Últimas noticias sobre el Tribunal Constitucional (TC). Se trata de órgano constitucional de España independiente de los demás órganos constitucionales. Es el intérprete supremo de la Constitución española de 1978 y no pertenece al Poder Judicial (CGPJ).
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes que, de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo de Estado emitido el día anterior, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reciente y polémica reforma del Reglamento del Parlamento Catalán, aprobada el miércoles.
La polémica reforma del Reglamento aprobada el miércoles por el Parlamento catalán tras un tenso debate que permite la aprobación de las leyes mediante lectura única, no sólo tiene en frente a los partidos de la oposición que votaron en contra de la propuesta de Junts pel Sí y la CUP; el Consejo de Estado, reunido de urgencia este jueves, ha emitido un dictamen en el que motiva que se recurra al Tribunal Constitucional la citada reforma que da luz verde a la aprobación de leyes para una desconexión express de Cataluña porque facilita el referéndum independentista.
No ha habido purga, ha asegurado este viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la rueda de prensa celebrada en Barcelona para informar de la remodelación del gabinete en el que salen la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno, Neus Munté, el responsable de Interior, Jordi Jané, y la de Educación, Meritxell Ruiz, además el secretario del Govern, Joan Vidal.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista que el Gobierno de Cataluña quiere convocar el 1 de octubre. La decisión de este miércoles, que se ha acordado por unanimidad, responde a un recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que el tribunal ha aceptado parcialmente.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha destituido este lunes al consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget. Será sustituido por Santi Vila, según ha anunciado en un comunicado, y su nombramiento será efectivo a partir del martes.
El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, la amnistía fiscal que concedió el Gobierno y que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en 2012
Imagina que caminas tranquilamente por las calles de tu localidad y la policía te para para identificarte, sin razón aparente. Imagina que, al preguntar por qué te paran, la autoridad contesta sin miramientos que lo hace porque “eres negro”. Esto es el pan nuestro de cada día de ciudadanos y residentes en España, con independencia de su origen, su etnia, su condición social o administrativa. Esto se denomina ‘perfil étnico’ y es una práctica, además de racista e injustamente incriminatoria, ilegal. España sigue practicándola a día de hoy.
No sé si se trata de una etiqueta con la que colmar de visitas a los titulares de los periódicos o si bien es una realidad posible, total; desconozco si nos vence el interés de buscar una connotación ideológica a lo que no tiene más vuelta de hoja o si de verdad hay en el candidato una inclinación partidista manifiesta que pueda, en cierto modo, perturbar su oficio de autoridad pública.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha elegido este viernes con 8 votos a favor y 4 abstenciones a Juan José González Rivas nuevo presidente de la institución, en sustitución de Francisco Pérez de los Cobos, según ha hacho público el propio TC en una breve nota.
El ex presidente de Cataluña, Artur Mas, ha sido condenado a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar el referéndum del 9N, según la sentencia dictada este lunes por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Este abogado de formación nacido en Baviera presidió el Tribunal Constitucional alemán antes de convertirse en el primer jefe de Estado elegido por los representantes de la Alemania reunificada, entre 1994 y 1999. En este cargo, que no tiene ningún poder ejecutivo, permite una gran libertad de palabra y Herzog así lo entendió cuando pronunció un discurso violento en 1997 en el que llamó a Alemania a «reaccionar». «Debemos decir adiós a nuestros amados derechos adquiridos. Están todos afectados, todos deben hacer sacrificios, todos deben contribuir», dijo pocos años antes de las grandes reformas del Estado que llegaron con el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder.
Fernando Valdés Dal-Ré, magistrado del Alto Tribunal, ha explicado en declaraciones para Cadena SER que la decisión se ha aprobado «por unanimidad» y que la cuestión planteada por el Ayuntamiento de Tordesillas «estaba notoriamente infundada». Aunque cualquier municipio puede recurrir al Tribunal Constitucional para solucionar conflictos en los que considere que ha salido perjudicado, el magistrado señala que Tordesillas ha presentado un recurso cuyos temas «no se corresponden con la vía elegida». En concreto, la localidad defiende que el decreto de la Junta de Castilla y León invadía las competencias municipales. El torneo de Tordesillas de este año ha sido el primero en cinco siglos en el que el Toro de la Vega no ha sido lanceado hasta la muerte.
La decisión del Constitucional se dirige a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa, así como al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quienes les recuerda su deber de «paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Además, les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. El comunicado precisa que el Parlamento de Cataluña, dominado por una coalición partidaria de la secesión, dispondrá de veinte días para formular «las alegaciones que estimen oportunas». La próxima semana el mandatario catalán tiene previsto celebrar una reunión con partidos políticos, sindicatos y asociaciones para iniciar los preparativos de este voto, ahora suspendido.
En 2014, el alto tribunal ya decretó en otra sentencia referida a Cataluña que bajo la actual Constitución una región «no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación» dado que la Carta Magna se fundamenta en «la indisoluble unidad de la Nación española».
Por ocho votos a favor y uno en contra, el Tribunal Constitucional ha aprobado que se agilice la tramitación de las leyes que pondrán en marcha el proceso de paz una vez que el Parlamento colombiano ratificó el 30 de noviembre el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC. Así lo comunicó la presidenta del TC, María Victoria Calle, en rueda de prensa, en la que explicó que dicho mecanismo de la vía rápida, en ningún caso «sustituye la constitución actual» ya que tiene como objetivo último lograr la paz, «lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra Constitución». Las normas que se establezcan a través de este mecanismo deben ser aprobadas por mayoría absoluta para su refrendación en cada debate en el Congreso.
El primer texto legislativo que se aprobará a través de este mecanismo será el Proyecto de Ley de Amnistía. «Esta primera ley es fundamental porque es la que da las garantías y certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarme y su desmovilización», explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, encargado de presentar el citado texto.
Mientras el Tribunal Constitucional daba vía libre a este mecanismo necesario para el acuerdo de paz, el Estado Mayor de las FARC anunció en un comunicado que había expulsado de sus filas a cinco jefes por «entrar en contradicción» con la línea político-militar de la organización.
La decisión del Constitucional responde a un recurso presentado en su día por el Partido Popular, que considera que los toros son una fiesta cultural de España. Así que las reacciones de satisfacción no se hicieron esperar y nada más conocerse la decisión del TC, el portavoz del PP en el Parlament, Xavier Albiol, dijo en su cuenta de Twitter que «podrán gustar más o menos, pero la prohibición en Cataluña era para eliminar los símbolos de España”. También la portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid y ex presidenta del gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, gran aficionada a los toros, ha compartido en las redes sociales su alegría. “Los toros vuelven a Cataluña. Millones de aficionados españoles y extranjeros celebramos la sentencia del TC”, ha escrito en Twitter.
Quienes no estaba nada contentos han sido los miembros del gobierno catalán. «Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, no va a volver a haber corridas de toros en Cataluña”, ha asegurado el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull. En nombre de ERC, el diputado Gabriel Rufián ha lamentado la decisión «política» y ha recordado que nadie en Canarias ha anulado la prohibición de celebrar corridas de toros en la islas. Y es que en la comunidad canaria hace 25 años que el Parlamento prohibió estos espectáculos. «Al final, no es solamente una decisión salvaje sino que, una vez más, va en contra de la soberanía del pueblo catalán».
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional «comunicó directamente la existencia» de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, «acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica» presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, «auxiliado» por Ortega y Rigau, «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún «cargo público electivo» ni «ejercer funciones de gobierno» en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.
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