El Gobierno prepara su entrada en Telefónica forzando un trámite exprés de los Presupuestos
Las cuentas públicas son la única vía que puede garantizar la financiación para que el Estado entre en la operadora
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Agencias
La entrada del Gobierno en Telefónica parece estar más cerca. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el Ministerio de Hacienda juega todas sus fichas a una tramitación exprés de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 para activar las partidas necesarias que permitan, como mínimo, completar un porcentaje de participación igual al de Saudi Telecom (STC), actualmente en el 4,9% del capital de la operadora de telecomunicaciones.
El 19 de diciembre del año pasado el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que adquiriese hasta un 10% de Telefónica y así proteger su posición como «empresa estratégica». Un porcentaje que le garantiza convertirse en el primer accionista de la compañía y, al menos, un asiento en el Consejo de Administración.
Sin embargo, han pasado casi tres meses y oficialmente no se ha producido ningún movimiento. Lo último que ha trascendido es que la SEPI ha contratado al Banco Santander para que ponga en marcha la operación de compra de participaciones, según ha informado Abc, pero formalmente no hay pistas de que haya empezado este proceso.
Deuda de la SEPI
El gran problema es la financiación que requiere el Estado para solventar este movimiento. Este diario ya adelantó hace un par de meses de que la SEPI tendría imposible financiar esta compra, que se calcula en 2.000 millones de euros para todo el paquete, a razón de 200 millones por cada punto de participación en Telefónica. La sociedad pública tiene un endeudamiento de 3.586 millones, de los que 3.039 están contraídos con entidades de crédito y es casi imposible recurrir a la banca para pedir nuevas líneas de liquidez.
Es por ello por lo que desde el comienzo de la operación siempre se planteó que la mejor manera de financiar la entrada del Estado en Telefónica era a través de los Presupuestos. No obstante, los problemas del Gobierno para sacar adelante su agenda legislativa en el comienzo del año y las discusiones para acordar una ley de amnistía con sus socios independentistas hizo temer por la aprobación de las cuentas públicas de este año e incluso rondó el fantasma de que la prórroga de los PGE de 2023, en vigor desde enero, se mantuviese durante todo este año.
Esto obligó al Gobierno a buscar alternativas y resquicios que les permitiesen activar partidas presupuestarias para entrar en Telefónica, aunque sin éxito ya que fue imposible mover desde otros departamentos de la Administración central la inversión necesaria, de al menos 400 o 600 millones. Finalmente, y tras varias semanas de análisis el Ministerio de Hacienda, se concluyó que la única manera de entrar en la operadora, sin tener que estar dependiendo de ejercicios de equilibrismo fiscal, era volver al plan original de consignarlos en los Presupuestos de este año.
Trámite exprés
En este contexto se entienden la urgencia para acelerar los PGE con un trámite exprés. Este diario ya publicó el miércoles pasado las prisas del Ministerio de Hacienda y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para tener unas cuentas públicas en vigor cuanto antes. Hace una semana la subdirectora general de Relaciones Presupuestarias con la UE, Inmaculada Sanz, convocó al Comité de Inversiones Públicas, con carácter de urgencia, ya que –dijo– los PGE de 2024 se presentarán «con carácter inminente».
Todo indica que al menos el anteproyecto de la ley se llevará al Consejo de Ministros de este martes o del próximo con el objetivo de empezar su trámite cuanto antes en el Congreso de los Diputados . Es allí donde el Ejecutivo confía en tener el apoyo de sus socios independentistas, reforzados tras llegar a un acuerdo con la ley de amnistía. Si todo va rápido emprenderán la compra en Telefónica.
Estas prisas por sacar adelante la ley han llevado al Ejecutivo a no cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2/2022, del 27 de abril, ni contar con la aprobación de la senda fiscal, que por segunda vez tumbó el Partido Popular (PP) en el Senado. Para ello han echado mano de la ayuda de un abogado del Estado que ha logrado aglutinar el razonamiento suficiente para afirmar que se pueden aprobar los presupuestos sin necesidad del respaldo de las dos cámaras.
Consejo de Telefónica
De esta manera, han sorteado el bloqueo del Partido Popular, aunque no está garantizado el apoyo. De hecho, desde muchos sectores se sostiene que tanto ERC, como PNV o Junts buscarán obtener nuevas prebendas para sacar adelante las cuentas públicas, lo que podría dilatar las negociaciones.
En el caso de Telefónica, el objetivo del Gobierno sigue siendo tener al menos un 4,9% para superar el porcentaje de STC antes del verano, aunque el margen de maniobra ahora es mayor tras conocerse el informe anual de la empresa saudí en la que señalaron que se daban un plazo de un año para completar su 9,9% de Telefónica. El Ejecutivo siempre ha justificado su entrada en la operadora por la necesidad de compensar la entrada de los saudíes, por lo que si su desembarco definitivo se dilata hasta finales de año, tienen más tiempo para esperar la financiación de los PGE de 2024.
Por otro lado, la carrera por tener un sillón en el Consejo de Administración de Telefónica parece haberse calmado. La semana pasada se convocó a la Junta General de Accionistas y se renovó a los cinco consejeros que vencían mandato en junio, lo que ha cerrado –al menos hasta comenzar el próximo curso– las posibilidades de un cambio en el organismo para dar entrada a los nuevos socios. Esto hubiese obligado al Estado a acelerar la compra de acciones de la operadora para igualar a STC, pero ahora con el órgano renovado podrían pasar algunos meses más hasta que se complete totalmente la arremetida.
