El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha afirmado que no se puede descartar una intervención militar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.
Luis Alberto Machado tenía una letra difícil. No era ilegible pero sí exigente. Así también era la Venezuela en la que murió el 14 de junio del año pasado.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado «inadmisible» la impugnación presentada por el opositor Henri Falcón contra la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios del pasado 20 de mayo. Falcón, principal rival del presidente, exige que se repita el proceso. Su principal argumento es que, durante la campaña, Maduro afirmó que premiaría con dinero a los beneficiarios del Carnet de la Patria —tarjeta electrónica que permite acceder a los programas sociales estatales— que acudieran a votar.
Canadá ha anunciado este martes que aportará más de cuatro millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja Internacional para ayuda humanitaria ante el «agravamiento de la crisis económica, política y humanitaria» en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado este viernes a Venezuela a respetar todas las posiciones y derechos de las personas en el país latinoamericano en el marco del proceso electoral que vive esa nación de cara a las elecciones del 20 de mayo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha prometido entregar un «premio» a quienes participen en las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo, en las que se presenta a la reelección.
Nicolás Maduro ha iniciado la campaña para las presidenciales del 20 de mayo en las que aspira a la reelección con un “tuitazo mundial” y la continuación de un proceso de carnetización que impulsa su maquinaria para garantizar votos a favor en el proceso electoral.
Maduro ha asegurado que Jorge Rodríguez, jefe de su delegación en el diálogo que ha iniciado el 1 de diciembre, se reunirá este viernes con los «precandidatos (presidenciales) y líderes de los partidos de la MUD (opositora Mesa de la Unidad Democrática)».
Ramos Allup, un veterano político que ha presidido el Parlamento de mayoría opositora en 2016, es el secretario general de AD, una de las formaciones que han dominado la política venezolana hasta la llegada del chavismo al poder en 1999.
Edgar Gutiérrez, director de la encuestadora Venebarómetro, una de la que daba como clara ganadora a la oposición en los comicios de gobernadores del domingo, ha declarado que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponden a la realidad.
La oposición venezolana ha denunciado este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro y el poder electoral violan las leyes para restarle votos a sus candidatos en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado durante la noche del miércoles que la instalación de la Asamblea Constituyente, prevista inicialmente para el jueves, tendrá lugar el próximo viernes.
Este jueves se celebra la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por la oposición venezolana, que ha dejado hasta ahora tres fallecidos y 159 detenidos.
Una marcha hacia la sede del Tribunal Supremo en Caracas, convocada por la oposición para expresar su respaldo a los 33 magistrados designados el viernes por el Parlamento, ha sido bloqueada este sábado por los cuerpos de seguridad, lo que ha generado enfrentamientos de los manifestantes con los policías y los militares. Las protestas contra Maduro, que comenzaron el 1 de abril, ya han dejado al menos 103 muertos.
La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha presentado este miércoles un acuerdo para un gobierno de unidad nacional con el que pretende avanzar hacia una «transición» que aspira a deponer del poder al presidente Nicolás Maduro y sus ministros. La MUD ha adelantado que el próximo presidente será elegido a través de primarias, y quien sea electo deberá renunciar a su derecho a la reelección inmediata. La oposición da este nuevo paso para cumplir el «mandato» de los más de 7 millones de ciudadanos que rechazaron la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro y pidieron la renovación de los poderes públicos en la consulta celebrada sin reconocimiento del Gobierno el domingo pasado, informa Efe. Este pronunciamiento se produce, además, mientras en el país se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales que ya tienen más de cien días y que han dejado 96 fallecidos.
Miles de venezolanos se manifestaron en Caracas para exigir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos, tras la excarcelación la víspera de Leopoldo López, y coincidiendo con los 100 días de protestas en Venezuela que han dejado 90 muertos.
A 206 años de la firma del acta de la independencia en Venezuela, sellada después de una sangrienta guerra civil, la violencia reina en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, donde unas 350 personas entre diputados, invitados, cuerpo diplomático y periodistas, permanecen secuestrados por grupos armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro.
La oposición venezolana anunció este lunes un “proceso nacional de decisión soberana” para el 16 de julio en el que se consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con las decisiones del presidente Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que convocó a principios de mayo.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado este lunes, luego del “Gran Plantón”, una protesta convocada en contra del presidente Nicolás Maduro, que varios agentes de las fuerzas de seguridad del Estado han cometido abusos contra manifestantes durante la contención de la manifestación antigubernamental desarrollada en Caracas.
Las protestas en las calles de Venezuela de este miércoles dejaron saldo de más de 60 heridos, uno de los cuales, un joven universitario, falleció horas después por un disparo de bala en el estado de Zulia, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay se han adherido a la petición del papa Francisco de evitar que haya más violencia en Venezuela y buscar «soluciones negociadas», así como el respeto de los derechos humanos en un país que se encuentra en una «grave crisis humanitaria».
