Los condenados del ‘caso ERE’ urgen al Supremo a resolver sus recursos para ir al TC
Los incidentes de nulidad permitirían acudir al Constitucional y alegar que se han vulnerado los derechos de los acusados para dejar sin efecto la sentencia
El exconsejero de Empleo de Andalucía, José Antonio Viera. | María José López (Europa Press)
El caso ERE entra en una nueva fase. Los condenados ya han ingresado en la cárcel, casi 12 años después de que se iniciara la investigación. Los recursos para aplazar la ejecución de las penas han sido en vano. Solo José Antonio Griñán y otro ex alto cargo de la Junta de Andalucía han podido demorar los plazos tras solicitar una suspensión temporal por enfermedad. La defensa de los acusados reclama ahora que el Tribunal Supremo resuelva los incidentes de nulidad, lo que permitiría llevar el asunto al Tribunal Constitucional para tratar de dejar sin efecto la sentencia. No sucederá antes del 9 de enero.
El Supremo admitió a trámite los incidentes de nulidad el 18 de noviembre, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. La decisión abría la puerta a la suspensión temporal de las condenas. Así lo pedían los acusados en sus recursos. Sin embargo, el alto tribunal no se ha pronunciado aún. Eso, unido a que la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó los recursos de súplica, hizo que los condenados hayan tenido que personarse en un centro penitenciario antes de la medianoche del 2 de enero.
Los abogados llevan mes y medio pendientes del Tribunal Supremo. Reclaman que se pronuncie «lo antes posible» sobre los incidentes de nulidad. Es la única manera de iniciar una nueva maniobra, esta vez en el Constitucional. También cabe la posibilidad del indulto, pero los trámites apenas han comenzado y el Gobierno no es partidario de otorgar esta medida de gracia.
La decisión del Supremo
«Hasta que resuelva el Supremo no tenemos plazo de amparo», admite uno de los letrados de los condenados por el caso ERE. El alto tribunal debe dar traslado de los escritos a la Fiscalía, que también debe pronunciarse. No lo hará antes del 9 de enero, cuando vuelven a funcionar los juzgados a pleno rendimiento tras el periodo inhábil de Navidad aprobado recientemente.
La defensa alega que el proceso judicial supuso una indefensión para sus clientes. Sostienen que, entre otras cosas, vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva, como establece el artículo 24.1 de la Constitución. Griñán fue uno de los que solicitaron el incidente de nulidad. Su abogado, José María Calero, afirma que el modo de pronunciar la sentencia en dos actos separados provocó que su defendido «tuviera la condición de condenado sin sentencia».
Calero sostiene que el recurso interpuesto en septiembre contradice la pasividad que los magistrados atribuyen a Griñán porque los documentos «permiten asegurar que todo lo que solicitó cada año la intervención lo elevó a ley». Además, considera que la sentencia vulnera el derecho de defensa porque «el tribunal de Sevilla comenzó el juicio diciendo que las ayudas no formaban parte del derecho de enjuiciamiento para finalmente utilizar las ayudas para construir la sentencia por malversación».
El incidente de nulidad es un requisito necesario para llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional. Si el Supremo lo estima, los abogados podrían alegar que la sentencia vulneró principios constitucionales. En ese caso, se repondrían las actuaciones judiciales al estado inmediatamente anterior al defecto y se seguiría el procedimiento legalmente establecido. Esa fórmula supondría dejar sin efecto parte de la sentencia, por lo que los condenados podrían abandonar la cárcel o reducir sus penas.
La posibilidad del indulto
«No es sencillo. Lo más probable es que el Supremo reproduzca la sentencia», reconoce uno de los abogados. En ese caso, la única fórmula para que recuperen la libertad será el indulto, opción que descarta el Gobierno por el alto coste electoral que acarrea. Especialmente, después de reformar el Código Penal para eliminar la sedición y rebajar los delitos de malversación.
De momento, todas las maniobras para que los acusados por el caso ERE eludan la cárcel han resultado infructuosa. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla emitió el 22 de diciembre un auto en el que desestimaba los recursos de súplica de los condenados para suspender el ingreso en prisión. Les dio 10 días naturales para ingresar en un centro penitenciario, plazo que finalizó la pasada medianoche.
La primera que acudió fue la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que se personó el miércoles en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Debe cumplir seis años de prisión. Un camino que siguió el día de Año Nuevo Antonio Fernández, condenado a siete años y 11 meses. En la mañana de este lunes lo hacía otro exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, castigado a siete años. El primero optó por la prisión gaditana de Puerto III mientras que el segundo escogió la de Huelva.
Francisco Vallejo, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano han ingresado también este lunes en la cárcel. Lo hacían poco después de las 18.00 horas en la prisión de Sevilla I acompañados por sus familiares. Los tres ocuparon puestos prominentes en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de donde partieron las ayudas fraudulentas. Quienes regatearán por el momento la prisión son Agustín Barberá Salvador y Griñán, que han esgrimido padecer una grave enfermedad para demorar los plazos.
Informes forenses
La Audiencia Provincial de Sevilla ya aplazó el ingreso en prisión de Barberá, que fue viceconsejero de Empleo en la Junta de Andalucía. Lo hizo «hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su representación en base al artículo 80.4 del Código Penal, estando pendiente de informe médico forense». El mismo al que debe someterse Griñán, condenado a seis años, que adujo padecer un cáncer de próstata para sortear la cárcel.
El informe forense debe realizarlo el Instituto de Medicina Legal, que podría someter a pruebas médicas al expresidente andaluz o dar por buenos los documentos que ha presentado su abogado. Este sostiene que las pruebas realizadas a Griñán, de 76 años, confirman que el «alto riesgo» de la enfermedad que padece, por la que ya ha iniciado un tratamiento que podría «fracasar» en prisión y «reducir su expectativa de vida».
