El 58% de los españoles suspende a la independencia judicial

El 58% de los españoles consideró «mala» o «muy mala» la independencia judicial en España durante 2015, lo que situó al país en la cuarta peor posición de toda la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria (63%), Croacia (62%) y Eslovaquia (59%), según un informe de la Comisión Europea.

La cifra supone un incremento de dos puntos con respecto a los datos de 2014. Además, España pasó de la sexta a la cuarta posición en la clasificación de los Estados miembros que peor perciben la independencia judicial en sus territorios.

Del 58% de los españoles descontentos con la independencia judicial, el 19% calificó la situación de «muy mala» y el 39% de «bastante mala». En el otro extremo, el 28% la consideró «bastante buena» y el 3%, «muy buena».

Entre los motivos para desconfiar del sistema judicial, el 49 % de la ciudadanía española hizo referencia a las injerencias y presiones de los gobiernos y políticos, frente al 45 % que mencionó presiones de sectores económicos y otros grupos de interés, y el 34 % afirmó que la situación y posición de los jueces no garantiza «lo suficiente» su independencia.

Los daneses, los más satisfechos

El país más satisfecho con la independencia judicial fue en 2015 Dinamarca, donde solo el 7% consideró «mala» o «muy mala» la situación, seguida de Luxemburgo (9%), Holanda (12%), Finlandia (13%), Austria, Alemania y el Reino Unido (16% los tres).

España fue el séptimo país de la Unión que más tiempo necesitó para resolver procesos civiles, comerciales y administrativos en primera instancia durante 2015, pues tardó 238 días de media, frente a los 242 del año previo.

En esta nueva edición del informe, Bruselas también analizó el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los sistemas judiciales. Si bien Estonia y Portugal se situaron a la cabeza del club en el empleo de esos recursos, España no estuvo lejos, pues se utilizaron las tecnologías de la información en el 62% de las presentaciones de documentos a los tribunales, en el 89% de las firmas electrónicas de escritos y en el 76% de las comunicaciones entre las cortes y los abogados.

La Comisión Europea también indicó en su informe que el 14 % de jueces en altos tribunales de España eran mujeres, el tercer porcentaje más bajo de los Veintiocho.