Una juez cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de periodistas

Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como imputado el próximo 6 de mayo. La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, le ha citado por revelación de secretos y ordenado identificar a los policías que tomaron los datos de los dos periodistas de El País cuya identidad y fotografía difundió después el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de un chat de WhatsApp.

La juez toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la causa tras la denuncia interpuesta por el PSOE y los dos periodistas afectados. La providencia, que ha adelantado eldiario.es y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, emplaza a personarse en el juzgado a Rodríguez «en su condición de denunciado y querellado», asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a las 9 horas. Tras su comparecencia, la magistrada oirá a varios testigos y también a los dos profesionales perjudicados. 

Robles también se dirige en su escrito a la Policía Nacional para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de Ayuso. Uno de ellos fue quien identificó a los periodistas, según la denuncia. El escrito especifica que Rodríguez envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos profesionales de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado a los vecinos de la presidenta madrileña.

El mensaje de Rodríguez

«Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras», aseguró Rodríguez. El PSOE defiende en su denuncia que el jefe de Gabinete de Ayuso habría obtenido la información de los reporteros gracias a un agente de la Policía Nacional que forma parte de la escolta de la presidenta madrileña, que reclamó a ambos periodistas aquella tarde «sus credenciales de prensa y DNI» tras detectar su presencia en las inmediaciones del edificio donde reside.

El jefe de Gabinete de Ayuso insistió en el chat que «periodistas encapuchados» de eldiario.es habrían intentado acceder a la vivienda. Un extremo que desmintió el propio medio. Los socialistas reclamaron en su denuncia que se interviniera el teléfono móvil de Rodríguez «para evitar la posible destrucción de pruebas» y se realizara un informe pericial sobre los referidos mensajes de Whatsapp y otros correos o contenido que pudiese existir de aquellos días (19 y 20 mayo del pasado año).

El agente que pidió a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja iba de paisano. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

«Es ridículo que yo pregunte a un policía cómo se llaman dos periodistas que no solo conozco, es que están firmando todos los días en el periódico con su nombre, con lo cual, ¿dónde está la revelación de secretos?, ¿que leo el periódico El País? Pues vaya secreto», explicó Rodríguez al ser preguntado por la prensa el 8 de enero del año pasado. Ese día declaró como testigo en la causa en la que el Tribunal Supremo condenó a dos años de inhabilitación Álvaro García Ortiz por revelar datos confidenciales del novio de Ayuso.

Recurso del PSOE

Con las citaciones acordadas, la juez inicia una causa que rechazó abrir hace un año al considerar que los hechos denunciados tenían «escasa o nula relevancia» en la afectación de la intimidad de los periodistas. Un criterio del que discrepó la Audiencia de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la juez y que hace unos días revocó ese archivo y le ordenó investigar los hechos.

«Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos», subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas. El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos «existió infracción penal». Ademas, le instó a practicar las diligencias pertinentes «a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado».