Cerco a los autónomos de Glovo: los sindicatos estiman que tiene 15.000 'riders' sin regularizar

La autoridad laboral y los sindicatos mantienen a Glovo en el punto de mira por mantener su modelo de trabajadores autónomos, pese a la entrada en vigor de la Ley rider en agosto del año pasado que exige la contratación de los repartidores por cuenta ajena. Ya sea mediante la denuncia de los trabajadores y los sindicatos o la actuación de oficio de la Inspección de Trabajo, el cerco se estrecha para el unicornio español, que solo con los procesos abiertos -antes de la aplicación de la nueva ley- se expone a pagar al menos 35 millones de euros en multas y regularizaciones.

Según las cifras aportadas a THE OBJECTIVE por el sindicado UGT, hay al menos 15.000 cuentas que siguen trabajando con el modelo de autónomos, tres de cada cuatro de los actuales 20.000 repartidores. Y todos con Glovo. Aunque incluso pueden haber más personas en esta situación ya que, según denuncian, se sigue manteniendo el sistema de cuentas alquiladas, otra de las prácticas que la Ley rider perseguía erradicar. Alquilar una cuenta, permite que varios autónomos usen un mismo registro para realizar los repartos, lo que les permite una mayor recaudación y acaparar más pedidos.

Por su parte, Glovo ha defendido que se ajustan a la legislación con el nuevo modelo puesto en marcha a partir de la nueva ley. La plataforma anunció la contratación «directa» de unos 2.000 repartidores «con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente». Se refieren a los supermercados y cocinas propias que sirven directamente los pedidos.

Nuevo modelo de Glovo

Mientras que el resto de los repartidores se han vinculado al gigante digital mediante un modelo de autónomos con derechos reforzados, que -entre otras cosas- permite simultanear otras aplicaciones y actividades con «flexibilidad, autonomía e independencia». Glovo ha defendido que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin embargo, según denuncian los sindicatos y asociaciones de riders, lejos de mejorar las condiciones de sus repartidores se ha centrado en intentar borrar toda presunción de laboralidad. Es por ello por lo que advierten a este periódico que están denunciando activamente esta situación, al tiempo que en Ministerio del Trabajo reconocen a THE OBJECTIVE que está actuando «para verificar que las plataformas digitales de reparto no incurran en prácticas que, de manera fraudulenta, intenten evadir la aplicación de la ley». Una vigilancia que, según las fuentes consultadas por este diario, debería dar pie a la apertura de inspecciones formales en las próximas semanas.

Esta semana fue la propia industria la que alzó la voz ante esta situación. Uber Eats -competidor director de Glovo- envió una dura carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigiendo que aplicase la normativa vigente a Glovo y amenazaron con volver a contar con falsos autónomos si no se regulariza la situación de su competidor. La plataforma se queja de que no encuentra repartidores porque todos prefieren trabajar con Glovo, no por las condiciones que ofrece sino que por la flexibilidad que da el ser empleado por cuenta propia.

Denuncia de Uber

Uber y el resto de las plataformas optaron por contratar a sus riders a través de empresas de reparto externas, mientras que Just Eat los ha contratado en su propia plantilla. Una norma que además obligó a Deliveroo -el segundo actor del mercado del delivery– a abandonar España por no poder asumir los costes de contratar a su plantilla.

En Trabajo defienden que el modelo a seguir es la contratación de estos trabajadores. «El Real Decreto-ley 9/2021 determina la presunción de laboralidad de las personas trabajadoras que se dedican a tareas de reparto a través de plataformas digitales que no podrán obtener mejoras competitivas de contrataciones que no se ajustan a esta norma».

Del mismo modo, indicaron a este diario que las plataformas digitales están respetando esta norma (la Ley rider) mayoritariamente y recuerdan que se ha celebrado el primer convenio colectivo en este sector. Del mismo modo, indican que se está exigiendo de manera taxativa el cumplimiento de la ley a todas las plataformas digitales y «está recurriendo a todos los instrumentos en su mano para que quienes la incumplan no obtengan beneficios de prácticas que no se ajusten a derecho».

