Últimas noticias sobre Tribunales y justicia en España.
Taiwán ha sido el primer país asiático en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El tribunal constitucional se basa en que las leyes que prohíben el matrimonio gay violan los artículos de la constitución de la República China, por las que se rige el país.
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un «beneficio económico no justificado» de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra. Así lo determina un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso la agencia EFE, que señala esta fecha como el año en que la familia puso en marcha el plan para esconder «grandes sumas de origen desconocido».
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, a los que ha impuesto una fianza de casi 500 millones de euros, que se sentarán en el banquillo junto a Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominado ‘caso Nueva Rumasa’.
El español Artur Segarra ha sido condenado este viernes a la pena de muerte por un tribunal tailandés, que le ha declarado culpable por el asesinato premeditado en Bangkok de su compatriota David Bernat y de otros 12 delitos que se le imputan.
La Audiencia Provincial de León ha condenado este martes a Miguel Ángel Muñoz Blas a 23 años de cárcel por el asesinato y robo con violencia en 2015 de una turista estadounidense que hacía el camino de Santiago.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica legaliza el comercio con cuerno de rinoceronte en el territorio nacional, rechazando así el recurso del Gobierno de mantener la prohibición que pesaba sobre este tipo de negocio.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado diversas diligencias en el marco de una investigación al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, «por delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en las localidades malagueñas de Puerto Banús y Marbella», ha informado este martes el órgano jurisdiccional.
El juez Scott M. Gordon, de la corte superior del condado de Los Ángeles, California, ha denegado la petición de Roman Polanski, de 83 años, para resolver el caso de abusos sexuales que le ha mantenido exiliado de EE.UU. durante más de 39 años.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado el derecho de manifestación de los militares y los guardias civiles, mediante el rechazo, a instancias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de la intención del Gobierno de que se prohiban las manifestaciones de guardias civiles y militares en defensa de sus reivindicaciones profesionales.
Un juez estadounidense ha convertido este miércoles en indefinido el hasta ahora bloqueo temporal que regía sobre el segundo veto migratorio, con el que el presidente Donald Trump pretendía prohibir la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y a refugiados.
Penelope Fillon, esposa del candidato de la derecha en las elecciones presidenciales francesas François Fillon, ha sido imputada este martes por complicidad en el presunto desvío de fondos públicos
La justicia francesa ha condenado este martes al terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido con los alias de «Carlos» y «El Chacal», a cadena perpetua por un atentado en París cometido en septiembre de 1974 en el que murieron dos personas y otras 34 resultaron heridas.
Las dificultades para el candidato conservador a la presidencia francesa en las elecciones de abril, François Fillon, no parecen tener fin después de que este martes un medio haya publicado que su mujer, Penelope, pudo haber falsificado un documento para justificar su empleo como asistente parlamentaria de su marido
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha dado a conocer sus demandas soberanistas en Estados Unidos
El Tribunal Supremo ha condenado a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por «un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa en relación a la consulta del 9-N de 2014»,
La multinacional Gas Natural Fenosa ha solicitado este miércoles el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de su filial Electricaribe
El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la semana pasada le condenó a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar una consulta independentista el 9 de noviembre de 2014, calificada ilegal por el alto tribunal.
Los familiares de 800 víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, presentaron este mismo lunes una denuncia contra Arabia Saudí por su implicación en los atentados que acabaron con la vida de 3.000 personas.
Philip Cullen es un ciudadano británico al que su pasión por coleccionar mariposas puede llevarle a la ruina. Por el momento, ha sido declarado culpable este viernes por un tribunal de su país por capturar y matar dos mariposas de una especie muy preciada y protegida, tesoro de coleccionistas.
Un tribunal japonés ha reconocido este viernes la responsabilidad del Gobierno de Japón en el accidente nuclear de Fukushima de marzo de 2011, que provocó la evacuación de miles de personas debido a la radiación que se acumuló en la zona. La denuncia de un grupo de ciudadanos japoneses ha dado su fruto y un tribunal de Maebashi, al norte de Tokio, ha declarado culpables de negligencia al Estado y a la compañía de electricidad Tokyo Electric Power (Tepco), que gestionaba la central nuclear en el momento del accidente. Ambos han sido condenados a pagar una indemnización de 38,6 millones de yenes (316.000 euros) a los demandantes.
