Denuncian por vía penal a la alcaldesa que frenó las exhumaciones del Valle de los Caídos
Las familias de las víctimas acusan a la regidora de San Lorenzo de El Escorial de un delito de prevaricación administrativa. Podría enfrentarse a una inhabilitación
Dos personas visitan el Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
Los familiares de las víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos dan un paso adelante. Han decidido denunciar por la vía penal a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial. La acusan de un posible delito de prevaricación administrativa. Un juzgado reconoció en 2016 el derecho de los descendientes a darles una «digna sepultura». Sin embargo, los trabajos llevan seis años varados. Una asociación solicitó detenerlos con medidas cautelares y el Ayuntamiento suspendió la licencia urbanística hasta que la sentencia fuese firme. La regidora, Carlota López (PP), podría enfrentarse a una inhabilitación para cargo público de entre nueve a 15 años.
El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a 60 víctimas enterradas en la cripta del Valle de los Caídos. El Ayuntamiento de la localidad madrileña dio luz verde a la licencia urbanística en junio, pero meses más tarde, en noviembre, la suspendió en virtud a un requerimiento judicial. La Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica había solicitado a un juzgado detener el proceso con medidas cautelares.
«No entiendo por qué motivo esa asociación pidió parar los trabajos. No es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de reparación. Nosotros solo queremos recuperar a nuestros familiares», se lamenta Silvia Navarro, sobrina-nieta de una de las víctimas. Su tío, José Antonio Marco Viedma, fue inhumado en el Valle de los Caídos «tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver» en la fosa común del Cementerio Municipal de Calatayud (Zaragoza).
La cripta del Valle de los Caídos
Los descendientes de republicanos enterrados en la cripta del Valle de los Caídos han enviado una carta a la alcaldesa para pedirle que autorice una nueva licencia que agilice las exhumaciones. Dicen que llevan meses solicitándolo sin obtener respuesta, por lo que achacan a la regidora, Carlota López, un posible delito de prevaricación administrativa. El artículo 404 del Código Penal establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público».
La Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ya anunció hace unos días que iba a denunciar a la alcaldesa por un delito de prevaricación administrativa. Ahora son los propios familiares los que han decidido dar el paso. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial guarda silencio.
El informe jurídico que sirvió para suspender la licencia, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, concluye como «desfavorable en este momento procesal», la solicitud formulada por Patrimonio Nacional para iniciar las labores de exhumación. Los familiares creen que el documento no es concluyente jurídicamente y resaltan que esté firmado por una secretaria accidental.
«La decisión de la alcaldesa impide y cortocircuita una decisión judicial. Se pone de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias», subraya Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. En su opinión, se dan las condiciones para llevar a la regidora al juzgado. Sánchez resalta que la licencia ya estaba concedida. «Alegan que existe un recurso, pero nos parece un argumento básico. No tiene sentido que se incumpla una sentencia anterior. No se tiene en cuenta el daño humano que se está causando».
Sánchez pone de manifiesto que los descendientes de las víctimas son personas mayores y que muchas fallecen sin conseguir su propósito. En estos seis años lo han hecho al menos seis familiares. Entre ellas Manuel Lapeña, de 97 años, que murió hace uno tras toda una vida luchando por recuperar los restos de su padre y de su tío.
Mercedes Abril, de 88 años, y Francisca González, de 85, no quieren que a ellas les pase lo mismo. Quieren recuperar el cuerpo de sus padres antes de perecer. En el mausoleo franquista reposan los restos óseos de 33.833 personas, un tercio enterrados de forma anónima y sin el conocimiento de sus familias.
