El Tribunal de Cuentas calcula en 4 millones de euros el dinero público desviado para el 1-O
El órgano fiscalizador reclama a Puigdemont, Junqueras y el resto de implicados el pago de la cantidad
El órgano fiscalizador reclama a Puigdemont, Junqueras y el resto de implicados el pago de la cantidad
También han sido citados otros exconsellers relacionados con la consulta del 1-O, como Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn
La asociación considera que el Gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al retirar las placas
Las embajadas se creaban con un sistema de «autonomía financiera» para permitirles realizar todo tipo de gastos sin necesidad de someterse a controles
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado que el expresidente catalán Artur Mas esté inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 para cumplir la condena por desobediencia por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, y le ha requerido que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.
El fiscal del Tribunal de Cuentas ha presentado una demanda contra ex altos cargos de la Generalitat, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, en la que les acusa de desviar ocho millones de euros de dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a otros ex altos cargos autonómicos a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014.
El Tribunal de Cuentas ha advertido este martes de un crecimiento del gasto sanitario autonómico que supone una situación financiera «insostenible» a largo plazo, lo que refleja que existe una «gran problema» de financiación de este sector que tiene con unas necesidades crecientes.
El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo de las propiedades del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por valor de los 2,4 millones, que es el dinero que queda pendiente de entregar de los 5,2 millones pendientes por la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2015.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros de la fianza que le exigía el Tribunal de Cuentas por los gastos ocasionados por la consulta del 9-N, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, informan varios medios. Lo ha afirmado el abogado de Mas, Rafael Entrenas, en un comunicado dirigido al organismo. Para los otros tres millones restantes, el expresident pide una ampliación del plazo. La cifra desembolsada equivale aproximadamente a la cantidad recaudada por Òmnium Cultural y por la Asamblea Nacional Catalana, ya que Mas había apelado a las donaciones de los catalanes al no poder hacer frente al pago que le exigía el Tribunal.
El Tribunal de Cuentas ha impulsado este miércoles un procedimiento contra cuatro exdirigentes catalanes, que podría terminar con el pago de más de 5 millones de euros por la consulta independentista no vinculante celebrada en 2014 y declarada ilegal, informa AFP. El caso aparece a dos meses y medio del referéndum secesionista que el ejecutivo nacionalista de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre, y al que el Gobierno español se opone de plano por considerarlo anticonstitucional. Los concernidos son el expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres integrantes de su equipo: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exresponsable de Educación Irene Rigau y el exportavoz Francesc Homs. El Tribunal les exige el pago de 5,12 millones de euros por los gastos que originó el referéndum a las arcas públicas y los amenaza con embargarles sus bienes hasta cubrir esa cantidad si no la abonan antes del 25 de septiembre, informan varios medios.
El periodo contabilizado empieza en 2009, un año después de que pinchara la burbuja inmobiliaria que se generó durante la euforia inversora de los años 2000, con la concesión masiva de créditos hipotecarios que después no se pudieron reembolsar. El sector bancario requirió un plan de rescate en 2012 consistente en un préstamo europeo de 41.300 millones de euros. Bankia, nacida de la fusión de siete cajas de ahorros en dificultades, fue la principal beneficiaria. Tras una entrada en bolsa desastrosa en 2011, tuvo que ser salvada de la quiebra con una inyección de 22.000 millones de euros. El gobierno español no prevé volver a privatizar la entidad hasta finales de 2019.
El Tribunal de Cuentas indica que la estimación del coste total del rescate «no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración». Por el momento, el estado español recuperó de los bancos entre 3.000 y 5.000 millones, según las estimación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España. Madrid, por su parte, reembolsó 6.600 millones a la Unión Europea.
Los datos provienen del Tribunal de Cuentas, que ha hecho una comparación cruzada entre el histórico de fallecimientos registrados entre 1987 y agosto de 2015 con la nómina de pensiones de diciembre de 2014 y octubre de 2015. Como resultado, el organismo ha hecho público en su informe que “un total de 29.321 pensionistas con pensiones por importe de 25,3 millones mensuales figuran como fallecidos según la información del INE”. Tras haber detectado importantes lagunas y deficiencias en el control que hace la Seguridad Social sobre defunciones de pensionistas, el Tribunal ha recomendado al organismo una serie de mejoras para impedir que sigan pagándose prestaciones a personas ya fallecidas. Por su parte, la Seguridad Social pone en duda la veracidad del informe del Tribunal de Cuentas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alega que las cifras proporcionadas por el Tribunal poniendo de manifiesto que son producto de un error a la hora de registrar los DNI: «Parece altamente probable que el error en la identificación por DNI se encuentre en el fichero de defunciones o, en todo caso, que se trate de duplicidades».
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