España: la realidad y el progreso

Las palabras ya no significan nada en la discusión política española. 

Son «ultras», es decir, de extrema derecha o directamente fascistas, medidas tales como cambiar una partida presupuestaria y destinar 100.000 euros a la discapacidad en lugar de a la subvención directa de organizaciones sindicales o empresariales; o dedicar 20 millones de euros a hacer efectivo el bilingüismo en los colegios de Baleares. Son «poco democráticos», es decir, pertenecientes a algunas de las derechas, quienes se manifiestan en contra de los pactos con Bildu, que, hemos descubierto estos días, va camino de completar un «recorrido ético», que a su condición de ya partido «progresista» sumará la de la «heroicidad» puesto que sus dirigentes y militantes se condolieron por el sufrimiento que causó ETA, es decir, muchos de ellos con sus secuestros y asesinatos; los familiares y correligionarios de sus víctimas, en cambio, son poco generosos y crispantes; es «reaccionario» imponer que la psiquiatría infanto-juvenil deba descartar primero la co-morbilidad de los menores trans antes de someterles a experimentales tratamientos hormonales, y, al fin, resulta de «extrema derecha» procurar que las competiciones deportivas preserven el mérito de las mujeres. 

Puesto que esos, y otros términos igualmente maltratados, no nos permiten dialogar con sentido sobre los problemas compartidos, hablemos de «realidades», lo que, nos dicen los voceros gubernamentales sincronizados, preocupa verdaderamente a la gente (no la amnistía, el lawfare y esas zarandajas de juristas estrechos). ¿Progresamos adecuadamente?

Hablemos para empezar de una historia que conozco de primera mano, ilustrativa en todo caso de nuestras desdichas patrias. A la protagonista la llamaremos M, para no comprometerla excesivamente. M fue una excepcional alumna universitaria, tan excepcional que pudo lograr una beca del Programa de Formación del Personal Universitario, las conocidas FPU del Ministerio de Universidades, correspondiente a la convocatoria del año 2022. A comienzos de este próximo 2024 firmará su incorporación a la universidad, más de un año después de que se publicara la convocatoria el 31 de diciembre de 2022. En el ínterin, aplazamientos inexplicados, ignorancia absoluta sobre plazos tras la publicación de la resolución «provisional» de beneficiarios y sobre las condiciones del contrato que le permitirá elaborar una tesis doctoral con la que tendrá expedita la vía para desarrollar una carrera académica. Si es que no se retira antes, claro.

«La homologación de títulos extranjeros tarda la friolera de dos años, cuando la UE recomienda que se haga en dos meses»

Raramente hoy en la Universidad pública española se alcanza la estabilidad con un sueldo neto mensual de unos 2.000 euros antes de los 35-40 años. Y eso siempre que se haya engrosado un curriculum que en épocas no tan pretéritas no había alcanzado ninguno de los que entonces accedían a la cátedra. En las Escuelas de Doctorado de las Universidades públicas españolas, a donde acuden personas como M una vez formalizados sus contratos, se les insiste mucho en adoptar medidas para que ese rumbo que como nuevos investigadores inician no mine mucho su salud mental; que hagan deporte, vida social, descansen… M me cuenta que no pocos de quienes han estado más de un año esperando a la resolución definitiva del ministerio ya se iniciaron con las benzodiacepinas. Salvo los que son ricos, claro, que pueden aguantar el tirón dependiendo económicamente de su familia. 

De otra parte, la atracción del talento foráneo extracomunitario también está complicada: la homologación de títulos extranjeros tarda la friolera de dos años, cuando la Unión Europea recomienda que se haga en 2 meses. Un buen número de quienes están a la espera son médicos. En el ínterin el número de médicos españoles que emigran al extranjero no deja de crecer y es ya alarmante la carencia en especialidades diversas, señaladamente la atención primaria. 

España lidera la Unión Europea en pobreza infantil, de acuerdo con los datos aportados por Unicef. Y eso que durante varios años hemos tenido un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil dependiente de Presidencia del Gobierno. Un reciente estudio sobre los últimos datos del Informe PISA, en el que España ha registrado su peor resultado en Matemáticas desde 2012, revela que los estudiantes españoles de 15 años en 2022 tienen un casi un curso escolar menos en competencias matemáticas que sus pares del año 2003. ¿Nos debe consolar que así andan también los quinceañeros de la OCDE y la Unión Europea? 

