Tiempo de rebeldía

La primera votación de esta legislatura en el Congreso de los Diputados ha confirmado un temor del que había ya suficientes indicios pero que ahora se comprueba como una realidad consumada y peligrosa: el Gobierno y el PSOE están dispuestos a ceder lo que sea preciso con tal de garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. Puesto que esas concesiones se hacen a un partido o partidos cuyo propósito es el debilitamiento de España para facilitar el nacimiento de sus soñadas repúblicas -o bien para aproximarnos lo más posible a ese punto-, es el momento de reaccionar para salvar el modelo de democracia unida, igualitaria y constitucional, que hemos disfrutado hasta ahora.

Cualquier sistema democrático está basado en algunos requisitos indispensables sin los cuales es imposible avanzar con confianza. Uno de ellos es que el Gobierno, fruto de la voluntad popular representada en las Cortes, defiende los intereses generales de la nación. Así ha ocurrido en España en todos estos años, en los que, aún atendiendo las necesidades particulares de algunos territorios con conflictos de identidad, se ha acabado actuando en última instancia en beneficio de la mayoría de los españoles. Podría objetarse que, en algunas ocasiones, se ha sido demasiado complaciente con los nacionalistas y que se ha renunciado irresponsablemente a fomentar elementos de cohesión que ahora echamos de menos. Pero nunca la acción del propio Gobierno había llegado al punto de generar dudas sobre la supervivencia misma del proyecto compartido que hoy es España.

Desgraciadamente, esa es la situación en la que actualmente nos encontramos. Tras la experiencia de los últimos cuatro años -indultos, sedición, malversación, la reciente ley de amnistía, Pamplona, la inmigración…-, está más que justificada la sospecha de que no hay un sólo fundamento de nuestra democracia que el Gobierno no esté dispuesto a derribar con tal de conservar el poder. ¿Qué razones existen para creer que esta legislatura no incluirá una consulta sobre la independencia de Cataluña o sentará las bases de un futuro sistema confederal o de Estados libres asociados? Ese va a ser, desde luego, el objetivo de los independentistas y es más que posible que el Gobierno transija, con la socorrida explicación de que, de esa manera, se frena a la extrema derecha y se podrán seguir subiendo las pensiones y el salario mínimo. Tal vez, los independentistas no tienen en mente por el momento una repetición exacta del 1 de octubre, pero es indudable que han visto una oportunidad de oro de profundizar en su estrategia de despañolizar aún más Cataluña y el País Vasco.

A falta de un Ejecutivo dispuesto a impedirlo y priorizar los intereses generales de la nación sobre los suyos propios -algo que podría hacerse con relativa facilidad con un pacto de Estado con el Partido Popular-, no quedan muchos recursos con los que defender nuestro actual modelo de convivencia. En un Parlamento muy devaluado hay poco margen de actuación mientras todo ese conjunto de fuerzas independentistas y extremistas disfruten del enorme poder que les concede Sánchez. Las protestas en las calles cuentan con el límite del agotamiento y la indiferencia de una parte de la población que se cree ajena a cualquier causa política. La oposición está condicionada por la presencia de Vox -cuyo servicio a Sánchez es vital para la supervivencia de la actual bufonada-, y limitada a la presencia de un Partido Popular con más voluntad que acierto en su solitaria labor. La sociedad civil, que nunca ha sido muy relevante en España, lo será aún menos mientras el debate siga instalado -como falsamente lo está- en la disyuntiva entre izquierda y derecha.

Obviamente, no es así. Una gran mayoría de quienes se oponen hoy a la actuación del Gobierno no lo hacen porque este sea de izquierdas y ellos de derechas, sino porque entienden que está violentando la Constitución, sembrando el odio y azuzando la división. Pero, aún así, no será sencillo que quienes siguen prefiriendo cualquier cosa a un Gobierno de derechas se sumen a corto plazo a las protestas ciudadanas para hacerlas más masivas e incontenibles.

«La política de España no puede quedar reducida a este cruce diario de chantajes y engaños entre personajes mediocres»

Así pues, si ni el Parlamento ni la calle parecen por el momento escenarios en los que acabar con el actual estado de cosas, sólo queda seguir apelando a la razón de los argumentos de quienes denuncian la presente degeneración del sistema hasta conseguir, aquí y en toda Europa, la fuerza suficiente para que la España justa y constitucional prevalezca.

No será fácil. Ni siquiera se puede descartar que los enemigos de ese proyecto que durante décadas ha otorgado paz y prosperidad a los españoles no acaben siendo derrotados. Pero no lo creo. Este juego de truhanes no puede durar mucho tiempo. La política de España, una de las grandes naciones del mundo, no puede quedar reducida a este cruce diario de chantajes y engaños entre personajes mediocres. La absoluta falacia con la que el Gobierno justifica sus acciones acabará desenmascarada ante la realidad que el propio Sánchez y sus discípulos han defendido hasta hace poco.

Bajo el perfil de serenidad y fortaleza que le trazan los medios afines, se esconde un personaje inseguro y acomplejado que caerá con más facilidad de la que algunos creen. Los bravucones sin escrúpulos siempre parecen imbatibles acodados en la barra del bar, pero tiemblan en cuanto alguien con principios les dice dos verdades a la cara.

España ha entrado en rumbo hacia lo desconocido. Sabemos que hoy las democracias no caen súbitamente como consecuencia de un golpe militar o una revolución. Pero no sabemos hacia dónde nos puede conducir el constante deterioro al que asistimos desde hace ya algunos años. Si queremos contener ese declive y conservar la democracia que hoy disfrutamos, será necesario ponernos enfrente de los matones que han ocupado de mala manera la barra y se quieren repartir el país.