El bloque conservador del CGPJ rechaza al candidato progresista para el Constitucional

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a que el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés sea nombrado para el Constitucional, pese a ser el candidato elegido por el sector progresista y consensuar ambas partes en el inicio de las negociaciones que no habría vetos entre ellos.

Los vocales conservadores defienden, además, que no habrá nombramientos para renovar el Constitucional hasta que el Supremo resuelva si suspende la designación de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial.

De esta forma, no se esperan avances significativos en la reunión entre progresistas y conservadores de este miércoles para renovar el TC, por varios motivos que complican las negociaciones.

Pablo Lucas en lugar de Bandrés

Fuentes del bloque conservador explican a Efe que Bandrés es un excelente magistrado, con una magnífica hoja de servicios y 19 años de experiencia en el más alto tribunal del país, pero entienden que el Constitucional necesita otro perfil distinto en estos momentos.

Y aquí las fuentes prefieren al magistrado del Tribunal Supremo encargado del CNI, Pablo Lucas, que era el otro candidato favorito de los progresistas, quienes finalmente se decantaron por Bandrés.

Al respecto, las fuentes son conscientes de que hablaron de que no habría vetos porque son magistrados del Supremo y, por tanto, el acuerdo pasaba porque cada bloque iba a proponer a un candidato, ya que a todos se les presupone un currículum excelente.

No obstante, recuerdan que ahora «no es el momento de imponer un candidato», sino que hay que «consensuar los nombres entre todos los vocales», para lograr una mayor cohesión del Consejo y evitar una imagen politizada de los nombramientos, aunque en ningún momento sostienen que Bandrés haya quedado descartado, pues aún están negociando y la posición no es unánime, sino mayoritaria.

Los conservadores piden a Llarena

Para nombrar a los dos magistrados se precisa un mínimo de 11 votos, lo que requiere el pacto entre conservadores y progresistas, que cuentan con ocho vocales por cada bloque, si bien luego están los moderados Vicente Guilarte y Wenceslao Olea que completan los 18 vocales actuales.

Luego, por otro lado, están los nombres de los candidatos de los conservadores, que disponen de una lista de cinco magistrados en la que parten como favoritos los magistrados de la Sala de lo Penal Julián Sánchez Melgar y Pablo Llarena.

Sin embargo, las fuentes no detallan si darán cuenta formalmente de su lista a los progresistas, pues hay voces que sostienen que no hay que desgastar a nadie mientras se espera la decisión del Supremo, que es la principal justificación para dilatar los nombramientos.

Desde el sector progresista, consideran, sin embargo, que hay que nombrar ya, como tarde en el pleno del 24, pero son conscientes de que no pueden hacerlo sin acuerdo con los conservadores, por lo que todo queda condicionado nuevamente por estos últimos.

Mozo marca el ritmo del CGPJ

Las fuentes consultadas dejan claro que los nombramientos están condicionados a la decisión que adopte la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la medida cautelar propuesta por el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, en sendos recursos contra el nombramiento de Mozo.

«Hasta que no se resuelva la cautelar, no habrá nombramientos», aseguran las fuentes, que destacan que existe unanimidad entre los vocales conservadores para esperar al fallo del Supremo.

Esto es así porque entienden que, si nombran antes de que el Supremo resuelva la cautelar y, después, se diera el caso de que el alto tribunal suspendiera el nombramiento de Mozo, entonces todos los acuerdos adoptados desde su elección serían nulos, incluidos los nombramientos de los dos magistrados del Constitucional.