La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles a Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación de Guatemala, del delito de asesinato de 10 presos
El ex presidente de Cataluña, Artur Mas, ha sido condenado a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar el referéndum del 9N, según la sentencia dictada este lunes por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Hazte Oír, la organización responsable del polémico autobús que circulaba por las calles de Madrid con el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, ha anunciado que cambiará el mensaje, pero que el autobús seguirá circulando a pesar de la prohibición del tribunal. “Vamos a colocar un vinilo, a colocar una pegatina gigante en el autobús para tapar esa parte, vamos a lanzar otro mensaje distinto (…) y el autobús va a seguir circulando”, ha dicho Ignacio Arsuaga, el presidente de la organización, en una rueda de prensa.
Una fuente judicial francesa citada por la agencia AFP, confirmó que este belga de 32 años de origen marroquí fue cedido temporalmente a Francia para ser imputado. Los jueces antiterroristas emitieron el 24 de noviembre de 2015 una orden de detención contra él por asesinato y pertenencia a banda armada. Los investigadores consideran que el sospechoso, que este lunes por la mañana se encontraba en las dependencias del Palacio de Justicia de París, ayudó a los autores de los atentados en la capital francesa que causaron la muerte a 130 personas.
Abrini, conocido como «el hombre del sombrero», fue detenido el 8 de abril en Bruselas y es uno de los sospechosos clave en la investigación del doble atentado del 22 de marzo cometido en Bélgica, en el que hubo 32 muertos. La misma célula yihadista perpetró ambos ataques, reivindicados por la organización terrorista del autodenominado Estado Islámico.
Los jueces siguieron el requerimiento de la fiscalía, que se pronunció hace diez días contra la extradición de los militares ante la ausencia de garantías en Turquía para celebrar un proceso justo. El tribunal ha ordenado la liberación de los ocho militares, en prisión provisional en Grecia desde que aterrizaron en helicóptero el 16 de julio en un aeropuerto en el norte del país.
Los ocho militares turcos desmintieron en múltiples ocasiones su implicación en la intentona golpista y afirmaron que decidieron huir por miedo a las represalias contra los militares. En primera instancia, un tribunal de Atenas ya había rechazado la extradición de cinco de los ocho militares, y la había autorizado para tres. Estos apelaron, al mismo tiempo que la fiscalía. Tras el golpe de julio, numerosos militares huyeron a países europeos por temor a represalias por parte del Gobierno de Erdogan.
«El procedimiento de adopción requiere una sentencia del tribunal», prosiguió, aunque rechazó aportar la identidad de los niños y del orfanato donde viven. Según los medios locales, la propia Madonna se presentó el miércoles en el tribunal de Jilongwe, en compañía de dos niños de corta edad, para ser entrevistada por un juez. La cantante estadounidense llegó a Malaui a bordo de un avión privado y reside en un ‘lodge’ en las afueras de la capital, según estos medios.
las adopciones que ya hizo en Malaui en 2006 y 2009, sus frecuentes visitas a este pequeño y pobre país de África austral han generado a veces cierta polémica.
En 2013, la entonces presidenta Joyce Banda le reprochó su comportamiento un tanto arrogante frente a las autoridades de Malaui, al exigir un tratamiento VIP y presumir de forma exagerada de su generosidad en el país. Tras la salida de Banda del poder en 2014, la estrella parece mantener una buena relación con el actual presidente, Peter Mutharika, quien ha llegado a decir que su gobierno estará «siempre agradecido por la pasión de Madonna hacia el país».
Madonna creó en 2006 la fundación Raising Malawi, y afirma haber entregado millones de dólares para financiar orfanatos y otras instituciones encargadas de atener a huérfanos en Malaui.
«La Corte Suprema dicta que el gobierno no puede activar el Artículo 50 sin una ley del Parlamento autorizándolo», han manifestado los jueces de la máxima instancia judicial del país. Una decisión que excluye que los parlamentos de Escocia, Gales y el Úlster puedan vetar, como pretendían, la ruptura con Bruselas.
