Con los deberes hechos

La frase pide mármol: «Con los deberes hechos». Ésa fue la cínica respuesta del presidente del Gobierno al rotundo correctivo de Bruselas a su abaratamiento de la malversación en beneficio de los malversadores que le mantienen en La Moncloa desde junio de 2018. Pedro Sánchez declamó la ingeniosa frase, y la corearon sus ministros, con la exprestigiosa vicepresidenta Calviño a la cabeza. Ni insolvencia ni mala fe. En puridad, tampoco falsedad en un Ejecutivo postrado ante su fe en esa mentirología que llaman posverdad. Sus «deberes», en minucioso cumplimiento de sus deudas hacia sus acreedores, sí están hechos. Aunque, con esos socios, nunca ningún pago está completado.

La historia es bien conocida. El Gobierno había contado que la supresión del delito de sedición y el generoso abaratamiento de las penas por delito de malversación, que cometieron en el procés sus socios y aliados independentistas, pretendía «armonizar» la legislación española a la europea. ¡Nada menos que «armonizar» con Europa! En la mentiróloga redacción de posverdades del Gobierno de coalición, recogida por el BOE del pasado 23 de diciembre, ese (pen)último pago al independentismo respondía a un título ciertamente ingenioso: «Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso». 

¡Ja! La «armonización» viene ahora. E incluye, evidentemente, no olvidar que la malversación (apropiarse o destinar caudales públicos para un uso ajeno a su función) es una forma evidente de corrupción política: casi la más obvia, se enriquezca o no el malversador.

«La corrección europea a estos desmanes, tan suyos, le ha pillado ‘con los deberes hechos’»

Queda en nada todo el cuento chino de envolver en el estrellado manto europeo la última rebaja penal a los sediciosos del procés. Pero Sánchez, esta vez, sí dijo verdad. La corrección europea a estos desmanes, tan suyos, le ha pillado «con los deberes hechos». 

Sus deberes comenzaron por el indulto a los condenados por el Tribunal Supremo. Metió en el cajón del olvido sus campanudas declaraciones previas: tanto las que hizo en mayo de 2018, antes de su moción de censura, dictaminando que había habido «rebelión» y no sólo «sedición», como las que profirió al conocerse la sentencia (con él en la precampaña del colchón… sí, ésa en la que contaba que no dormiría tranquilo con sus exigentes compañeros de cama). En aquel octubre de 2019, al publicarse la sentencia, no sólo peroró a favor del acatamiento sino que avisó solemnemente a los condenados: «Acatamiento significa su íntegro cumplimiento». Palabra de Sánchez. 

Luego, claro, llegó el «pacto del abrazo» para forjar el Gobierno de coalición con Podemos e incorporar a ERC y a Bildu a «la dirección del Estado». ¡Había «deberes» que hacer! Le tocó al exministro Juan Carlos Campo, un juez que siempre arrostrará el baldón de los indultos en su carrera. Porque «los deberes hechos» empezaron, lógicamente, por indultar a los condenados. Es decir, por enmendar la plana, desde el Ejecutivo, al Tribunal Supremo. Esos «deberes» se ejecutaron al inicio del verano de 2021 con el argumento de que había que «abrir un nuevo tiempo de diálogo». Tiempo nuevo con viejos deberes hechos. Pero no fue suficiente; nunca lo es.

En ese mismo verano se vio que, además del Supremo, había otro órgano (aburridísimo y que nadie mira) que también tenía criterio y decisión sobre los desmanes del procés: el Tribunal de Cuentas. Y al frente de la vigilancia de lo que afectaba a los sediciosos indultados estaba una magistrada impecable (e implacable): Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con Aznar. Ya no está (¡ay!) y, sin ella, el criterio del Tribunal de Cuentas sobre la malversación perpetrada con las denominadas «embajadas catalanas» y el «Diplocat» ha quedado convenientemente rebajado. Más «deberes hechos». Tampoco fue suficiente porque jamás lo es. 

No bastaba con indultar. Había que borrar el delito de sedición. No bastaba con suavizar la interpretación de lo desfalcado ni con permitir que se concedieran avales, ¡con dinero público!, para pagar las multas por desfalco de ese dinero público. Había que rebajar la malversación e inventar que todo está bien si el robo no es para un evidente enriquecimiento propio. ¡Ya! Esos «deberes» hedían y, para enmascarar la pestilencia, se inventó lo de la armonización europea. Se recurrió, además, a la proposición de ley de los socios de Gobierno (PSOE y Podemos, previo acuerdo con ERC), para que ningún órgano de control institucional pudiera opinar sobre la tropelía. 

Ya metidos en gastos de abuso procedimental -y con esa fe inquebrantable de todos los creyentes en la religión mentiróloga de que no hay nada más eficaz para tapar un escándalo que desatar otro aún más ruidoso y obsceno- los hacedores de «deberes» pretendieron una renovación exprés del Tribunal Constitucional con una enmienda parlamentaria superpuesta sobre su «armonizada» sedición. Tanto, esos días, no obtuvieron gracias al recurso de amparo ante el Constitucional del PP y de Vox. Retrasaron la tropelía añadida… Luego ya… pues eso. Pero los «deberes» principales, la supresión del delito de sedición y el abaratamiento de la malversación, quedaron firmados en el BOE el 23 de diciembre de 2022. Más «deberes hechos».

Ahora tocará armonizar de verdad, es decir, devolver -siquiera mínimamente- la sensatez al tratamiento penal de los delitos. A Sánchez esto le coge «con sus deberes hechos» porque no sólo Pablo Iglesias ha decidido cambiar las alfombras de los despachos del poder por las pancartas de las manifestaciones contra el poder. También están en ello los sindicatos, que ya anuncian protestas para el otoño, y han convocado unas cuantas en Madrid para esta campaña electoral, incluyendo la que organizaron el 2 de mayo en las inmediaciones de Sol. En esto también consisten «los deberes hechos» del Gobierno de (amplia) coalición. La pena -sobre todo para ella- es que hasta la exprestigiosa vicepresidenta Calviño haya sucumbido a tanto hundimiento. ¡Quién podía imaginar que Nadia Calviño defendería la supresión de la sedición y el abaratamiento de la malversación como «deberes hechos»!