Miguel Garrido: «El mercado laboral no funciona y lleva sin funcionar muchos años»

A Miguel Garrido no le quita el sueño el «plante» que le dio recientemente, junto a otros, la vicepresidenta Nadia Calviño, pero sí le inquieta -y mucho- la situación económica de España y lo que considera una práctica ausencia de medidas que ayuden a salir a flote a las empresas. El presidente de CEIM, la patronal de los empresarios madrileños, no oculta su preocupación por los negros nubarrones que se ciernen sobre la economía española y saca pecho a la hora de hablar de la actividad empresarial de Madrid.

Crítico con los planes del Gobierno para las pensiones y con las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la Guerra en Ucrania en nuestra economía, Garrido elogia, sin embargo, la labor, en materia económica, de Isabel Díaz Ayuso, por su sensibilidad ante la problemática de las empresas y sale en defensa de sus políticas fiscales frente a las acusaciones de otras Comunidades Autónomas. En Madrid- entiende el patrón de los patronos madrileños- no hay dumping, sino competencia fiscal. 

PREGUNTA.- Recientemente ha ocupado portadas por el «plante» de la vicepresidenta Calviño, que no quiso hacerse una fotografía oficial con usted, entre otros, porque no había más representación femenina ¿Le sorprendió o le disgustó esa actitud?

RESPUESTA.- Sí me sorprendió, porque no lo esperaba y no me molestó. Me pareció algo intrascendente que yo no entiendo, pero nosotros respetamos que cada uno haga lo que quiera.

P.- ¿Cuál es la radiografía que hace del estado actual de la economía española?

R.- No es fácil de responder… Oficialmente la economía española está en una situación delicada. Hace unos meses teníamos unas bases para el optimismo, porque el consumo y los índices de crecimiento invitaban al optimismo, pero ahora nos encontramos en una situación complicada, especialmente en España.

P.- ¿Vamos por detrás del resto de países?

R.- Somos el que más cayó a lo largo de 2020 y el único que aún no ha recuperado los niveles de 2019. Todas las economías de nuestro entorno ya lo han logrado. Además, en España no se han hecho reformas que permitan mejorar la competitividad de nuestra economía. Solo se ha hecho la contrarreforma laboral, que no ha introducido ningún mecanismo de mayor flexibilidad para las empresas. El tiempo dirá si ha resuelto o no el exceso de temporalidad. pero no ha introducido la flexibilidad que necesitan las empresas para afrontar todas estas situaciones. No ha habido una reforma fiscal…

P.- Y no parece que la vaya a haber…

R.- Pues casi mejor, porque lo que se había anunciado de la reforma fiscal iba en el sentido contrario de lo que necesita la economía para ser más competitiva. Mejor que no la haya. Salvo alguna medida en el sector de la energía muy concreta, ninguna de las adoptadas ha ido en la línea necesaria. Se ha encarecido el empleo con la subida del SMI y las cotizaciones y no ha habido ninguna medida que haya ayudado.

P.- ¿Tampoco los Fondos Europeos?

R.- No los hemos visto llegar… Esperemos que lleguen y sirvan de palanca para la economía, pero de momento, no. 

P.- Dice usted que el tiempo dirá cuál es el efecto de la reforma laboral sobre la temporalidad, pero de momento se están registrando cifras récord de contratación indefinida ¿Teme que ese efecto inicial sea un espejismo?

R.- Se está gobernando para el relato, para decir que hemos mejorado, que son las mejores cifras de la historia, etc. Pero la realidad es que el mercado laboral español no funciona y lleva sin funcionar muchos años. Batimos el récord de temporalidad igual que batimos el récord de desempleo, cuando las cosas van mal o cuando van bien. Habría que atajar los problemas de fondo. ¿Por qué hay 140.000 puestos de trabajo sin cubrir y, sin embargo, tenemos un 13% de paro? Eso obedece a algún problema que históricamente no se ha afrontado, pero nos dedicamos a dar titulares: menos paro, más indefinidos que nunca… 

P.- ¿No es cierto que haya más contratación indefinida que nunca? ¿Son datos falsos?

R.- Vamos por partes: hay más indefinidos que nunca porque antes se permitía un tipo de contratación que ahora no se permite. En realidad, la relación es muy parecida a la que tenían la empresa y el trabajador. Lo que antes era un trabajo temporal ahora lo cubre un fijo discontinuo, que no computa como temporal, pero que cuando no trabaja, tampoco computa como parado y aparece como cotizante en la Seguridad Social. Dentro de uno o dos años, veremos si ha sido un cambio efectivo o si lo que antes llamábamos de una forma ahora lo llamamos de otra…

P.- ¿Cree que simplemente se ha maquillado la realidad con un cambio de nomenclatura? 