Los demandantes que habían llevado el caso a los tribunales saludaron el dictamen como «una victoria para la democracia y el Estado de derecho», dijo David Green, unos de los abogados. En cambio, el gobierno expresó su «decepción» por el dictamen, que resuelve desfavorablemente el recurso, dijo el fiscal general, Jeremy Wright. «El gobierno cumplirá con la sentencia de la Corte y hará lo necesario para aplicarla», aseguró Wright.
Sin embargo, un portavoz de la primera ministra ha declarado que el ejecutivo mantiene su intención de iniciar en marzo, como muy tarde, las negociaciones de salida de la Unión Europea pese a la sentencia judicial. «Los británicos votaron a favor de abandonar la UE, y el gobierno ejecutará este veredicto, activando el Artículo 50 como estaba planeado, a finales de marzo. La sentencia de hoy no cambia esto», dijo un portavoz. May prometió activar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa en marzo como muy tarde, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del Brexit. Ahora, el gobierno tendrá que presentar al Parlamento una ley para regular los siguientes pasos a dar durante el proceso.
No se espera que el Parlamento -donde hay mayoría de proeuropeos- impida la activación del artículo 50 porque sería visto como un varapalo a la voluntad popular expresada en el referéndum del 23 de junio, pero los problemas podrían surgir más adelante, cuando exija tener voz y voto sobre los términos de la separación, todo ello en medio de una sociedad británica dividida entre romper del todo con la UE para controlar la inmigración o seguir en el mercado único. En este punto, la primera ministra adelantó la semana pasada que el Brexit incluirá también la salida del Mercado Único.
McCartney había solicitado a Sony ATV Music Publishing que reconociera las notificaciones de The Beatles en las que planeaba finalizar con los contratos de acuerdo con la legislación estadounidense pero «se negaron a dar tal confirmación», se recoge en la querella.
Un caso similar enfrentó en diciembre al grupo de pop inglés, Duran Duran, con su editora – de Sony ATV Music Publishing – ante la justicia británica. Duran Duran quería recuperar los derechos de ciertas canciones como ‘Río’ y el tema de la película de James Bond ‘A view to a kill’, pero los tribunales fallaron a favor de la discográfica argumentando que la ley estadounidense no era aplicable en Reino Unido.
Zeenat Rafiq, de 18 años, se casó con Hassan Khan y se fugó a vivir con la familia de este una semana antes de ser asesinada. El juzgado sentenció al hermano de Rafiq a cadena perpetua, pues las evidencias mostraban que tanto él como su madre le pegaron antes de que esta última le lanzara queroseno y la quemara. Tras el crimen, ningún familiar parece haber reclamado el cuerpo, según explica la policía. Así, ha sido la familia de su marido quien ha enterrado sus restos en un cementerio cerca de la ciudad de Lahore, como se puede apreciar en la imagen.
El parlamento paquistaní aprobó una legislación contra los crímenes de honor en octubre. Los daños al honor de la familia suelen estar relacionados con fugas, fraternizar con hombres o la ruptura con otros valores conservativos.
«Nunca he participado de ningún negocio», ni con Correa, ni con Jacobo Gordon, ni con otros imputados en el caso. Esta frase ha sido una de las más repetidas por Bárcenas. Sobre su relación con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, el ex dirigente del PP ha asegurado que «sí tuve una relación profesional», con él como proveedor de sus empresas de eventos y de viajes, entre 1993 hasta 2003, «año en que se rompe relación» entre el PP y Correa. La ruptura, ha asegurado Bárcenas, se produce «fundamentalmente porque en un momento determinado, al señor Correa, creo que se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía, lo bien que le iba y el nivel de relaciones dentro del PP». Correa atribuye a Bárcenas el fin de la relación contractual con el PP, algo que ha negado el ex tesorero. Fue Mariano Rajoy, presidente del PP, quien «dice que hay que dejar de seguir contratando con las empresas de Correa», ha explicado Bárcenas.
Ante las preguntas del Ministerio Fiscal sobre las contradicciones de su declaración ante el tribunal y las realizadas previamente durante la instrucción del caso, Bárcenas se ha limitado a decir que «no recuerdo a qué me refería» entonces. En todo momento ha negado que él o alguien del PP se hubiera llevado dinero de comisiones, y que las donaciones realizadas por personas y empresarios al PP «no tenían carácter finalista» y se anotaban. «Jamás, ninguna de las empresas de Correa ha recibido dinero en efectivo del PP; todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente en el partido». Y las donaciones, ha añadido, «se anotaban» por su antecesor Álvaro Lapuerta pero ha admitido que era una contabilidad «extra contable del PP, evidentemente». El ex tesorero ha negado «connivencia» con Lapuerta «sino excesivo celo» por parte de éste. «Es imposible que nadie se haya apropiado de ese dinero», ha reiterado.