Balance de la ‘Ley rider’

También indican a este medio que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de proseguir actuaciones que ya habían sido iniciadas con anterioridad a esta norma, está actuando para verificar que las plataformas digitales de reparto no incurran en prácticas que intenten evadir la aplicación de la ley.

Desde UGT señalan a este diario que «no han dejado de denunciar esa situación» desde que comenzara a aplicarse la nueva ley en agosto del año pasado. También valoran las actuaciones de la Inspección del Trabajo indicando que es «compleja», porque «hay que dar a muchas personas de alta». «Por eso está tardando, pero llegará (la apertura de investigaciones). Es una cuestión de tiempo», indican.

Este periódico ya informó de que la nueva Ley generó que se perdieran unos 10.000 puestos de trabajos, correspondientes a personas que no han sido contratadas por las plataformas y que han dejado el sector porque tampoco logran trabajar con Glovo. Si consideramos que antes de la Ley rider había por lo menos 30.000 repartidores en todas las plataformas, vemos que actualmente solo quedan 20.000 riders en activo.

Respuesta parlamentaria

De esta manera, al menos tres de cada cuatro trabajadores sigue siendo autónomo en estos momentos. Dicho de otra manera, Glovo tiene a su disposición 15.000 repartidores sin contrato de trabajo, mientras que los que han establecido estos contratos no pueden cubrir la demanda en horas pico porque no encuentran suficientes riders.

Una cifra que, sin embargo, difiere de los 2.601 falsos autónomos que ha constatado el Gobierno desde que entró en vigor la Ley Rider el pasado agosto. Así lo señaló el Ejecutivo hace poco más de una semana en una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada de ERC Marta Rosique.

En cualquier caso, los fallos judiciales se multiplican para Glovo respecto de causas iniciadas antes de la nueva ley, es decir con su modelo anterior al mes de agosto. En todo caso, podrían venir más en los próximos meses, según advierten los sindicatos. El pasado noviembre, la Inspección de Trabajo impuso una multa de 8,5 millones a la compañía por no regularizar los contratos de 1.316 trabajadores de la provincia de Sevilla, que continuaban como autónomos pese a lo que señala el Estatuto de Trabajadores. 

Fallos judiciales

El organismo emitió un acta de infracción a la compañía por un importe de 6.170.724 euros y, además, estableció la liquidación de las cuotas correspondientes a dichos trabajadores en una cuantía de 2.484.362,69 euros. La suma asciende a un total de 8.655.086,69 euros. Regularizar a cada uno de estos trabajadores costó a Glovo 6.576 euros.

En enero, un juzgado de León estimó una demanda de la Seguridad Social contra Glovo y consideró probado que existe una relación laboral entre la compañía y 142 repartidores. El magistrado entendió que estos empleados operaban como “falsos autónomos” dada la “dependencia” y “ajenidad” que evidencian, con “todos los requisitos”, hacia la compañía, que los obliga a registrarse como trabajadores por cuenta propia.

Pero no son las únicas causas abiertas. Glovo está pendiente de dos macrojuicios, uno en Madrid y otro en Barcelona. En el caso de Madrid, la investigación se centraría en unos 2.000 riders y en Barcelona otros 2.000. Las fuentes consultadas indican que es difícil que un juzgado se aparte de la doctrina dictada por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado, donde se declaró que Glovo trabajaba con falsos autónomos y les obligó a regularizarles.

Resultados de Glovo

Es por ello, que no se esperan menos de 26 millones de euros, entre multas y regularizaciones para estos dos procesos. Si a ello le sumamos el coste de los procesos regionales ya fallados estaríamos ante al menos 35 millones de euros.

Unas situación que se produce después de acumular importantes pérdidas económicas. El resultado consolidado del ejercicio 2020 acabó con con unas pérdidas de 51,4 millones, una mejora frente a los 238,5 millones de euros del ejercicio de 2019. La sociedad prevé pérdidas operativas de 330 millones este año, un anuncio que realizó después de que Delivery Hero confirmara la compra del 95% de la compañía.