R.- Bueno, en realidad sí hay un cambio: los derechos pasivos del trabajador siguen computando. En esos meses que no trabaja ese fijo discontinuo, su antigüedad sigue computando. Eso puede ser algo bueno para el trabajador, pero es una mayor rigidez para el mundo de la empresa.

P.- Otra de las cuestiones que sigue en transformación son las pensiones. De hecho, ustedes, en la CEOE llegaron a un acuerdo con el Gobierno…

R.- Del acuerdo del Pacto de Toledo, que decidió eliminar el factor de sostenibilidad e indexar las pensiones al IPC tenemos poco que decir, aunque a mí, personalmente, me parece una insensatez que pone en riesgo el sistema de pensiones. La segunda parte es cómo financias esas pensiones y ahí sí somos parte activa, puesto que una gran parte de las cotizaciones las pagan las empresas.

Es un tema enormemente delicado. Se dice que en España los salarios son bajos y puede haber parte de razón en cuanto a la media de Europa, pero no se dice que los costes laborales no son tan bajos, porque tenemos unas cotizaciones sociales, que son un impuesto al empleo y están entre las seis más altas de Europa. Es paradójico que el país con mayor tasa de paro de Europa tenga el impuesto al empleo más caro. 

P.- ¿Cuál es su propuesta para esta reforma de las pensiones que está en marcha?

R.- Si para financiar ese aumento de las pensiones vamos a volver a exprimir a unas empresas que ya están en una situación límite, podemos provocar el efecto contrario: que muchas empresas no puedan seguir manteniendo a sus trabajadores, por el excesivo coste laboral que suponen. Creemos que habría que ampliar la base de cotizantes, fomentando la creación de empresas y contrataciones y persiguiendo la economía sumergida.

Hay una enorme tarea por hacer en ese terreno y no nos parece que le preocupe al Gobierno. La ministra de Hacienda está obsesionada con incrementar los impuestos, especialmente en Madrid, pero no se preocupa tanto de que los que no están pagando, paguen. Debería tomarse más en serio la lucha contra la economía sumergida.

P.- ¿Cuál es la receta que ustedes aplicarían para acabar con la economía sumergida?

R.- Le pongo el ejemplo del servicio doméstico. En otros países, para pasar ese sector a la economía real, se han aplicado desgravaciones, permitiendo que esas contrataciones sean gastos deducibles, porque se fomenta la conciliación. Hay muchas fórmulas, pero sobre todo hay que tener un poco más de rigor… En algunas situaciones se desincentiva estar dentro del círculo de la legalidad, por la presión fiscal elevada, la existencia de subsidios, que se están incrementando mucho. El Estado tiene que ayudar a quien no tiene recursos ni posibilidades, pero esas ayudas deberían estar condicionadas a programas de formación, capacitación y búsqueda activa de empleo.  

P.- Volviendo a las pensiones, las cotizaciones y los derechos laborales ¿cree que la mochila austriaca es una opción a contemplar por parte del Gobierno?

R.- El sistema actual no solo perjudica a las empresas, sino también a los trabajadores. Un trabajador que lleve 15 años en una empresa y tiene una buena oferta de otra se lo tiene que plantear mucho, porque cambiar de empresa le supone perder unos derechos pasivos, su antigüedad. La mochila austriaca responde a esas situaciones. El problema es que la tienes que dotar inicialmente. En ese sentido, el Gobernador del Banco de España ha propuesto en alguna ocasión utilizar los Fondos Europeos para esa dotación inicial a esas personas que ya están incorporadas.

P.- No parece que esté en los planes del Gobierno. ¿Debería contemplarlo?

 Creo que sería una fórmula beneficiosa, pero en España arrastra una condena previa, un prejuicio en contra que no entiendo.

P.- ¿Cómo valora los efectos de las medidas que puso en marcha el Gobierno para luchar contra la inflación y la situación económica generada por la Guerra en Ucrania?

R.- Para nosotros fue una enorme decepción. Teníamos la esperanza de que se hubiesen hecho antes, en primer lugar y después, porque fueron muy poco ambiciosas. Han sido unos parches; algo han hecho, pero no lo que se necesitaba. Creemos que el plan fundamental son las rebajas fiscales importantes, como han hecho otros países. Eso es lo más objetivo y lo más inmediato. Además, teníamos margen, porque estamos batiendo mes a mes las cifras de recaudación. ¡Es una vergüenza que cuando la gente está exhausta y no puede más y las empresas han agotado sus reservas, el Estado está ingresando más que nunca! 