Bárcenas se enfrenta a más de 42 años de prisión por asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que, según la acusación, fueron abonadas presuntamente por empresarios a la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones por parte de diferentes gobiernos del PP. Además, está acusado de haberse quedado dinero de una contabilidad paralela del partido.
El 22 de julio de 2011, disfrazado de policía, Breivik mató a 69 jóvenes, en su mayoría adolescentes, de las juventudes socialistas, que se encontraban en la isla de Utoya. Antes de la matanza en la isla, que duró una hora, Breivik había matado a ocho personas haciendo estallar un coche bomba cerca de la sede del gobierno noruego en Oslo. En agosto de 2012, el autor del ataque más sangriento en Noruega desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue condenado a 21 años de prisión que podría ser ampliada indefinidamente.
En la cárcel, Breivik se encuentra en una celda con televisión, videojuegos y aparatos de musculación. Si embargo, en abril de 2016, el Estado noruego fue condenado por trato «inhumano» y «degradante», al haberle mantenido en situación de aislamiento prolongado y separado de los otros presos, violando el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este régimen de encarcelamiento «vulnera mentalmente» al detenido, dijo su abogado, Øystein Storrvik, que exige que su cliente pueda ver a otros presos. «Estoy gravemente afectado por el aislamiento, y la radicalización es quizá la secuela más grave de mi aislamiento», ha insistido Breivik. Sus declaraciones contrastan con el retrato hecho en la víspera por el fiscal del Estado, Fredrik Sejersted, quien aseguró que el preso está «en una forma física y psicológica extraordinaria». Breivik se ha negado a expresar remordimiento por la matanza cometida en 2011.
La explosión con coche bomba se produjo junto a la puerta de entrada del edificio que utilizan a diario jueces y fiscales. Según las primeras informaciones de los medios turcos, además de los dos fallecidos, hay «6 ó 7 heridos» de diversa consideración. Sobre la autoría, el gobernador de Esmirna ha dicho que se sospecha de los rebeldes kurdos del PKK. «Las primeras pistas sugieren que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) está detrás del ataque», declaró Erol Ayyildiz a la prensa.
Turquía se encuentra en estado de máxima alerta y las fuerzas de seguridad buscan por todo el país al autor de la masacre de Fin de Año, identificado por las autoridades y que, según diversas informaciones, militó en las filas del Estado Islámico en Siria.
Ambos, que pertenecen a la ONG vasca Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos refugiados), fueron detenidos cuando se disponían a embarcarse en un ferry con una caravana donde habían escondido a ocho emigrantes de Siria, Irak, Afganistán, Pakistán e Irán. Entre ellos había una transexual y una chica embarazada. Los detenidos aseguran luchar contra la inacción de los gobiernos europeos en la crisis de los refugiados y pretendían llevarse a los ocho emigrantes a España.
El viernes fueron acusados de «transferencia ilegal de nacionales no europeos a un país miembro de la UE» y puestos en libertad bajo fianza. «La prohibición de salir del país se levantará cuando mañana se complete el procedimiento de pago de su fianza», ha dicho su abogada, que espera que el pago se haga a lo largo del jueves. De momento no se ha fijado ninguna fecha para su juicio en el que la pareja podría enfrentarse a una pena de diez años, según la legislación griega.
El texto, apoyado por la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y el de Seguridad Interior, Gilad Erdan, autoriza a los tribunales a ordenar a sitios como Facebook, YouTube o Google suprimir ciertos contenidos, ha informado la ministra en un comunicado. Esta medida podría aplicarse a contenidos subidos a la red que representen «un peligro real para la seguridad de un individuo, la pública o la del país», explica el comunicado. «La nueva ley es indispensable para disponer de herramientas que permitan actuar inmediatamente para retirar contenidos que puedan alentar actos de terrorismo o asesinatos», subrayó por su parte Erdan.
