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Ignacio Ruiz-Jarabo

El castigo a los herederos

«46.679 españoles renunciaron en 2021 a la herencia […] ¿Qué está sucediendo para que tantos y tantos españoles renuncien a lo que, en la mayoría de los casos, constituye el patrimonio de sus progenitores?»

Opinión

El castigo a los herederos
Una manifestación contra el impuesto de sucesiones recorre el centro de Madrid.|Europa Press

El derecho a la herencia está reconocido en nuestra Carta Magna. Además, el artículo 33, que es donde reside el reconocimiento, se encuentra dentro del Título I de la Constitución: De los derechos y deberes fundamentales, por lo que disfruta -debería disfrutar- de una especial protección jurídica.

Contrasta lo anterior con la noticia conocida ayer según la cual 46.679 españoles renunciaron en 2021 a la herencia que respectivamente les había correspondido. Aún más, en la noticia se informaba que la cifra reseñada suponía un aumento superior al 8% sobre las renuncias habidas en 2020. También que el número anual de renuncias se ha cuadruplicado desde 2007.

¿Qué está sucediendo para que tantos y tantos españoles renuncien a lo que, en la mayoría de los casos, constituye el patrimonio de sus progenitores? ¿Por qué se desiste en tantas ocasiones del derecho constitucional a heredar? Es cierto que, en algunas ocasiones, el grueso del patrimonio del padre o madre fallecido es un inmueble en el que concurren dos circunstancias: pesa sobre el mismo una carga hipotecaria y la evolución del mercado inmobiliario ha provocado un descenso de su valor, hasta el punto de igualarse los importes de ambos e incluso ser superior el de la primera. Pero existen más y más profundas causas, todas derivadas del arcaísmo que supone nuestro atávico Impuesto sobre Sucesiones.

Sin duda, se trata de un impuesto que penaliza ¡y de qué manera! el ahorro familiar. Pensemos que el tránsito a sus hijos de lo ahorrado por un padre o una madre paga entre un 7,6% ¡y un 34%!, porcentajes más que significativos y en mayor medida cuanto más se acerquen al límite superior. Para muchos, desde luego para mí, resultan ciertamente abusivos.

Pero, es que, además, sucede que, generalmente, el grueso de lo heredado se limita a la vivienda paterna, de modo que para afrontar el pago del anacrónico Impuesto sobre Sucesiones, el heredero se ve obligado a venderla. Resulta poco gratificante que un sistema tributario obligue a desprenderse de lo que ha sido la residencia de los antecesores. Además, como el Impuesto debe ser pagado en seis meses, obliga a malvenderla, sea cual sea la coyuntura del mercado y con el hándicap que supone la necesidad imperiosa de obtener a corto plazo el importe exigido por el Fisco.

Es seguro que los fiscofóbicos replicarán lo anterior esgrimiendo la posibilidad de obtener un aplazamiento para para el pago de la deuda tributaria. Aquí entra un nuevo abuso de nuestra Hacienda, porque el interés que cobrará al heredero por pagar aplazadamente su deuda será un 3,75%, interés que actualmente hasta podría considerarse de usura. Veamos, el Gobierno nos acaba de informar que las últimas emisiones de deuda pública han sido colocadas al 0% de interés. Y, sin embargo, él concede el «préstamo» al heredero a un 3,75%- ¿Es éste un comportamiento leal del Estado con sus ciudadanos? Sinceramente, a mí no me lo parece. En el escenario descrito, ni es extraño que 46.679 españoles hayan renunciado en 2021 a la herencia que les correspondía, ni que el número de renunciantes anuales se haya multiplicado por cuatro en los últimos años.

Una última cuestión. Emulando al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en esto fue pionero, otros gobiernos autonómicos están bonificando casi totalmente la tributación de la herencia entre padres e hijos, evitando así a estos el injusto e injustificado calvario que hemos descrito. Sin embargo, la reacción de otros gobernantes regionales es infumable. A ellos no les basta con machacar a los habitantes de sus regiones que ven fallecer a sus padres. Pretenden que semejante tropelía sea llevada a cabo por todos. Más infumable resulta aún la posición del Gobierno de la Nación que, según manifiesta reiteradamente, se dispone a restringir la autonomía de las comunidades para prohibir que puedan aplicarse las «medidas a la madrileña» que aligeren la atávica carga hereditaria que para los hijos supone el anacrónico Impuesto sobre Sucesiones.

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