartamentos, que, por otro lado, la organización humanitaria «habría ocupado también de manera ilegal» instalando sus oficinas en zonas comunes del complejo sin la autorización de la junta de gobierno «y con la única finalidad de desarrollar su propia actividad económica, la cual realiza en beneficio propio y en evidente perjuicio del resto de propietarios y personas alojadas en el Complejo», advierten. De no cesar la actividad que, advierten, contrapone el propio reglamento de la oenegé, los propietarios llevarán el caso a los juzgados.
Respuesta del Gobierno
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE defienden que en su sistema de acogida, las entidades concertadas, como es en este caso Cruz Roja, utilizan en algunos casos infraestructuras que han tenido un uso hotelero y cuando eso sucede «el dispositivo deja de prestar el servicio hotelero propiamente dicho para convertirse en un centro de acogida». Lo que significa que, «por ejemplo, en una habitación individual se colocan camas/literas, no hay servicio de habitaciones… y el personal que los atiende es de la entidad colaboradora. Por lo que el recurso de acogida en ningún momento tiene propósito comercial o actividad económica que requiera licencia o autorización».