P.- ¿Tienen la esperanza de que a corto o medio plazo el Gobierno tome medidas más ambiciosas?

R.- Hay que tener esperanza, porque yo creo que el Gobierno reacciona tarde casi siempre. Quizás tiene un problema de confrontación entre lo que ve que están haciendo otros países y los prejuicios ideológicos que hacen que este Gobierno esté en contra de determinadas medidas que se ponen en marcha en otros países, aunque objetivamente sean buenas. Claro, que la realidad es muy terca y, al final, se acaba haciendo lo que se debe al ver que a otros países les funciona.

No pierdo la esperanza, pero en todo caso las medidas se tomarán más tarde de la cuenta. Esto puede acabar con una multiplicación de procesos concursales y conflictos de morosidad. Tengo esperanza de que se acabe haciendo lo necesario y la absoluta desesperanza de que esto se tenía que haber hecho hace tiempo. 

P.- Las negociaciones para tratar de alcanzar un pacto de rentas han fracasado ¿Cuánto cree que tienen que subir los salarios?

R.- Lo ideal es que suban todo lo que permita mejorar la productividad y no se pierda competitividad. Si suben los salarios y no sube la productividad estaremos perdiendo competitividad. Y si perdemos competitividad, las empresas van a acabar afectadas y dejarán de ser viables a medio plazo. Eso significa pérdidas de empleo. Por eso digo que lo ideal sería vincular los salarios a la productividad.

P.- ¿Y qué hay que hacer con esos sectores en los que es difícil medir la productividad?

R.- Hay que ir a subidas prudentes y dar prioridad al fortalecimiento del tejido empresarial ante la delicada situación que vivimos. Cada sector es un mundo y sería muy perjudicial ir a una subida igual en todos los sectores. Me gustó escuchar el otro día a la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, hablar varias veces de productividad, en un desayuno al que asistió. Creo que es una de las primeras veces que se ha escuchado decir por parte de este gobierno que España tiene un problema de productividad.

P.- ¿Se ha visto resentida la relación empresarios-sindicatos, por la ruptura de las negociaciones para el Pacto de Rentas?

R.- Los empresarios tenemos muy interiorizada la negociación. En España hay no sé si son 3000 mesas de negociación colectiva abiertas en las que se alcanza un acuerdo en el 98% de los casos. La relación entre empresarios y sindicatos es buena y, muchas veces, son los gobiernos los que dificultan la consecución de acuerdos. Ahora no ha sido posible llegar a un acuerdo en lo que nosotros llamamos Acuerdo Nacional de Convenios (ANC) y ahora lo llaman Pacto de Rentas. Cuando oigo hablar del Pacto de rentas me pregunto: Y tú, Gobierno ¿Qué pones?  Las empresas, limitan sus beneficios, los trabajadores, su salario… ¿Y el Gobierno? En todo caso, creo que no va a haber Pacto de Rentas; a corto plazo, no.

P.- ¿El acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos en el sector de la Construcción, que han acordado un aumento salarial del 10% repartido en 3 años, sin cláusula de revisión salarial, no podría ser un modelo que inspire un acuerdo global, en cantidad o por el tipo de acuerdo sin cláusula de revisión?

R.- Somos muy respetuosos con lo que cada sector negocie. Si los representantes de las empresas de la construcción y los trabajadores han llegado a ese acuerdo, seguro que está bien, pero no tengo claro que sea extrapolable para otros sectores. Cada sector es un mundo y lo que hay que ver es qué subida se puede hacer sin que se comprometa la viabilidad y la rentabilidad de las empresas. 

P.- ¿Le preocupa el debate abierto en torno al borrador del futuro Proyecto de Ley del Aborto, que incluye bajas de entre 3 y 5 días por dolores y trastornos menstruales severos?

R.- En estas cuestiones hay que ser muy prudente e intentar estudiar los efectos que puede tener a medio y largo plazo en el mercado laboral de las mujeres y en la productividad de las empresas. Ahora mismo las bajas médicas están contempladas, siempre que un médico lo considere.

Pero llevarlo a una generalización puede tener efectos en determinadas empresas, menos grandes, en las que suponga un trastorno en la actividad de la empresa y, en algún caso, podría conducir a que se retraigan las contrataciones. Hay que pensar siempre en fórmulas que ayuden a la conciliación y a la inclusión y promoción de la mujer, pero siendo compatibles con la actividad de la empresa, que no se resienta. No todas las empresas tienen la posibilidad de suplir a esas trabajadoras. 

