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Jorge Vilches

La estafa de la reforma constitucional

«Una reforma de la Constitución no se acomete porque una encuesta del CIS afirme que una mayoría así lo dice»

Opinión

La estafa de la reforma constitucional
Pedro Sánchez.|Eduardo Parra (EP)

Es absurdo asegurar que la Constitución de 1978 debe ser reformada porque quienes la votaron entonces tienen más de 60 años. Los que defienden esto aseguran que un porcentaje alto de españoles actuales no tuvo la oportunidad de opinar entonces. Dicen que la España de 1978 no es la de 2021, y que hay que actualizar el texto.

Esa modernización pasa justo por aquello que demandan los totalitarios y autoritarios; es decir, la izquierda extrema y los nacionalistas. Me refiero, claro está, a la monarquía y al modelo territorial. De no ser así, dicen, es muy probable que llegue una ruptura, una quiebra del sistema, un golpe independentista, o un movimiento republicano. La conclusión, por tanto, es aceptar la reforma o esperar el apocalipsis.

El argumento es muy endeble. Nadie tiene muy claro qué es una generación. ¿Quince años, como decía Ortega? Es más, ¿es que todos los miembros de una generación piensan igual? ¿Es un colectivo o un sujeto histórico? La propuesta es el típico argumento comunitarista, de esos que desprecian el liberalismo y al individuo, y cotejan esta sociedad en función de identidades de grupo.

De hecho, la petición recoge las demandas de los colectivos desleales al sistema y desprecia la protección de la persona. Por ejemplo, a ninguno de esos reformistas de la Constitución se les ocurre que ese cambio podría ser para asegurar el derecho al uso del español en los espacios públicos catalanes, como el colegio o la Universidad. O para asegurar la libertad de expresión frente a la intromisión del Gobierno o de una mayoría parlamentaria.

Quizá es porque esas garantías están ya en la Constitución, pero la legislación se ha encargado de destruirlas. Lo mismo podríamos decir del artículo 14, el que recoge la igualdad de todos, hecho que no sucede también por la legislación. ¿O qué es si no la inversión de la carga de prueba que contempla la ley integral contra la violencia de género?

Las Constituciones, por otro lado, no son el producto de una generación, sino de muchas. El texto de 1978 tomó la experiencia de nuestro país desde 1812 tanto como de la italiana, la alemana, la nórdica y la norteamericana. Un país no es una generación, al igual que una nación no es un plebiscito diario.

Está muy superado Ernest Renan, que creía en las naciones como sujetos colectivos en constante referéndum sobre su ser y futuro, sobre todo si la atribución de la categoría de nación está en disputa, como ocurre en España, en el marco de la cesión de soberanía a la Unión Europea. Por cierto, tampoco se votó en referéndum la incorporación de España al espacio europeo. Quizá esto no sea tema de debate dado que la UE nos va a soltar unos cuantos miles de millones de euros.

Una reforma de la Constitución no se acomete porque una encuesta del CIS afirme que una mayoría así lo dice. Hay que ser más serio. La ley no se hace a golpe demoscópico. Por eso las asambleas representativas no asumen todo el poder en un país democrático, porque en el juego de contrapesos está la garantía de la libertad y el atemperar la opinión caldeada por algún acontecimiento. ¿O es que después del golpe de 2017 la mayoría estaba a favor de ampliar la autonomía de Cataluña?

Otra cosa es la manipulación del argumento de la reforma. Por un lado, para el sanchismo es útil extender la idea de que sin cambio tendremos el fin de la monarquía justo cuando la princesa Leonor jure la Constitución, allá en octubre de 2023. Típico chantaje de un mal jugador. Por otro lado, hablando de la urgencia de la reforma, como hizo en 2015, el sanchismo se presenta como la vía intermedia entre la ruptura y el inmovilismo. De esta manera pretende contentar a los nacionalistas para prolongar su estancia en La Moncloa.

El conjunto es un reformismo contentadizo con quien no estará jamás satisfecho, a mayor beneficio de Sánchez. Por contra, una Constitución ha de ser breve y flexible para que cualquier Gobierno, dentro del Estado democrático de Derecho y el respeto a la separación de poderes, pueda legislar en atención a sus promesas electorales. Lo que es una estafa, como ha demostrado la historia, es convertir un programa de partido en una Constitución.

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