Transparencia pide explicaciones a Ribera por el dinero incautado en las subastas renovables
Las pujas se celebraron entre 2016 y 2017 por el anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy y el monto asciende a 98 millones de euros
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Marta Fernández (Europa Press).
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) vuelve pedir explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica. En esta ocasión, los problemas estarían en los avales ejecutados de las subastas de renovables que se celebraron entre 2016 y 2017, cuando gobernaba el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
En concreto, el Gobierno incautó a finales de noviembre del año pasado 97,9 millones de euros en avales de estas tres subastas de renovables, después de que los adjudicatarios no cumplieran con los plazos establecidos o no construyeran las instalaciones comprometidas una vez finalizados todos los trámites administrativos.
Esta cantidad supone el 19,5% del total depositado como garantía (502,2 millones): 58,9 millones corresponden a la tercera subasta, 38,6 a la segunda y 440.000 euros a la primera, que fue la más reducida, según adelantó en su día El País. El que fuera entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, reclamaba que los adjudicatarios instalaran los proyectos antes del 1 de marzo de 2020. Posteriormente, debido a la covid-19, el actual Ejecutivo amplió el plazo un trimestre.
Ahora, según la resolución 56/2022 del CTGB, consultada por THE OBJECTIVE, el departamento que dirige Teresa Ribera debe informar sobre «la relación de los avales o garantías de las tres subastas de energía renovable realizadas en los años 2016 y 2017 que han sido ejecutados por el Gobierno por el incumplimiento de sus condiciones, indicando los adjudicatarios, proyectos y motivación en cada uno de ellos».
Transición Ecológica denegó la solicitud de información
El organismo estima así la reclamación recibida mediante escrito registrado el 23 de enero de 2022. Antes, el 11 de diciembre de 2021, el reclamante solicitó a Transición Ecológica dicha información amparándose en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La cartera de Ribera denegó un mes más tarde la solicitud de información alegando que el artículo 14.1 de ley mencionada anteriormente «limita el derecho de acceso a la información pública cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».
«Conocer cuáles son los proyectos que no van a desarrollarse en el conjunto del Estado por el incumplimiento de los plazos previstos para la construcción de instalaciones de energías renovables derivadas de las tres subastas realizadas entre 2016 y 2017, no pueden suponer un perjuicio para los intereses económicos y mucho menos comprometer el secreto profesional o la confidencialidad, cuando muchos de estos proyectos se han hecho públicos en los distintos territorios», trasladó el reclamante al Consejo de Transparencia.
Además, apuntó que «la incautación de los avales ha dado como resultado que estas instalaciones no se vayan a desarrollar en un futuro inmediato, acabando así con las expectativas generadas entre las personas de las poblaciones donde previsiblemente se iban a ejecutar».
De su lado, en alusión a la respuesta de Transición Ecológica, Transparencia concluye que «manifestar de manera genérica la concurrencia de los límites al derecho de acceso, sin facilitar motivo alguno sobre la procedencia de su aplicación, no pueden considerarse una justificación adecuada y suficiente de la aplicación del límite ya que, en caso alguno, reúne los requisitos de proporcionalidad y adecuación al objeto y finalidad exigidos».
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, según firma el documento el presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez.
En la subasta de 2016 se adjudicaron 500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa. El aval exigido fue de 20.000 euros por MW. Las garantías depositadas fueron de 14 millones y se construyeron en plazo 677 MW, por lo que se quedaron fuera de construcción 22 MW.
Por su parte, entre las dos pujas de 2017 se adjudicaron 4.109 MW fotovoltaicos y 4.107 MW eólicos, con un aval exigido de 60.000 euros por MW, que se devolvía progresivamente cumpliendo hitos, como son la identificación de potencia, la obtención de la autorización administrativa, la inscripción en el registro, etc.
Tercera subasta de Ribera
El Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado su tercera subasta para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables (REER) para el 25 de octubre. Se subastarán 520 MW repartidos en dos cupos: uno de 140 MW para fotovoltaica distribuida, para instalaciones menores de 5 MW con carácter local, y otro de 380 MW para otras fuentes, con reservas de 220 MW para solar termoeléctrica, 140 MW para biomasa y 20 MW para otras tecnologías. Además, este lunes informó de que el próximo 22 de noviembre se celebrará la cuarta bajo el nuevo esquema, en la que se pondrán en juego un total de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos.
Los promotores pujan por el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que generen sus plantas. En esta ocasión, las instalaciones solares termoeléctricas, las de biomasa, biogás o biolíquidos, percibirán el REER durante 20 años y tendrán una exposición al mercado del 15%, por su condición de gestionables; la fotovoltaica y el resto de renovables percibirán el REER durante 12 años y tendrán una exposición menor al mercado, del 5%.
Las instalaciones fotovoltaicas dispondrán de dos años para construirse a partir de la adjudicación, mientras que las solares termoeléctricas y las de biomasa tendrán cuatro y medio. Para el resto de las tecnologías, el plazo será de cuatro años. En las dos subastas anteriores impulsadas por Teresa Ribera, celebradas en enero y en octubre de 2021, se asignaron 2.902 MW de tecnología fotovoltaica y 3.256 MW de tecnología eólica.
Las empresas adjudicatarias también tendrán que presentar un plan estratégico con las estimaciones de impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial.