P.- ¿Qué opina del informe de FEDEA, que recomienda subir salarios de funcionarios y pensiones con arreglo a la tasa de inflación subyacente?

R.- Creo que el sector público tiene que hacer ajustes. No puede ser que haya dos tipos de trabajadores: los privilegiados, que están en el sector público y los perjudicados, que son el resto. En la pandemia, por ejemplo, los trabajadores lo han pasado mal, han visto reducido su salario, han entrado en ERTES… pero en el sector público han cobrado lo mismo, su puesto no ha peligrado, muchos de ellos no han trabajado y han seguido cobrando.

Durante el confinamiento, el personal de los polideportivos e instalaciones deportivas públicas, o los Paradores…ese personal ha estado en su casa, sin teletrabajo, y ha seguido cobrando lo mismo…¡y encima presumen! Dicen que no han hecho ERTES… ¡claro, con nuestro dinero! El salario de los funcionarios se paga con el dinero de todos, por eso pedimos que sean rigurosos y que ajusten los salarios. Una ligereza a la hora de acordar subidas de salarios o de pensiones sería una tremenda irresponsabilidad. 

P.- Ustedes denuncian que solamente ha llegado un 25% de los Fondos Europeos, mientras que el Gobierno anuncia y se felicita porque se ha ejecutado el 60% de los Fondos. ¿Dónde esta la trampa?

R.- En la palabra, en el relato una vez más. En algunos casos, el Estado cuando transfiere una línea a las CC.AA, en el momento en que asigna el presupuesto, lo da por ejecutado, pero eso no significa que ese dinero esté ya en la economía real. Ese dinero estará dibujado en una Consejería, que a su vez tiene que hacer una serie de convocatorias que no se han hecho, no por ineficiencia de la CC.AA – aunque a veces, sí- sino porque la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Contratos del Estado o la Ley de Subvenciones tienen unos plazos excesivos.

P.- Dentro de ese panorama oscuro que se cierne sobre la economía española, ¿el caso de Madrid es el mejor? ¿o el menos malo?

R.- Podemos llamarle de cualquiera de las dos maneras, porque al final el resultado es el mismo. Madrid es una isla, en la que se dan de alta más autónomos y se crea más empleo. Cuando se dan las cifras de paro, en muchos casos, en Madrid aumentan las cifras de cotizantes, pero las cifras de desempleados no bajan. Lo que ocurre es que, como en Madrid se crea más empleo, también se atrae a más demandantes de empleo y vienen de otros puntos a buscar trabajo.

En Madrid se atrae más inversión y se genera más actividad económica. En Madrid hay unas condiciones mejores para desarrollar una actividad económica: el tratamiento fiscal y la bonificación de impuestos, además de tener los tipos impositivos menores que en otros lugares. Pero eso no significa que no paguemos. Somos los que más pagamos de España, no solo en la participación de los ingresos del Estado, sino si buscamos el pago per cápita. Que nadie diga que los madrileños somos insolidarios. 

P.- Pero visto desde otras CC.AA. hacen otra lectura y acusan a Madrid de practicar el dumping fiscal, por ejemplo…

R.- Todas las CC.AA tienen las mismas posibilidades de aplicar una política fiscal idéntica a la de Madrid. Lo que tienen en todo caso desde otras Comunidades a sus gobernantes que apliquen las mismas políticas que Madrid, que son las más eficaces y las que más contribuyen al Estado del Bienestar. Si en Madrid funciona, igual ocurriría en Valencia, pero los votantes de Valencia han decidido tener a unos gobernantes que son los que tienen una política fiscal más alta de España. No hay dumping, sino competencia fiscal, con unas reglas que todos podemos aplicar. Los únicos que tienen diferencias son las Haciendas Forales de País Vasco y Navarra ¡Esos sí que tienen un régimen distinto y unos privilegios que no tenemos los demás!

P.- ¿Se sienten escuchados y bien atendidos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

R.- Absolutamente, aunque no siempre nos concedan lo que le pedimos. Nosotros exigimos que nos escuchen y que intenten resolver nuestros problemas. En Madrid tenemos un gobierno absolutamente sensible a la problemática de las empresas y eso es muy de agradecer. La Administración debe ser más humilde y escuchar a los administrados. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad no nos preguntaron y tuvieron que rectificar un montón de veces las medidas que se iban tomando. De las ayudas COVID no se ha ejecutado el 40%, por ejemplo, por una absoluta falta de empatía de las administraciones del Estado.