El Supremo imputa a García Ortiz e investiga por primera vez a un fiscal general
El Tribunal indagará en la revelación de secretos denunciada por la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso
Álvaro García Ortiz. | Carlos Castro (Europa Press)
El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos denunciado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Esta es una medida inédita porque es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público, como ha adelantado Europa Press.
La decisión llega a pesar de que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, mostrara su oposición a que el alto tribunal investigara a su jefe, García Ortiz. Sánchez-Conde entendía que los hechos no eran «constitutivos de delito» y pedía «archivar las actuaciones».
Sin embargo, el Supremo ha estudiado la exposición razonada que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó el pasado julio tras recibir la querella que presentó Amador contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Tras ello, ha diferido del criterio de la Fiscalía y sigue adelante con la imputación de García Ortiz.
Ahora, el Supremo investigará la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid exponía el cruce de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. La pareja de Ayuso llevó este comunicado, del que García Ortiz asumió toda la responsabilidad, a los tribunales.
En su momento, el TSJM manifestó que la difusión de esta nota no iba acorde a la «alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» –desmentir un bulo– porque, según consideró, «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».
Por el contrario, la Fiscalía defendió que «dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado González Amador».
El Ministerio Público insistió en que «ningún extremo de los contenidos en la nota informativa» era «desconocido» cuando se hizo pública. «Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad», alegó en su momento.