El texto suscita inquietud entre las ONGs y los palestinos, que temen que el mismo atente contra la libertad de expresión e información. Según el Instituto para la democracia en Israel, este proyecto «no tiene precedentes» en su forma actual comparado con las legislaciones de otros países en el mundo. Afirma que teme que «facilite un nivel de censura desproporcionado». Los palestinos, por su parte, temen que esta campaña conduzca hacia una censura de la información y sospechan que Israel se encuentra detrás del cierre de dos cuentas ocurrido en setiembre pasado.
Teodorín Obiang, que fue ministro de Agricultura y Bosques antes de ser promovido por su padre Teodoro Obiang Nguema en junio pasado al cargo de vicepresidente de Guinea Ecuatorial, está acusado de utilización indebida de bienes públicos, desvío de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción. La investigación, que se abrió tras las demandas presentadas por las asociaciones Sherpa y Transparency Internacional, permitió establecer que Teodorín Obiang, de 47 años, adquirió «en Francia, entre 2007 y 2011, directamente o por medio de testaferros o empresas pantalla, un patrimonio mobiliario e inmobiliario valorado en varias decenas de millones de euros». Entre los bienes figuran un hotel particular de 4.000 m2 en el distinguido distrito XVI de París, grifería bañada en oro, vehículos Rolls-Royce, Bugatti y obras de arte de la colección Yves Saint Laurent-Pierre Bergé.
Este patrimonio, constituido cuando era ministro de Agricultura, proviene del dinero «de la corrupción» y «del desvío de fondos públicos» en su país, según los jueces. El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial «siempre ha afirmado que ganó su dinero de forma legal en su país», y asegura que «es inocente», ha declarado Emmanuel Marsigny, uno de sus abogados.
Sus suntuosos gastos en Francia están muy alejados del día a día fe este pequeño país de África Central, dirigido con mano de hierro desde 1979 por el padre del procesado, en donde más de la mitad de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza.
En enero de 2016, después de años de complicada instrucción del caso Nóos dirigida por el juez José Castro, en la que no faltaron duras críticas contra su persona por haber procesado, nada más y nada menos, que a una hija y hermana de reyes, y con una fiscalía que actuó más como abogado defensor de la real imputada, se abrió finalmente juicio oral contra ella y el resto de los implicados. Frente a las presiones para evitar que la hermana del rey Felipe VI se sentara en el banquillo, la imagen finalmente se produjo y fue portada de los telediarios y periódicos de medio mundo. Está acusada de presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. «Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar más este país», dicen que comentó en un momento del juicio, según han reproducido varios medios nacionales. Y es que la infanta vive desde hace unos años en Suiza con su familia. Su marido Iñaki Urdangarín, ex jugador de balonmano metido a empresario, y su socio Diego Torres, son los principales encausados. El ex Duque de Palma está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 19,5 años de cárcel. Se esperaba que la sentencia se conociera a finales de este año, pero la complejidad del caso está retrasando la decisión del Tribunal, quizá porque no debe de ser fácil enviar a la cárcel al cuñado del rey.
Si la imagen de una infanta de España en el banquillo acaparó portadas, la del ex vicepresidente y ministro de Economía en los Gobiernos de José María Aznar, además de ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, declarando ante un tribunal fue un bombazo mediático. Un año antes, su detención por presunto fraude en el uso de las tarjetas black de Bankia, entidad que también presidió, fue devastadora y supuso el principio del fin de quien en su día fue una de las personas más influyentes del país. A partir de ese momento, las informaciones sobre fraude fiscal, uso de testaferros y actuaciones delictivas le han acompañado. Declaró el pasado mes de octubre en el juicio y el fiscal pide para él cuatro años y cinco meses de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas opacas para Hacienda, con las que él y otros 64 directivos de Caja Madrid, primero, y Bankia, después, gastaron más de 12 millones de euros. La sentencia se espera para 2017.
