Independentismo fiscal catalán
«El acuerdo del Govern para que la Hacienda catalana recaude de las empresas autonómicas impuestos cuyo ingreso corresponde al Estado es claramente ilegal»
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Según informaba el martes THE OBJECTIVE, la Generalitat catalana ha dado un paso para reactivar su proyecto de sustituir en Cataluña a la Agencia Estatal de Administración Tributaria pretendiendo que la recaudación de determinados impuestos estatales —no cedidos— sea gestionada por la Hacienda catalana. El suceso viene a indicar que, en contra de lo que interesadamente nos quieren hacer creer, el Gobierno de Sánchez no ha arreglado el problema del independentismo en Cataluña.
Es cierto que de momento los delincuentes golpistas que en su día delinquieron gravemente no han reincidido en su conducta delictiva. Sin duda alguna, ahí se ve que ha jugado un papel fundamental el efecto disuasorio de la condena a privación de libertad que se les impuso, aunque su periodo en prisión fuera acortado por obra y gracia del indulto concedido por Sánchez. Pero también es cierto que los golpistas no han mostrado arrepentimiento alguno y, es más, han manifestado explícitamente que volverán a repetir su intentona. De manera que de haber arreglado el problema rien de rien que cantaba la inolvidable Édith Piaf.
Y es en su explícita declaración de volver a intentarlo donde debe enmarcarse el acuerdo del Gobierno autonómico catalán del pasado 30 de mayo, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, por el que se determina que la Hacienda catalana recaude de las empresas autonómicas impuestos cuyo ingreso corresponde legalmente a la AEAT así como las cotizaciones sociales que por ley deben ingresarse en la Seguridad Social. El acuerdo es claramente ilegal por infringir varias leyes estatales —Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades, Ley General Tributaria…— y sin embargo, según parece, el Gobierno de la nación no ha procedido a recurrirlo. Ese es el auténtico sentido de la «pacificación» en Cataluña de la que presume Sánchez. Consiste en consentir que el Gobierno independentista haga y deshaga a su antojo violando la legislación vigente sin actuar como actuaría un Gobierno responsable. Así ha sucedido en materia lingüística permitiendo que el Govern incumpla flagrantemente una sentencia del Tribunal Supremo y así sucede ahora en la cuestión fiscal que nos ocupa.
«Una vez más, Sánchez y María Jesús Montero han sido desleales a la Constitución»
Aunque el Gobierno español sea un órgano colegiado, es indudable que la tropelía de dejar pasar el acuerdo independentista de 30 de mayo tiene dos especiales responsables. Uno es Sánchez, al que por ser el presidente le corresponde la mayor cuota de responsabilidad de la irresponsable inacción. La otra es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que por sus competencias funcionales es la que debería haber instado que el Gobierno español cumpliera su obligación constitucional y hubiera recurrido lo acordado por el Gobierno regional catalán. Ni el uno ni la otra han cumplido con su obligación y han sido desleales, una vez más, a la Constitución y al resto de nuestro ordenamiento jurídico. Pero claro, su inacción evita la reacción de los independentistas aparentándose así que el problema está pacificado, ficción que es utilizada por Sánchez para proclamar fraudulentamente su pretendido éxito en la reconducción del independentismo.
Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que los independentistas no son estúpidos y, dadas las consecuencias judiciales que han sufrido, buscarán —están buscando— caminos alternativos para perpetrar su ansiada fechoría. El acuerdo tributario de 30 de mayo revela cual puede ser su nueva estrategia en la que paso a paso, o pasito a pasito, vayan hurtando competencias al Estado mediante procedimientos ilegales. Eso sí, su estrategia requiere de la connivencia irresponsable de gobernantes como Sánchez y M.J. Montero. Ésta, por cierto, completa con la cuestión analizada la desastrosa herencia que deja tras su paso por el ministerio que ha desempeñado. Nunca nadie fue capaz de desprestigiar tanto a la Hacienda Pública, pues junto a la ilegítima subida del IRPF consecuencia de no indexarlo, se añade la creación fraudulenta de dos pretendidos gravámenes patrimoniales -contra la banca y contra las energéticas- llamados ficticiamente así para evitar los requisitos que se exigen en la creación de un impuesto que es lo que realmente son.
Y más todavía, le cabe el dudoso honor de haber roto uno de los consensos básicos de nuestra democracia al haber invadido las competencias autonómicas mediante la creación y el contenido del Impuesto sobre el Patrimonio bis. Con todo ello, M.J. Montero ha segado de raíz la legitimidad de ejercicio del fisco español -la de origen ni se debe discutir ni se discute-, al hacer que quien nos exige el escrupuloso cumplimiento de la legalidad, la haya incumplido de manera tan escandalosa.
