Nos jugamos la libertad

El mecanismo más rápido y seguro para alcanzar el totalitarismo es el control férreo de la economía, tal y como estableció Friedrich A. Hayek en su famosa obra Camino de servidumbre.

En los últimos años, el gobierno social-comunista español ha aplicado con gran intensidad los principios intervencionistas en todos los ámbitos; provocando un deterioro profundo de la libertad individual y colectiva. Las deficiencias en la calidad regulatoria, la elevada presión fiscal y los altos desequilibrios fiscales hacen que España ocupe el puesto 35 de los 38 países de la OCDE en términos de menor libertad económica en base a un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE). España es uno de los países desarrollados con menor libertad económica.

Se ha conculcado en reiteradas ocasiones el derecho a la propiedad privada, recogido en nuestra Constitución y cuyo origen es sin duda el derecho natural. El bien más preciado para la mayoría de los españoles es su vivienda, que en muchas ocasiones ha adquirido con muchos años de trabajo. Sin embargo, el riesgo de ocupación es una de las principales preocupaciones de los españoles. Se estima que el tiempo medio para poder recuperar el uso de una vivienda okupada, por su legítimo propietario se ha elevado a los dos años.

Esta situación se ha agravado con la reciente ley de vivienda, en la que se diferencia entre la vivienda destinada a residencia habitual, y el resto de las propiedades inmobiliarias del ciudadano. En un auténtico estado de derecho, no debe existir la más mínima diferenciación, puesto que todas las viviendas son propiedad de su legítimo dueño y este debe decidir libremente el uso que asigna a cada una de ellas. La penalización a la vivienda vacía es también un atentado al derecho de propiedad y a la libertad de elección.

«El sistema fiscal español es confiscatorio y atenta contra la propiedad privada»

Si afortunadamente se produce en los próximos días un cambio de Gobierno, una de las primeras medidas que hay que instrumentar es una nueva ley de vivienda que proteja al propietario, independientemente de si es persona física o jurídica. Esta protección es la que favorece que aumente la oferta de alquiler.

El sistema fiscal español es claramente confiscatorio, atenta contra la propiedad privada y la libertad de decidir sobre una parte muy importante de nuestros ingresos y esfuerzo. No ajustar las tarifas del IRPF a la inflación nos ha hecho pagar más impuestos a todos los españoles, con un solo beneficiario, el Estado. La presión fiscal ha subido un 20% desde el año 2018.  El Impuesto sobre el Patrimonio y el nuevo Impuesto transitorio de Solidaridad sobre Grandes Fortunas, que se ha aplicado con carácter retroactivo, están obligando a muchos sujetos pasivos a vender parte de su patrimonio para poder pagar estos tributos.

Con los tipos fiscales actuales en unos 30 años se podría extinguir todo el patrimonio de una persona. Este patrimonio que hoy se vuelve a gravar ya tributó en el momento de obtención de la renta y tributaron también las rentas obtenidas a través del ahorro. Es necesario derogar inmediatamente estos impuestos, además del de Donaciones y Sucesiones, puesto que muchos herederos se tienen que endeudar para poder acceder a la herencia o renunciar a la misma, lo que también penaliza la propiedad privada. A través del sistema fiscal el Estado se ha convertido en el gran expropiador de la riqueza de los ciudadanos.

Es necesario rebajar los tipos del IRPF y de sociedades, lo que además puede favorecer un aumento del potencial de crecimiento de nuestra economía y por tanto incrementar la recaudación para financiar los servicios públicos necesarios.

Si miramos a países de nuestro entorno, el Tribunal Constitucional alemán considera confiscatoria una fiscalidad que supere en su conjunto más del 50% de la renta de las familias e individuos. Sin lugar a duda una parte de los ciudadanos españoles, vemos expropiado una parte de nuestro esfuerzo y trabajo, porque pagamos por todos los impuestos una cifra sensiblemente superior. En 2023, el día de la liberación fiscal fue el 13 de julio. Lo ganado hasta esa fecha es lo que de media le vamos a entregar al Estado en forma de impuestos.

Nuestra libertad también se ve deteriorada mediante el gasto público ineficiente como muy bien ha entendido el actual Gobierno. A través de las subvenciones se crea una enorme dependencia del sector público, se desincentiva el esfuerzo productivo y progresivamente se reduce la autonomía individual. En los primeros 100 días de Gobierno hay que implementar un claro programa de consolidación fiscal y de eliminación de las subvenciones injustificadas.

«La empresa privada está penalizada por la fiscalidad, la regulación laboral y la inseguridad jurídica»

La libertad de empresa tampoco es respetada es España. Quien asume riesgos, se juega su patrimonio, su esfuerzo y su trabajo es atacado. La actividad de la empresa privada en nuestro país está penalizada por la fiscalidad, la regulación laboral, la inseguridad jurídica y la actuación de las empresas públicas. Son imprescindibles reformas estructurales profundas en todos estos ámbitos, que favorezcan al desarrollo de la libertad de actuación de las empresas privadas, y por ende el crecimiento del empleo y el bienestar del conjunto de la sociedad.

Las crecientes medidas intervencionistas implementadas contra la denominada Emergencia Climática están provocando desconcierto y prohibiciones crecientes, que son pasos muy importantes hacia el totalitarismo. Normas como el nuevo Impuesto sobre los Plásticos, están generando un fuerte incremento de costes, provocando inflación estructural y una pérdida de competitividad de nuestra economía, que penaliza a nuestras empresas.

El cambio climático es una de las nuevas banderas utilizadas por el neocomunismo para cercenar nuestra libertad. Es necesario racionalizar el proceso hacia un auténtico desarrollo sostenible, que supone un difícil equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si se incide en exceso en uno de los conceptos el modelo puede colapsar, porque los costes del cambio climático acaban siempre sobre las espaldas de los ciudadanos.

En definitiva, el próximo domingo, nos estamos jugando la libertad que es el valor más importante del ser humano. Si continúa un Gobierno social-comunista, apoyado por independentistas, el camino de servidumbre sería irreversible y culminaría con un totalitarismo político que terminaría anulando nuestra libertad individual.