El INE informaba esta semana de que ha aumentado un 5% el número de suicidios en el año 2022 —del total, 2/3 siguen siendo hombres—, aunque la brecha de género en la adolescencia se cierra, lo cual no se sabe aún si debe celebrarse. También se han incrementado los delitos sexuales a pesar de que la legislación más reciente no tiene fallo alguno, según su principal impulsora y exministra de Igualdad, la señora Montero, que ahora se propone abanderar sus logros feministas en el Parlamento Europeo. 

Las dificultades para acceder a una vivienda —sea en propiedad o en alquiler— se incrementan de modo dramático, a pesar de que a la conclusión de la pasada legislatura se aprobó una ley de vivienda, la Ley 12/2023 con el esperanzador título de «por el derecho la vivienda». Es una ley que fue apoyada y votada en el Congreso de los Diputados por los representantes de ERC, socios del Gobierno, aunque el Gobierno de la Generalidad, de ERC, la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esta misma semana el presidente del Gobierno, el mismo que ocupaba la presidencia del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de Ley por el derecho a la vivienda en febrero de 2022, afirmaba que España tiene un gran reto constitucional: la vivienda. Ante la subida de los tipos de interés el Gobierno articuló un «escudo hipotecario», otro de esos «escudos sociales», un conjunto de medidas de alivio para los prestatarios más «vulnerables». La propia ministra Calviño ha reconocido que ha sido un mecanismo fallido pues apenas ha alcanzado a 7.000 familias. Repito: 7.000. 

«La OCDE alerta del descuadre alarmante entre ingresos y gastos que propicia la reciente reforma»

Un reciente estudio de FEDEA ha puesto alguna sordina a la reforma laboral de la pasada legislatura, destacando que, si bien ha sido muy eficaz en la reducción de la tasa de temporalidad «contractual», cuando uno observa la realidad, es decir, la creación y destrucción diaria de empleo, teniendo en cuenta la afiliación a la Seguridad Social, la reforma, es decir, la casi eliminación de los contratos temporales y su sustitución por «fijos discontinuos», apenas si ha tenido efecto contra la temporalidad «empírica». Se puede ser «indefinido» por un día, como Reina. Así como hay legislación «santimonia» también tenemos ya un fenómeno de contratación «santimonia». Mientras tanto España sigue siendo líder en tasa de desempleo y temporalidad de la OCDE. 

La realidad también es tozuda si reparamos en el informe de la OCDE sobre nuestro sistema de pensiones correspondiente al año 2023 (Pensions at a Glance). Como antes la Autoridad Fiscal Independiente (AiREF) o FEDEA, la OCDE alerta del descuadre alarmante entre ingresos y gastos que propicia la reciente reforma con la que, entre otras cosas, se blinda la actualización al IPC. Tenemos uno de los sistemas de pensiones con una mayor tasa de sustitución (lo que representa la pensión en relación al último salario) pero contamos con una de las mayores esperanzas de vida a partir de los 65 años, una de las expectativas mayores de caída de la población en edad de trabajar y uno de los mayores períodos de percepción de pensión en el mundo. Salvo que deroguemos la aritmética mediante Decreto-Ley, más pronto que tarde es de temer que la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema de pensiones se revele fija en los documentos ministeriales que procuran mejorar la vida de la gente, pero discontinua en la realidad del ingreso bancario. Algún malvado lo llamará jubilación santimonia. 

Desde 2020 España es el país que ha experimentado mayor caída del PIB per cápita en Europa. Nos situamos en el puesto 18 superados ya por Lituania y Estonia. Del 93% de la media europea en que andábamos en 2017 hemos descendido al 85%… pero…

Nadia Calviño será la primera mujer presidenta del Banco Europeo de Inversiones y el PP y Vox han censurado una obra de teatro en Quintanar de la Orden, que creo que está en Toledo, porque los actores salen a escena en calzoncillos. 

Pero vamos, que yo no he venido aquí a amargarles la nochebuena y la Navidad, o, como diría la felicitación ¿navideña? del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, «el fin del otoño». 

¡Feliz Navidad!