Desde primeras horas del lunes, pequeños grupos de ciudadanos han comenzado a participar en el plantón convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en diferentes ciudades de Venezuela consistente en sentarse de forma pacífica y bloquear las vías urbanas para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro del poder
Es imposible enmarcar la crisis de Venezuela en un sólo año, pero sí es cierto que la trayectoria de los acontecimientos se ha ido degenerando en los últimos 12 meses. Económicamente hablando, la enorme riqueza del país en materias primas como petróleo, minerales o madera no ha servido de mucho. La inversión extranjera (incluida la española) ha disminuido de forma progresiva desde que Maduro se hiciera con el poder, y la caída de los precios del crudo ha provocado situaciones nada favorables como la cancelación de vuelos al país.
La realidad a pie de calle se traduce en una insoportable escasez de comida y medicamentos, que desatan violentas escenas detrás de cada esquina. En España se han organizado múltiples campañas de recogida de alimentos y medicinas para enviar a Venezuela, pero la colecta rara vez llega a su destino. De hecho, Maduro decretó el estado de excepción y de emergencia económica en mayo, una medida que en principio iba a durar dos meses pero que finalmente se alargó varias veces más. La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, ha intentado frenar las decisiones de Maduro en numerosas ocasiones, pero el líder chavista ha apuntalado sus poderes gracias al Tribunal Supremo. La posibilidad de un referéndum revocatorio del mandatario, respaldada por el propio Parlamento, ha quedado paralizada por la justicia.
El número de presos políticos se ha incrementado sin descanso, a pesar de los últimos esfuerzos del Gobierno por rebajar la tensión con los partidos opositores liberando a varios de ellos. De Leopoldo López, quizá el más célebre de los presos antichavistas, incluso se llegó a temer por su vida. La Asamblea Nacional ha acusado a Maduro, a la vista de sus tácticas políticas, de intentar un golpe de Estado, lo que ha terminado de desencadenar las hostilidades parlamentarias. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal alianza opositora, ha impuesto una serie de condiciones al Gobierno para seguir adelante con el diálogo y no convertir el país en una olla a presión. Si es que no lo es todavía.
El diputado Gilberto Sojo, preso desde noviembre de 2014, es militante del partido fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, Voluntad Popular (VP). Vladimir Araque fue detenido en mayo de 2014 tras el allanamiento de una empresa ubicada al este de Caracas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Romer Mena, general de brigada retirado del ejército, llevaba encarcelado desde agosto de 2015 por supuesta conspiración contra el Gobierno. Y Leopoldo D’Alta, ex director de la alcaldía Metropolitana, fue detenido en junio de 2015 por la misma causa que Mena. Los cuatro son, junto a Rosmit Mantilla (en la fotografía, liberado el pasado 17 de noviembre), los presos que han salido de la cárcel durante la negociación que mantienen el Gobierno de Maduro y los partidos opositores. Sin embargo, la MUD ha presentado entre sus requisitos para el diálogo una lista de al menos una docena de presos políticos que deberían ser liberados, por lo que aún parece quedar bastante camino para llegar a un acuerdo. De hecho, este mismo martes el Parlamento venezolano ha aprobado una resolución para responsabilizar a Maduro de la crisis que vive el país.
Las nuevas denominaciones son billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares venezolanos, que se unen a los ya existentes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100. También empezarán a circular monedas de Bs. 10, Bs. 50 y Bs. 100. Estas novedades llegan en medio de una profunda crisis institucional del Gobierno de Nicolás Maduro, acorralado por los partidos opositores y cerca del colapso económico. La escasez y la inflación hacen mella en los ciudadanos, que se ven obligados a tomar medidas desesperadas para cubrir sus necesidades básicas. Según la tasa oficial de DolarToday, en la actualidad un dólar estadounidense equivale a 664 bolívares venezolanos, aunque es probable que mañana la distancia entre ambas divisas sea aún mayor.
Según informa el periódico El Estímulo, Torrealba ha confirmado esta decisión en los jardines de la Asamblea Nacional, tras una reunión de la coalición de partidos en la que se tomaron «decisiones importantes» en relación al diálogo con el PSUV de Maduro. También añadió que «la solución a la crisis del país es un nuevo gobierno elegido democráticamente». Por otro lado, el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, ha manifestado en rueda de prensa que el partido Primero Justicia no acudirá a la próxima reunión entre el Gobierno y la oposición, fijada para el 6 de diciembre.
Al inicio de la sesión parlamentaria celebrada este martes, el diputado Julio Borges, jefe de la mayoritaria fracción opositora, pidió retirar los dos puntos previstos “dado el hecho de que en las últimas horas el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática del país”. El pleno votó y aprobó la decisión como respuesta al diálogo entre Gobierno y oposición promovidas por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Vaticano.
Al término de la sesión legislativa la oposición anunció también que, a petición del Vaticano, la MUD había cancelado la marcha prevista para este jueves hasta el Palacio presidencial de Miraflores en protesta por el aplazamiento de la celebración del revocatorio contra Maduro.
