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España suma 5 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos este 2017

A lo largo de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha considerado que el Estado español ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en cinco ocasiones. Así lo recoge la ONG Rights International Spain (RIS) en su informe anual, que apunta que «los derechos que se han considerado vulnerados son el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un juicio justo, el derecho a un recurso efectivo frente a vulneraciones de derechos humanos y la prohibición de realizar expulsiones sumarias».

España suma 5 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos este 2017

A lo largo de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha considerado que el Estado español ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en cinco ocasiones. Así lo recoge la ONG Rights International Spain (RIS) en su informe anual, que apunta que «los derechos que se han considerado vulnerados son el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un juicio justo, el derecho a un recurso efectivo frente a vulneraciones de derechos humanos y la prohibición de realizar expulsiones sumarias«.

Entre las cinco condenas del TEDH que ha recibido España, destaca la sentencia del 3 de octubre de 2017. Los demandantes, dos personas migrantes que entraron en España en agosto de 2014, fueron devueltas, según recoge la propia sentencia, a Marruecos de forma ilegal y en contra de su voluntad. En este caso «no hubo un procedimiento de identificación ni proceso administrativo o judicial en el que pudiesen hacer valer sus pretensiones. Del mismo modo, estas personas migrantes no tuvieron oportunidad de presentar recurso frente a la decisión de la expulsión», recuerdan desde RIS.

El Tribunal destaca en su sentencia que dada la falta de acceso a la asistencia de un abogado, intérpretes, personal sanitario y, en general, la oportunidad de explicar su caso constituye una expulsión colectiva sin evaluación o seguimiento de su caso individual, España violó deliberadamente el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

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Las devoluciones en caliente son ilegales. | Foto: Juan Medina / Reuters

 

Otro caso relativo a la inmigración que aparece en el informe de RIS el de un nacional colombiano residente en España que había obtenido un permiso de larga duración en 2013. Más tarde, en 2014, fue condenado penalmente e ingresó en prisión. Asimismo, el Estado inició un procedimiento administrativo que culminó con una revocación de su permiso de larga duración, una orden de expulsión y una prohibición de entrada en España durante 5 años. Este caso provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyera que «la normativa española, tal y como es interpretada por los órganos jurisdiccionales, es contraria al Derecho de la Unión Europea, dado que no permite excepciones a la revocación de la autorización de larga duración de personas migrantes que han sido condenadas penalmente», afirman desde RIS.

 

Datos alarmantes sobre independencia judicial

RIS recoge asimismo el informe anual de la Red Europea de los Consejos Judiciales, en el que mostraba los resultados de la encuesta sobre independencia judicial a jueces de la Unión Europea. En el informe aparecen varios datos alarmantes sobre la situación en España: un 10% de los jueces españoles (uno de los porcentajes más altos de la UE) afirmó que el Gobierno ejercía presiones indebidas sobre los jueces. Por otro lado, hasta el 70% (porcentaje más alto de la UE) manifestó que los ascensos en España no se deben a méritos personales y el 62% afirmó que no existen mecanismos suficientes para defender la independencia judicial en España.

La crisis catalana también se ve reflejada en el informe anual de RIS. La ONG recuerda cómo el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa remitió una carta al Ministro del Interior español haciéndole un llamamiento para investigar las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza policial en Cataluña. En este sentido, aprovechó para reiterar su recomendación de crear un mecanismo independiente de supervisión de la policía en España.

Puedes leer sobre estos casos y otros más en profundidad en el informe anual de Rights International Spain haciendo clic aquí.

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