El Tribunal de Cuentas investiga a la 'dos' de Ciudadanos en Madrid por ocultar facturas

El Tribunal de Cuentas ha abierto el pasado 4 de mayo un procedimiento de acción pública por responsabilidad contable contra el Ayuntamiento madrileño de Getafe ante la negativa de la portavoz de Ciudadanos, Mónica Cobo, a entregar las facturas generadas por el grupo municipal desde 2015 y que ascendían a un total de 51.024 euros hasta enero de 2022, según desvelan fuentes del órgano fiscalizador a THE OBJECTIVE.

Cobo es la actual secretaria de Organización y Acción Institucional de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, así que ejerce como número dos de la presidenta de la formación liberal en la región, Aruca Gómez. Además, se presenta de nuevo como candidata naranja a las elecciones del 28-M en la citada localidad de Getafe.

Las diligencias del Tribunal de Cuentas han recaído por reparto en la consejera María del Rosario García Álvarez, quien dirige el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento desde noviembre de 2021. Todo ello a raíz de una denuncia por «una serie de presuntas irregularidades en relación con la justificación de subvenciones a grupos municipales en el Ayuntamiento de Getafe», según se indica en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.

En los últimos años, varias personas han solicitado a este consistorio que facilite la contabilidad y justificación de las cantidades entregadas por el Ayuntamiento, «como dotación económica», al grupo municipal de Ciudadanos entre los años 2015 y 2019 y de 2019 hasta la fecha, «con el desglose por persona física o jurídica que haya sido acreedora y las cantidades asignadas a cada proveedor».

Facturas de comidas con diputados de Ciudadanos

Los denunciantes sospechan que una parte de ese dinero gestionado por el grupo municipal naranja se dedicó a comidas y cenas con diputados nacionales y autonómicos de la formación liberal, así como a sufragar publicidad «inflada» en medios de comunicación locales.

Cobo se ha resistido en los últimos años a entregar el desglose de las facturas con el argumento de que el pleno no se lo ha pedido. «Niega tener legitimidad para poder suministrarla por entender que los grupos políticos municipales carecen de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Ayuntamiento del que depende», se indica en la documentación que obra en manos del Tribunal de Cuentas.

Sí que se conoce que el grupo municipal de Ciudadanos en Getafe recibió del Ayuntamiento un total de 20.580 euros en la pasada legislatura, así como 30.516 euros desde 2019 hasta principios de 2022, según informó el Consistorio en una resolución enviada al Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid el 14 de enero del año pasado.

En aquel momento, el secretario general del Ayuntamiento subrayó en un informe que ese dinero no podía destinarse «al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial». Además, reconoció que el pleno no había requerido a ningún grupo municipal la puesta a disposición de la contabilidad interna para su fiscalización, pero instó al grupo municipal de Cs a que entregase motu propio la documentación solicitada «a la mayor brevedad posible».

La portavoz de Ciudadanos contraatacó en marzo del año pasado con una proposición para que el pleno estableciese un procedimiento de registro de la contabilidad y control de las dotaciones económicas que reciben los grupos municipales. El objetivo de la iniciativa era incorporar, «como medida de transparencia», un procedimiento para «la rendición de cuentas» de los recursos financieros asignados por el Ayuntamiento a cada uno de los grupos municipales.

Eso sí, Cobo indicó en su proposición que el acuerdo tendría vigencia «desde el 1 de julio de 2022» y que, de salir adelante su propuesta, la rendición de cuentas del ejercicio del año pasado solo se referiría «a los gastos realizados en el segundo semestre». Con ello, se mantendrían ocultas las facturas generadas desde 2015 hasta la fecha. La propuesta naranja no salió adelante finalmente por la oposición de PSOE, Podemos y PP. Los dos primeros gobiernan en coalición.

Ante la situación de bloqueo, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid volvió a amparar a uno de los denunciantes en diciembre de 2022 e instó al grupo municipal de Ciudadanos a que le diese traslado «de la información que obre en su poder» en el plazo de 20 días. Pero dicho tiempo transcurrió sin que la formación liberal entregase las facturas.

Este órgano madrileño aclara en su último escrito que el grupo municipal naranja en Getafe «no niega tener la información solicitada por el interesado en la reclamación objeto del presente informe» y que la propia corporación local «deberá recabarla y suministrársela al reclamante, sin perjuicio de que este Ayuntamiento, para obtener la información que está obligado a dar, considere que el Pleno es el único legitimado para pedir a los grupos la citada información».

«Aún cuando el artículo 73.3 LBRL no obligue al Ayuntamiento a recabar esta contabilidad específica del Grupo municipal
Ciudadanos, la LTAIBG si le obliga a cumplir con sus obligaciones de publicidad activa y pasiva. Por ello, el Ayuntamiento de Getafe puede recabar esta contabilidad como considere oportuno y del modo más efectivo, ya sea a través del Pleno o conforme establece el artículo 19 de la LTAIBG, pero deberá suministrar la información que solicita el reclamante y que efectivamente esté
en poder del Grupo municipal de Ciudadanos», concluye el Consejo de Transparencia regional.