El domingo, ambas partes iniciaron formalmente los acercamientos ante facilitadores extranjeros -entre ellos el ex presidente Zapatero-, con miras a avanzar en un proceso de diálogo para superar la aguda crisis política y económica que atraviesa el país. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) condicionó el progreso de las conversaciones a la liberación de más de un centenar de “presos políticos» y a la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas. El Gobierno niega la existencia de «presos políticos» y asegura que son «políticos presos».
Carlos Melo, dirigente opositor, fue detenido a finales de agosto por funcionarios del servicio de inteligencia, Sebin, acusado de transportar artefactos explosivos. Y Andrés Moreno y Marco Trejo llevaban cerca de un mes tras las rejas acusados de “lesionar la moral de las Fuerzas Armadas”.
Maduro y tres de sus delegados se sentaron frente al secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, y otros cuatro representantes de la oposición, en un encuentro celebrado en un museo en las afueras de Caracas. A la reunión asistieron como observadores el emisario del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general de Unasur, el ex presidente colombiano Ernesto Samper. El anuncio de este encuentro ha dividido a la MUD ya que uno de sus principales partidos, Voluntad Popular, decidió no asistir por considerar que «no se dan las condiciones».
La Iglesia católica hizo un llamamiento a ambas partes para «respetar el compromiso» de iniciar conversaciones y evitar una «espiral de violencia». Antes del encuentro, partidarios del gobierno criticaron a los grupos opositores por mantener la convocatoria de celebrar una marcha el próximo jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores para exigir que se cumpla la Constitución y se permita la celebración de un referéndum revocatorio contra Maduro.
Dicha decisión, adoptada el pasado 21 de septiembre, exige que los partidos de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro que promueven la consulta, deben recabar el 20% del padrón electoral para seguir adelante con el proceso que, en ningún caso, se celebrará antes de que acabe 2016, como pide la MUD (Mesa de la Unidad Democrática). Esto “tiene el efecto de postergar la realización del referendo revocatorios hasta el 2017, afectando así al sentido de la consulta”.
Los ministro de Exteriores firmantes han reiterado su disposición a “contribuir a la realización de un diálogo entre el Gobierno de Venezuela y los distintos actores políticos y sociales venezolanos”. En su opinión, el diálogo permitirá “a través del entendimiento mutuo, promover la estabilidad política, la recuperación económica y el pleno respeto a los derechos humanos”.
La decisión de la Mesa de la Unidad Democrática se ha tomado después de un proceso de debate, una «profunda reflexión y consulta a muy diversos sectores de la sociedad venezolana» y el objetivo que la consulta se celebre en 2016. «El referendo revocatorio se hará este año. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así», concluye la MUD que asegura que así lo recoge la Constitución y «porque es nuestro derecho y necesidad como pueblo». La oposición no va a permitir el bloqueo porque, advierte, en ese caso el pueblo venezolano saldrá a la calle de forma pacífica «para lograr la restitución del hilo constitucional».
Tras la «Toma de Caracas», ahora el llamamiento a la movilización se plantea para el día del 12 de octubre y se espera que sea también multitudinaria.
Un calendario que el MUD deberá decidir si acepta o no. En la nota, el Consejo Electoral fija para los días 26, 27 y 28 de octubre la «recolección del 20% del registro electoral» y no será hasta finales de noviembre cuando el propio Consejo decida si procede o no seguir adelante con el proceso. Éste se inició oficialmente con la entrega por parte del partido opositor MUD al Consejo Electoral, de 1.957.779 registros a favor del revocatorio, de los cuales 1.352.052 cumplieron con los criterios establecidos y 605.727 no cumplieron con los mismos.
Ahora, para que la oposición reúna el 20% exigido por el órgano electoral, de los 19.465.638 de ciudadanos con derecho a voto, al menos 3.893.128 electores deben votar a favor de la propuesta, según el Consejo. Si el resultado superar ese 20%, la convocatoria del plebiscito tendría lugar a principios de diciembre, fecha a partir de la cual se iniciarán los 90 días reglamentarios para realizar el referendo, de manera que la votación sería en el primer trimestre de 2017 y no durante 2016 como es el deseo de la oposición, que acusa al Consejo Electoral de retrasar el proceso para evitar la celebración de nuevas elecciones.
El artículo 233 de la Constitución establece que si se celebra un revocatorio en 2017 y en consecuencia se produce una «falta absoluta del Presidente», sería el Vicepresidente quien asumiría el cargo hasta terminar el período. Si el revocatorio fuera antes del 10 de enero, habría que convocar nuevas elecciones dentro de los siguientes 30 días.
Tintorí relata que desde su llegada al recinto penitenciario, su familia ha sido objeto de gritos por parte del coronel al mando, quien a su vez le ha amenazado con impedirle la visita a su esposo por seis meses. La madre de López, Antonieta Mendoza, también estaba presente y ha contado su experiencia. «Nos han hecho ingresar a un cuarto frío junto a mis dos nietos. Nos han desvestido y ordenado abrir las piernas delante de ellos, espero que los niños borren esa imagen de su mente».