Andalucía construirá su cuarta desaladora en el Levante almeriense
La inversión, que forma parte del Real Decreto aprobado el pasado 11 de mayo, asciende a los 100 millones de euros
Desaladora de agua. | Li Ziheng (Xinhua News)
El Gobierno ha incluido a la costa andaluza en su paquete de ayuda contra la sequía. 100 millones de euros será el costo de la instalación de la cuarta desaladora en el Levante almeriense. La Junta de Andalucía será la responsable de establecer la ubicación de esta desaladora, al poseer las competencias de la cuenca intracomunitaria.
Esta medida forma parte del Real Decreto-Ley (RDL) 4/2023, de 11 de mayo, cuyo objetivo es tratar de paliar la escasez de agua dulce existente. La sociedad estatal Acuamed será la encargada de poner en marcha la construcción de esta cuarta desaladora. Además, Acuamed también estará involucrada en la reparación de la desaladora ubicada en Bajo Almanzora y en la ampliación de las plantas fotovoltaicas en Carbonera y Campo de las Dalias.
Las tres instalaciones que se encuentran en reparación permitirán aumentar aproximadamente unos 30 hectómetros cúbicos al año de agua desalada. Este incremento permitirá el abastecimiento al sector agrícola y también a una población estimada de medio millón de personas. A ello habrá que sumarle la nueva desaladora impulsada por el Gobierno que sigue a la espera de que la Junta de Andalucía decida su ubicación. Todo este esfuerzo incrementaría en un 54% los hectómetros cúbicos de agua desalada.
Las ayudas ante el problema de sequía existente en España llegan poco a poco. El pasado 11 de mayo se conocía el paquete de ayudas por valor de 2.190 millones de euros para el sector agrario, para el que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aportará 1.400 millones. A través de una nota de prensa y más tarde en el BOE, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico anunciaba también la construcción de las desaladoras en Málaga y en el Levante almeriense.
Las medidas por parte del gobierno de Sánchez trae sus dudas en el sector. Según adelantaba Ideal, Fernando Rubio, presidente de la comunidad de regantes El Saltador de Huércal Overa, asegura que quedan en el aire detalles importantes sobre la realización de este proyecto hídrico. Mientras que en la nota de prensa se hace referencia a «una obra de interés general», en el anexo del BOE aparece como «obra prioritaria».
La diferencia es importante ya que, según explica Fernando Rubio a Ideal, las obras de interés general son pagadas completamente por parte del Ministerio correspondiente. El proceso es rápido y se establece un precio para todas las desaladoras. En el caso de las desaladoras de las de «interés prioritario» existiría la posibilidad de que los regantes tuvieran que pagar por metro cúbico de agua.
¿Desaladoras como solución?
Los expertos también discrepan sobre si este tipo de soluciones sirven para paliar la situación de sequía existente en España. Ángel Aguilera, ecólogo marino y ambientólogo ha aclarado a THE OBJECTIVE: «La construcción de desaladoras no es una solución de las que consideraríamos ‘adaptativas’ al cambio climático. El enorme consumo energético, el económico asociado para el ciudadano, y el impacto ambiental de estas plantas no es despreciable. Otro peligro de estas acciones es que sientan precedentes para otras poblaciones y marcan una senda de políticas que no van a ayudar a resolver el problema de fondo, sino a empeorarlo».
La primera desaladora en España se constituyó en Lanzarote en 1964. La gran ventaja de estas plantas es que permiten obtener recursos hídricos independientemente de las precipitaciones. Sin embargo, el principal problema es el gran consumo energético que producen, así como el impacto medioambiental que pueden tener. El reto en estos años será encontrar la manera de desalinizar agua reduciendo al mínimo el coste energético.
Ángel Aguilera afirma que, teniendo en cuenta los impactos y requerimientos, la solución que se pone sobre la mesa por parte del Gobierno no parece muy acertada: «Tenemos los ríos -nuestra fuente natural de agua dulce desde que existimos- sobreexplotados para agricultura y contaminados con nuestros desechos. Y en vez de arreglarlos gastamos más dinero, energía, infraestructuras, y alteramos los ecosistemas. Si lo piensas, es muy poco inteligente. Sobre todo si introducimos el factor crisis energética europea en la ecuación. La medida, además de poco sostenible, no es estratégica», concluye el ambientólogo y ecólogo marino.
Almería, además, es la provincia que más fondos ha obtenido del Plan de Recuperación. Con un total de 80 millones de euros distribuidos en nueve actuaciones, el objetivo principal es modernizar las infraestructuras de regadío y así mejorar el aprovechamiento del agua en el sector agrícola.
