El Gobierno solo ha transferido a las autonomías uno de cada tres euros de la inyección europea
Según datos oficiales, a cierre de octubre el Estado había canalizado 8.117 millones de los 24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) dispuestos para este año
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
El Gobierno sólo ha transferido a las autonomías y organismos autónomos uno de cada tres euros de los 24.000 millones de dinero europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) presupuestado para este año, según consta en el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hecho público el 1 de diciembre. Ello demuestra, como explican a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras del proceso de canalización y reparto, la debilidad en el ritmo de ejecución, ya que esa movilización es sólo una primera fase de asignación a comunidades y organismos autónomos que luego desde esas administraciones habrán de drenar hacia el tejido productivo.
Así, según los datos de la IGAE a cierre de octubre, últimos disponibles y hechos públicos el primer día de diciembre, la cifra de obligaciones netas reconocidas en el Informe de Ejecución del Presupuesto de la Administración General del Estado ascendía a 8.117 millones, un 33% de los 24.198 millones dispuestos para este año. Según cálculos de THE OBJECTIVE a partir de las estadísticas oficiales de la Intervención, los Ministerios que más partidas han movilizado a los canales autonómicos de posterior reparto -a través de concepto obligaciones reconocidas netas que consta en el desglose del informe- son el de Transición Ecológica (2.402 millones), Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (1.697 millones), Educación (1.426 millones) y Trabajo y Economía Social (705 millones).
Los expertos consultados por este diario destacan el lento proceso de ejecución de los fondos, algo que caracteriza reiteradamente la conducta de España con inyecciones de dinero europeas anteriores a las diseñadas para combatir los efectos económicos de la pandemia, como los fondos de cohesión, algo que lamentan los empresarios y fuentes próximas a la patronal reiteran a THE OBJECTIVE.
El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, sostiene que ya rebasa una movilización de 10.400 millones un mes después del citado informe de la IGAE, último disponible, que sigue incluso por debajo del 50% previsto para todo el ejercicio 2021. La Intervención depende del Ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, y es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública.
Justo cuando la Unión Europea aprueba el desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha anunciado este viernes la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, el Gobierno trata de apuntalar el mensaje de celeridad en la ejecución que desmienten los datos de la Intervención ya que, como explican técnicos conocedores del proceso a THE OBJECTIVE, posteriormente esa inyección hay que canalizarla hacia las empresas por parte de las Administraciones autonómicas y organismos encargados del reparto y asignación.
Cierto es que España ha sido el primer país en hacer la petición formal del desembolso inicial tras comprometerse con la Comisión Europea a un calendario y un proceso de verificación de los cumplimientos de obligaciones contraídas, como una agenda de reformas que emplaza en fechas concretas a tener cerradas las nuevas normativas de pensiones y mercado laboral. La primera fase de la reforma de pensiones, que ha pasado al Senado, ha de estar concluida antes de que acabe el año y la segunda parte en el último semestre de 2022, tarea complicada dado el rechazo sindical a los planes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para elevar el periodo de cómputo de vida laboral sobre la que girará la pensión futura, que puede llegar tras el estudio ministerial al respecto desde los 25 años actuales de cómputo a los 35 años, aunque quizá no de forma homogénea para todos los trabajadores y vidas laborales.
En el capítulo 4 del Avance Comentado del informe de la IGAE se reseña un alza de pagos al Servicio de Empleo Público de Empleo Estatal (SEPE) y que en el MRR, que financian los fondos europeos Next Generation EU, destacan los desembolsos al SEPE por 682 millones de euros, así como por el Plan Educa Digital por 989 millones de euros, el Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad por 301 millones de euros.
Un escudo europeo para la recuperación
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia nació el 21 de julio de 2020 por acuerdo del Consejo Europeo por un importe total de 750.000 millones de euros para garantizar una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Constituye el núcleo del fondo de recuperación y tiene como finalidad apoyar la inversión y las reformas en los países de la UE pivotando sobre cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la Covid-19 y apoyar las transiciones ecológicas y digitales en orden a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la UE, fomentar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. España recibirá en total 140.000 millones del fondo de recuperación, de los que 72.000 serán ayudas directas y el resto créditos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido este viernes a todas las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el nuevo sistema de financiación. En el texto, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como infrafinanciadas: la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
