Los veterinarios alertan de inseguridad jurídica en la nueva ley de protección animal
El colegio madrileño elabora un informe en el que denuncia «vaguedades» en el anteproyecto presentado por el Ministerio de Derechos Sociales
Dos veterinarias reconocen a un perro. | Eduardo Parra (Europa Press)
Los veterinarios madrileños están preocupados. Un informe elaborado por el Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema) advierte de «vaguedades e indefinición» en el anteproyecto de ley de protección animal presentado por el Ministerio de Derechos Sociales. El documento alerta de que los supuestos relativos al sacrificio y a la eutanasia de las mascotas puede producir «una situación de inseguridad jurídica» debido a la «interpretación poco definida» de lo que puede considerarse evitar el sufrimiento y enfermedades o heridas incurables.
Colvema ha realizado un amplio informe en el que aborda las cuestiones relativas al anteproyecto, en fase de exposición pública. El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, es fruto de las aportaciones de los miembros de la Junta de Gobierno y la colaboración de los profesionales María José Montes y Juan María Josa. En sus 22 páginas se analizan aspectos relacionados con el papel del veterinario, las colonias felinas y los animales urbanos, pero también con los centros de protección animal y otros más polémicos como el sacrificio o la eutanasia.
«Puntos deficientes»
Las conclusiones se han enviado al Consejo General de Colegios Veterinarios de España para que presente las alegaciones oportunas. Los profesionales madrileños entienden que la ley no les toma en consideración a pesar de su capacitación para garantizar la salud y el bienestar animal. El Consejo, sin embargo, no ha tomado aún una posición oficial. Un portavoz del ente reconoce que la nueva norma trata ciertas cuestiones con poco rigor científico. «Incluye puntos deficientes, como la castración sistemática, y otros positivos, como la creación de un inventario de colonias felinas».
La nueva normativa busca crear un marco común que ponga fin a las disparidades que supone contar con 17 leyes autonómicas. El anteproyecto está dirigido a mascotas, por lo que no contempla especies dedicadas a la producción alimentaria, la ganadería y la tauromaquia. Entre las medidas que recoge destaca la prohibición de vender animales en tiendas, la eliminación del listado de perros potencialmente peligrosos y la creación de un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía.
Uno de sus objetivos principales es alcanzar el sacrificio cero, un escenario poco factible teniendo en cuenta que cada año se abandonan unas 300.000 mascotas en España. Muchas van a parar a centros de protección, pero si nadie las reclama, en cuestión de semanas son eliminadas con eutanasias injustificadas. La nueva norma solo contempla el sacrificio para evitar el sufrimiento, en caso de enfermedad o heridas incurables y de seguridad, pero nunca por cuestiones económicas, de espacio o de edad. En cualquier caso, se realizarán bajo criterio y control veterinario.
Colvema considera que la opción de la eutanasia o el sacrificio plantea inconvenientes, ya que los animales pueden tener alguna posibilidad de tratamiento, con mejor o peor pronóstico, pero «es necesario tener en cuenta si dicho tratamiento es viable en las condiciones en las que se encuentra el animal en un centro de acogida o que los propietarios cuenten con recursos económicos para ello o sus circunstancias lo permitan».
«La eutanasia es un acto clínico, por lo que hay que tener las cosas claras. El texto adolece de cierta vaguedad. Hay enfermedades con tratamiento paliativo, pero, ¿qué pasa cuando el propietario no puede acceder a ellos?», se pregunta Manuel Lázaro, veterinario y vocal de Colvema. En su opinión, la ley trata ciertas cuestiones de manera ambigua y no entra en asuntos técnicos, «que es lo que debería hacer». Argumenta que ya en el preámbulo del texto se habla de elementos éticos, cuando «los criterios de bienestar animal son objetivos».
Temas ideológicos
Lázaro sostiene que los veterinarios son los únicos que pueden valorar ese bienestar, pero que la normativa no les ofrece elementos para hacerlo. «El anteproyecto incluye más temas ideológicos que técnicos y relega al profesional frente a otras entidades de protección, que hacen una labor estupenda, pero no cuentan con elementos científicos para determinar», insiste. El vocal de Colvema reconoce que será muy difícil que la ley de protección animal entre en vigor en esta legislatura. En caso de hacerlo, sostiene, será muy probable que sufra modificaciones. Espera que entre ellas se encuentren las demandas de su colegio.
Los veterinarios no han sido los únicos en mostrar reticencias a la nueva normativa. Asociaciones de caza de toda España se reunieron a finales de noviembre en Madrid para hacer frente a los proyectos normativos que, en su opinión, amenazan la forma de vida del mundo rural, como la ley de protección animal y el Real Decreto de Ordenación de Núcleos Zoológicos. No descartan realizar movilizaciones.
La Fundación Artemisan, que promueve la gestión y la conservación de especies de fauna y flora, defiende la necesidad de actualizar la normativa para garantizar el bienestar de los animales, «pero nunca en base a criterios ideológicos y dando la espalda a los numerosos sectores productivos, profesionales, económicos y sociales que ya han mostrado su rechazo a los proyectos planteados». Las organizaciones animalistas, en cambio, la han recibido gratamente. Cristina Ibáñez, de AnimaNaturalis, considera que las leyes siempre son mejorables, pero que el «bloqueo» del sector cinegético solo responde a que «no quieren perder privilegios».
El Congreso de los Diputados ya aprobó el 2 de diciembre una nueva normativa por la cual los animales pasan de ser considerados cosas a «seres sintientes». Un hito histórico acordado en 2017 que contó con el apoyo de todos los partidos políticos salvo Vox, que votó en contra, y el PP, que se abstuvo.
