Transparencia pide detallar en qué empresas tiene acciones Pedro Sánchez

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución instando al Ministerio de Hacienda y Función Pública a detallar las empresas en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene dinero invertido en acciones o participaciones.

Con esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el órgano que vela por la aplicación de la Ley de Transparencia da la razón a un ciudadano que recurrió la negativa de la Oficina de Conflictos de Intereses a facilitarle esa información que había pedido a la Presidencia del Gobierno y que el Ejecutivo derivó al ministerio que dirige María Jesús Montero.

Hacienda remitió al solicitante el enlace de la web del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que podía consultar el patrimonio financiero del presidente del Gobierno pero en ese documento, publicado el 26 de marzo de 2021, no se incluyeron las acciones y participaciones en capital social o fondo patrimonial de entidades jurídicas negociadas, duda pública, obligaciones o bonos que pudiera tener Sánchez.

El objetivo fundamental de la persona que reclamó esos datos era saber si Sánchez mantiene las acciones en Repsol y Red Eléctrica que declaró en su momento, «teniendo en cuenta que su gestión al frente del Consejo de Ministros podría tener relación con la evolución financiera de esas dos empresas», máxime, cuando «el precio de la luz y de los combustibles están en máximos».

En la declaración de bienes que hizo pública en 2014 como líder del PSOE consignó ser propietario de 177 acciones de Repsol, valoradas en 3.309 euros, y de 235 acciones de Red Eléctrica, valoradas en 15.834 euros. En su última declaración registrada en el Congreso, declaró que en octubre de 2019, contaba con acciones cotizadas en bolsa por valor de 5.792 euros, pero sin especificar a qué empresas correspondían.

La declaración comprensiva de patrimonio que publicó el BOE en 2021 recogía que el presidente tenía 5.550,40 euros en acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas, pero dejaba vacío el apartado correspondiente a las sí cotizadas, la deuda pública y las obligaciones y bonos.

Hacienda alegó que sólo podía facilitar la información ya publicada en el BOE, pero no los documentos íntegros de las declaraciones de bienes de Sánchez o las copias de sus declaraciones de la renta, ya que la difusión de los mismos se encuentra «legalmente limitada» por el carácter reservado del Registro Electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Además, argumentó que la propia ley establece que la «declaración comprensiva» de la situación patrimonial de los altos cargos» que se publica en el BOE debe omitir datos «referentes a su localización» para «salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares».

Sin embargo, según Transparencia «de ello no cabe deducir, ni que la información que se publica en el BOE se deba circunscribir a la que actualmente se publica, ni que el derecho de acceso a la información pública se tenga que limitar a los datos
oficialmente publicados».

El Consejo señala que «frente a un derecho de rango constitucional como el derecho de acceso a la información pública únicamente cabe oponer límites que deriven directamente de la Constitución o hayan sido establecidos en una norma con rango de ley».