España tendrá que pagar otros 300 millones por la retirada de primas a las renovables
El fallo a favor de la alemana E.ON eleva a 26 las condenas, lo que supone una deuda de más de 1.600 millones de euros
Aerogeneradores en un parque eólico de California, Estados Unidos. | Ian L. Sitren (Zuma Press)
La corte arbitral del Banco Mundial vuelve a condenar a España por el recorte a las primas de las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) obliga a nuestro país a indemnizar con más de 300 millones de euros a la multinacional alemana E.ON, lo que supone la vigésimo sexta resolución a favor de las demandantes. En total, el montante asciende a 1.600 millones, aunque el Gobierno mantiene su decisión de no pagar. La negativa ha supuesto que diferentes tribunales del Reino Unido y Australia hayan abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios.
El tribunal, presidido por Mark A. Kantor, emitió el laudo el pasado jueves, aunque la resolución se ha conocido este viernes. El fallo espalda la reclamación de E.ON, que solicitó una compensación de 324,7 millones por la retirada retroactiva de primas a las renovables. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios.
El conflicto con E.ON se remonta a 2015, cuando la compañía puso en marcha una denuncia invocando el Tratado de la Carta de la Energía auxiliado por la representación legal de Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. El monto final de la indemnización reconocida no se conocerá hasta dentro de unos días, pero fuentes conocedoras del caso apuntan a que el tribunal ha respaldado en torno al 90% de las exigencias del gigante eléctrico alemán.
Deuda por las renovables
Con este fallo son ya 26 las condenas en contra de España por la retirada de primas a las renovables. Más de la mitad de los casos que han llegado al Ciadi. Otra docena siguen aún esperando resolución, pero la deuda con las empresas del sector supera ya los 1.600 millones de euros, una cantidad a la que hay que sumar los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos en consultores y abogados. Nuestro país se resiste a abonar las indemnizaciones, lo que supone que comparta el liderato con Venezuela como el país con más laudos pendientes de pago.
El Estado que más monto adeuda es Rusia, 60.100 millones. Le siguen, muy lejos, Venezuela (7.100) y España (1.600, a los que habría que añadir otros 250 millones en condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados). La negativa de nuestro país a pagar llevó a algunas empresas a elevar la cuestión a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos.
La justicia británica ha autorizado el embargo cautelar del derecho a cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (valorado en 900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria estatal y la oficina para la promoción económica del Gobierno de Cataluña. Las compañías perjudicadas ya han anunciado que iniciarán nuevos procedimientos en Israel y Suiza, lo que podría suponer más incautaciones.
Para no pagar la deuda, el Gobierno de Pedro Sánchez apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho de la UE.
La Comisión Europea anunció en julio su intención de abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético. No obstante, los países miembros de la UE han asumido en los últimos años numerosas indemnizaciones similares a las que ahora se reclaman a España por las renovables. Polonia zanjó el expediente Achmea desembolsando casi 4.000 millones de euros; Alemania pagó 1.365 millones para saldar el caso Vattenfall y Rumanía desembolsó unos 200 por el caso Micula.
