Los riesgos de ignorar la historia

Es sorprendente que el Gobierno, especialmente su ala de extrema izquierda, siga proponiendo en la actualidad viejas recetas de la política económica del comunismo; el sistema sociopolítico que más víctimas ha provocado a lo largo de la historia, que más miseria ha generado y que más ha cercenado la libertad individual y colectiva, tal y como demuestran todavía Corea del Norte y Cuba.

La nacionalización de algunas compañías energéticas, la creación de nuevas empresas públicas como supermercados, el control de los precios de los alimentos o de los alquileres son propuestas que sigue reivindicando, entre otros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, para resolver problemas como la inflación o la escasez de recursos. Históricamente, el resultado ha sido el contrario al buscado, como está sucediendo actualmente en el mercado de vivienda de alquiler, que se ha reducido la oferta y han subido los precios. Asimismo, se oponen a la bajada de impuestos por considerarlo «antisocial», cuando estos los pagan sobre todo las clases medias, y sin embargo una reducción de tipos impositivos cuando son excesivos, como es el caso español, impulsa el trabajo, la producción, el crecimiento, la recaudación y el bienestar del conjunto de la sociedad. Afortunadamente, se han bajado los de los hidrocarburos, los del gas y los de la electricidad a pesar del insólito plante inicial de parte del Consejo de Ministros; para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Los economistas que asesoran a algunos miembros del Gobierno deberían saber que las ayudas a las personas más desfavorecidas se deben realizar directamente a la renta, como el impuesto negativo sobre la renta, que propuso Friedman, pero no mediante la regulación de las tarifas. Este tipo de medidas suelen provocar redistribuciones perversas, puesto que el consumo de los ciudadanos con más renta suele ser más alto que el de los de menor renta y por tanto se aprovechan más de esos precios topados.

La asignación de los recursos, es decir, ¿qué producir, cuánto y cómo?, se puede realizar a través de la planificación centralizada o mediante el mercado. En el primer caso, un grupo de dirigentes toma esa decisión que afecta al conjunto de los ciudadanos, mediante la realización de planes de producción y consumo, estableciéndose tarifas para su venta. Dichas tarifas pueden estar muy por encima o ser inferiores a los costes de producción y distribución, y no responden en absoluto a criterios de demanda o de escasez relativa, sino que son tan solo decisiones políticas y no económicas.

Los planes quinquenales de la antigua URSS fueron el paradigma de la planificación centralizada; y la falta de incentivos a la producción provocó grandes escaseces que se regulaban mediante colas e insatisfacción generalizada. El comunismo cayó por sus propias contradicciones; justo lo contrario a lo que predijo erróneamente Carlos Marx para el capitalismo. Este hundimiento lo explicó perfectamente mi maestro, el profesor Requeijo, cuando afirmaba que el modelo comunista incentivaba el absentismo y la baja productividad, frente al incentivo personal que favorece el capitalismo. Las políticas económicas comunistas son muy rígidas para poder introducir cambios rápidos, algo imposible de sostener en la realidad presente del mundo.

«En España asistimos a un creciente intervencionismo del Estado en la actividad diaria de las personas y las empresas»

Sin embargo, con estos fracasos históricos contrastados empíricamente, también en los últimos años de nuestra Segunda República, en España seguimos asistiendo a un creciente intervencionismo del Estado en numerosos campos de la actividad diaria de las personas y las empresas. Se han controlado empresas privadas como Telefónica, aprobado subvenciones al consumo sin discriminar en función de la renta, intentos de fijación de precios que las empresas pueden aplicar a sus productos, impuestos a los llamados «beneficios extraordinarios» de la banca o de las empresas energéticas. El Gobierno ha establecido más de 140 modificaciones fiscales desde que llegó al poder para subir los impuestos o crear nuevas tasas tributarias, estableciendo un sistema fiscal confiscatorio que cercena el esfuerzo, la competitividad y la libertad.

En contraposición a la planificación centralizada, el mercado es el lugar de encuentro donde oferentes y demandantes de factores, bienes y servicios acuden libremente y deciden qué cantidad se transacciona a un precio establecido, en función de las escaseces relativas de los mismos. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y viceversa. Además, debe existir la libre entrada y salida de oferentes y demandantes, con lo que cuando los precios suben se incentiva un incremento de la oferta y viceversa. El mercado se perfecciona cuanto mayor sea el número de participantes en éste.

Para favorecer la competencia que beneficia a todos los consumidores y a las empresas eficientes, ante situaciones de monopolio o de oligopolio tanto en la oferta como en la demanda, las instituciones reguladoras deben favorecer la entrada de nuevos operadores, para mejorar la eficiencia del conjunto de los productores; puesto que los ineficientes son expulsados del mercado. Se trata del proceso de «destrucción creativa» que formuló Joseph Schumpeter, y el hueco que dejan será cubierto por nuevas empresas mucho más productivas, que deben ser privadas.

Sin lugar a duda, existen algunos fallos de mercado por motivos medioambientales, de falta de producción o de deficiente asignación de recursos, que han llevado a una creciente intervención del sector público en la actividad económica, en países capitalistas. Sin embargo, se ha demostrado que los fallos del sector público son mayores y además, concentran todos los esfuerzos en la misma dirección, con lo que, en caso de fallar las medidas implementadas, se amplifica el error.

«Para impulsar el mercado y mejorar la eficacia del sistema se deben privatizar las empresas públicas»

La competencia en los mercados se realiza por precio siendo más barato que los demás participantes, y también por calidad y diferenciación de los productos, por lo que se impulsa la innovación y el progreso. Say demostró que en muchos casos la oferta genera su demanda, «consumo inducido», lo que da lugar al desarrollo de nuevos bienes y servicios. Actualmente, muchos de los nuevos productos ofertados, están vinculados a la economía digital. Asimismo, las tecnologías de información y comunicación favorecen la competencia a nivel global; especialmente en algunos servicios, puesto que las mano de obra puede «emigrar a través de la red» en tiempo real, lo que representa un perfeccionamiento de los mercados de servicios, que tradicionalmente eran muy locales por requerir que oferentes y demandantes coincidieran en tiempo y lugar.

En un auténtico mercado en competencia no deben concurrir las empresas públicas, puesto que suelen gozar de privilegios que penalizan a las demás participantes y además, en la mayoría de los casos suelen ser menos eficientes que la empresa privada. Es más, para impulsar el mercado y mejorar la eficacia del sistema, se deben privatizar las empresas públicas.

En los países donde mejor funciona el mercado, se crea más empleo, se reduce la pobreza, la economía crece más intensamente y mejora el bienestar del conjunto de la sociedad, que contrasta absolutamente con lo que sucedió en antiguos países comunistas o en los que todavía se mantienen con este régimen.