El 4 de octubre comenzó el más esperado de los juicios, el del caso Gürtel, después de más de siete años de instrucción. Un total de 37 acusados que suman 740 años de cárcel, implicados presuntamente en la trama dirigida por Francisco Correa en la que, según la acusación, se amañaron contratos por valor de 353,6 millones de euros en la Comunidad de Madrid, Gobierno de Castilla y León, ayuntamientos de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey, los consistorios andaluces de Estepona y Jerez, y AENA (el operador aéreo que depende de Fomento). Uno de los mayores escándalos de corrupción sobre el que planea la sospecha y una investigación abierta de presunta financiación ilegal del Partido Popular, con el ex tesorero Luis Bárcenas a la cabeza. En el juicio, Correa aseguró que la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova era «como mi casa», «pasaba más tiempo en la sede del PP que en mi despacho». Demoledor. Además, entre los procesados están Álvaro Perez, alias ‘el Bigotes’, y supuesto conseguidor en la pieza abierta relativa a la presunta trama de corrupción del PP en Valencia. La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, procesada como partícipe a título lucrativo por los presuntos delitos que cometió su ex marido, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, o Pablo Crespo, supuesto número 2 de la trama Gürtel, y ex dirigente del PP en Galicia, son algunos de los encausados en un juicio que sigue su curso.
En 2017 estos tres casos de corrupción seguirán siendo noticia porque, una cosa está clara, las sentencias que se dicten no pasarán inadvertidas para nadie.
«El juez Julián Ercolini ha ordenado procesar a la ex presidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (equivalentes a 630 millones de dólares). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral», informa la página web del Consejo del Poder Judicial. En su última declaración jurada, celebrada en mayo de este año, la ex presidenta figuraba tener un patrimonio de casi cinco millones de dólares en efectivo y bienes inmuebles, que incluían una firma hotelera familiar.
Kirchner no tardó en reaccionar el martes en su cuenta de Twitter y escribió: «Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores». La ex mandataria había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y denunciar que «es una maniobra formidable de persecución política» y «un disparate mayúsculo».
Un tribunal de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Kirchner en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por un millón de dólares. Kirchner, que estuvo en el poder entre 2007 y 2015, está acusada de haber otorgado obras de infraestructura a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El juez Ercolini también procesó en la causa a Báez, que está detenido desde abril, y al exministro de Planificación, Julio de Vido. «No soy amiga ni socia comercial de Báez», declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales Kirchner. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado ha encontrado pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
Los 29 acusados están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, a las afueras de Estambul. Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa, según la agencia de noticias progubernamental Anadolu.
Los policías están acusados de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del golpe. De ellos, 21 podrían ser condenados hasta a tres cadenas perpetuas por «tentativa de revertir el orden constitucional» y «tentativa de derrocar al gobierno o de impedirle cumplir con sus deberes». Los ocho restantes podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 15 años por «pertenencia a una organización terrorista armada».
España ha sido condenada este año en ocho ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las condenas han versado sobre diferentes asuntos: desde el derecho a la libertad de expresión, pasando por los temas relativos a la falta de investigación de denuncias de tortura y el derecho a un juicio justo, hasta las garantías procesales que han de respetar los estados para no entorpecer la interposición de demandas ante el propio TEDH. Destacan también las visitas a España de mecanismos de protección de los Derechos Humanos, como la que realizó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa en dos ocasiones. En su último informe, el CPT denunció que las garantías que ofrece España a los inmigrantes expulsados del país en avión son «insuficientes», sobre todo en cuanto a la antelación con la que éstos son informados de que van a ser deportados. El balance completo de RIS puede leerse en este enlace.
La Fiscalía General de Panamá ha emitido un comunicado en la que informa que el Juzgado XVII de Panamá ha «concedido un plazo abierto de instrucción para la investigación relacionada con la creación y utilización de sociedades anónimas» con el supuesto fin de «blanquear, esconder u ocultar dineros». La decisión responde a la petición realizada en septiembre por la Fiscalía sobre delincuencia organizada de ampliar las investigaciones más allá de los seis meses de plazo establecidos para su conclusión, debido a la complejidad del caso. Ahora, el Tribunal ha aceptado la petición para continuar los trabajos «hasta que se agote la investigación» del caso, según el comunicado hecho público este miércoles. Los documentos, que dieron información sobre más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, alentaron numerosas investigaciones.
Además de las dimisiones del citado primer ministro islandés y del ministro Soria, en los papeles aparecieron personalidades como el entonces primer ministro británico, David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi o el cineasta Pedro Almodóvar.
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