Una juez cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de periodistas
El jefe de Gabinete de Ayuso tendrá que declarar el 6 de mayo después de que la Audiencia Provincial ordenase reabrir la causa
Miguel Ángel Rodríguez abandona el Supremo en enero del año pasado. | Jesús Hellín (EP)
Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como imputado el próximo 6 de mayo. La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, le ha citado por revelación de secretos y ordenado identificar a los policías que tomaron los datos de los dos periodistas de El País cuya identidad y fotografía difundió después el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de un chat de WhatsApp.
La juez toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la causa tras la denuncia interpuesta por el PSOE y los dos periodistas afectados. La providencia, que ha adelantado eldiario.es y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, emplaza a personarse en el juzgado a Rodríguez «en su condición de denunciado y querellado», asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a las 9 horas. Tras su comparecencia, la magistrada oirá a varios testigos y también a los dos profesionales perjudicados.
Robles también se dirige en su escrito a la Policía Nacional para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de Ayuso. Uno de ellos fue quien identificó a los periodistas, según la denuncia. El escrito especifica que Rodríguez envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos profesionales de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado «acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras».
El mensaje de Rodríguez
Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.
Con las citaciones acordadas, la juez inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían «escasa o nula relevancia» en la afectación de la intimidad de los periodistas.
Un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la jueza y que hace unos días revocó ese archivo de la magistrada y le ordenó investigar los hechos.
«Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos», subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas.
El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos «existió infracción penal», y le instó a practicar las diligencias pertinentes «a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado».