Un juzgado abre diligencias contra la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción
Entre las primeras medidas ordenadas por el juez Peinado se incluye la citación de varios testigos
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. | Jon Imanol Reino (Gtres)
Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, para investigar sus vínculos con diversas empresas privadas que posteriormente obtuvieron contratos y fondos públicos del Gobierno dirigido por su esposo, según según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha adelantado El Confidencial. El caso, que está bajo la supervisión del juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción número 41 en Plaza de Castilla, estudia la posible realización de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Entre las primeras medidas ordenadas por el juez se incluye la citación de varios testigos.
En los últimos dos meses, tras la aparición del caso Koldo, Begoña Gómez ha estado en el centro de la atención debido a sus conexiones empresariales y personales. Una de las razones ha sido sus reuniones con Globalia justo antes de que el Consejo de Ministros aprobara un rescate para Air Europa, valorado en 475 millones de euros. Este grupo, vinculado a la familia Hidalgo, que entonces empleaba a Víctor de Aldama, principal intermediario en el escándalo de las mascarillas, recibió también apoyo gubernamental para rescatar otro de sus negocios, Ávoris, sumando un total de unos 1.000 millones de euros durante la pandemia.
Los vínculos entre la esposa de Sánchez y Globalia se remontan a tiempo atrás. En 2019, esta empresa del sector turístico lanzó Wakalua, una iniciativa para fortalecer relaciones e incrementar su influencia en esferas de poder. Dicha empresa fue establecida con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo y tenía su sede en uno de los centros tecnológicos de Barrabés, quien ha sido colaborador en el proyecto académico que actualmente dirige Begoña Gómez. Además, tal y como recuerda El Confidencial, en 2020, el IE Africa Center dirigido por la mujer de Pedro Sánchez firmó un acuerdo de patrocinio con Globalia. Durante el mismo periodo, ella mantuvo esas reuniones en privado con Javier Hidalgo, CEO del grupo turístico, en las oficinas de la empresa.
Firmas avaladas por Gómez
En el contexto de la pandemia, la UTE formada por The Valley Digital Business School e Innova Next, la consultora del emprendedor tecnológico Carlos Barrabés que diseñó el máster dirigido por Begoña Gómez, obtuvo un importante contrato de 5,8 millones de euros, aunque su valor inicial era de 7,7 millones, financiado con fondos de la UE. Lograron este contrato a pesar de enfrentarse a algunos de los principales competidores de la industria.
Según reveló El Confidencial, la UTE, integrada por una pequeña y una mediana empresa, contó con la recomendación de Begoña Gómez. No solo superó varios requisitos, sino también recursos legales interpuestos por sus competidores, destacando el caso de la empresa gallega NT For Learning, que tenía fuertes posibilidades de ganar algunos de los lotes del contrato. Esta empresa argumentó que las empresas apoyadas por Gómez no cumplían con los planes de igualdad, un requisito que sí fue exigido al resto de los aspirantes.
El detalle de la contratación, al que pudo acceder de THE OBJECTIVE, indicaba que estas dos empresas, que en el momento de la licitación contaban con 60 trabajadores –Innova– y seis empleados –The Valley–, dejaron fuera a importantes multinacionales. Everis, ahora NTT Data, sexta compañía de servicios TI del mundo; DXC Technology y el gigante suizo Adecco, quedaron descolgadas.
Denuncia de Manos Limpias
La denuncia que ha motivado la apertura de estas diligencias fue presentada por el sindicato Manos Limpias, liderado por Miguel Bernad, quien fue absuelto recientemente por el Tribunal Supremo tras una condena previa. La querella pide que se cite a Begoña Gómez como investigada y se recaben diversos documentos, incluidas las cartas de recomendación que favorecieron a Barrabés y los expedientes de los contratos adjudicados.
Los delitos señalados están relacionados con influencias indebidas en funcionarios públicos para obtener beneficios económicos, según el artículo 429 del Código Penal, y la corrupción en el sector privado, conforme al artículo 286 bis del mismo código, que sanciona tanto la oferta como la aceptación de beneficios no justificados para favorecer a una parte en detrimento de otras.
