La okupación divide a la izquierda tras reafirmar el PSOE que quiere desalojos en 48 horas
La ley de vivienda alarga hasta dos años el plazo para expulsar a un okupa o a un inquilino moroso
La líder de Sumar, Yolanda Díaz. | Europa Press
El problema de la okupación divide a PSOE y Sumar de cara a las negociaciones para intentar formar un gobierno de izquierdas para la legislatura que arranca el jueves 17 de agosto. Pese a compartir postura en algunas cuestiones relacionadas con la vivienda y marcarse ambos partidos esta cuestión como capital de cara a la próxima legislatura, las formaciones tienen diferencias bastante importantes en esta materia.
El PSOE dedica en su programa electoral un apartado a la ocupación ilegal con varias medidas para intentar frenarla, reconociendo así el problema. El partido de Sánchez califica esta práctica de «un hecho grave» y asegura que debe combatirse, «especialmente la acción de las mafias». «Seguiremos mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales», asegura el PSOE en su programa y en particular destaca que «se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas».
Sin embargo, Sumar obvia totalmente en su programa esta problemática que viven miles de ciudadanos. El partido de la ministra de Trabajo en funciones no hace referencia alguna a la okupación y centra sus medidas en materia de vivienda en las hipotecas, una cuestión que priorizará en sus negociaciones con el PSOE para formar gobierno. En junio, la formación liderada por Yolanda Díaz fichó como portavoz de Vivienda a Alejandra Jacinto, la diputada regional por Podemos Madrid -que no consiguió entrar en la Asamblea de Madrid en las elecciones de mayo-. Así, Sumar ha adoptado en la materia prácticamente la misma línea que mantuvo Unidas Podemos en vivienda durante la legislatura pasada.
Una ‘antigua’ propuesta
El PSOE ya registró el 14 de septiembre del año pasado una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que preveía el desalojo de okupas en un tiempo máximo de dos días, al igual que propone en su programa. Lo hizo con el rechazo de Unidas Podemos, pero no consiguió sacar adelante esta propuesta por la disolución de las Cortes al convocarse elecciones generales.
Esta era una de las medidas que recogía el plan antiokupación del exlíder del PP Pablo Casado. A pesar de estas intenciones, durante la pasada legislatura el Ejecutivo de Pedro Sánchez ignoró las demandas de la Plataforma de Afectados por la Okupación, tal y como contamos en THE OBJECTIVE.
Cambios en la okupación tras la Ley de vivienda
La ley de vivienda aprobada hace unos meses por el Gobierno de coalición no evita que se produzcan desahucios ni paraliza los procesos judiciales, pero alarga los plazos hasta aproximadamente los dos años. Una cuestión que desde el sector y la oposición consideran que «incentiva» la okupación y «obstaculiza» a los propietarios poder recuperar sus inmuebles.
Concretamente la norma, que entró en vigor hace unos meses, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir «mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad», según el Ejecutivo. En este sentido, la nueva norma exige detallar fecha y hora del lanzamiento para llevarlo a cabo. Además, para que los propietarios puedan iniciar el desalojo, deberán garantizar que no son grandes tenedores y justificar en la demanda de desahucio si la vivienda es el domicilio habitual o no del okupa.
¿Qué propone en PP?
El Partido Popular, por su parte, marca dentro de sus objetivos la defensa de la propiedad privada de los españoles. El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo recoge hasta seis medidas para luchar contra esta problemática. Prometen aprobar un paquete de medidas para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas. También prevén que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria para el propietario y prohibir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados.
El procedimiento de desalojo exprés se producirá desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble; y de modo inmediato en caso de flagrante delito. Además, en su programa electoral, el PP promete impulsar la creación de oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados además de un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación
Por otro lado contemplan la creación de unidades dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, así como Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos. Desde el PP también se plantean reformar el Código Penal endureciendo las penas por delito de usurpación.
Además, en su programa los populares prevén dotar a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica dentro de la Ley sobre Propiedad Horizontal para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades.
