El impuesto turístico catalán que ya no es turístico

El pasado 6 de marzo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Ley  2/2026 de modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos de Cataluña. Dicha modificación supone un incremento sustancial de las tarifas establecidas  y, en consecuencia, un mayor gasto para aquellos turistas que se alojen en establecimientos turísticos en Cataluña. Asimismo, la nueva regulación permite al Ayuntamiento de Barcelona aplicar un recargo superior que alcanzará los 8 euros y  establece, por primera vez, la opción de que el resto de municipios de Cataluña puedan aplicar un recargo que no podrá superar los 4 euros.

¿A qué se deben estos incrementos en el impuesto turístico? Si nos atenemos al preámbulo  del decreto ley, la finalidad es lograr un turismo más sostenible y contribuir a abordar la  escasez de vivienda que afecta a Cataluña, destinando el 25% de la recaudación a políticas  de vivienda.  

El impuesto turístico se creó en Cataluña en el año 2012, en un contexto de profunda  crisis económica que afectaba de forma muy negativa a las finanzas de la Generalitat. Nació con un doble objetivo: paliar el déficit presupuestario del gobierno y obtener recursos que permitieran mantener las inversiones en el fomento y la promoción del  turismo, un sector considerado estratégico para la economía catalana. Así, la ley establecía y blindaba que los recursos procedentes del impuesto debían destinarse a actuaciones orientadas a: a) la promoción turística; b) el impulso de un turismo sostenible, responsable y de calidad, así como la protección, preservación, recuperación y mejora de  los recursos turísticos; c) el fomento, la creación y la mejora de los productos turísticos;  y d) el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo.  

Asimismo, para garantizar la participación del sector privado, se creó la Comisión del Fondo para el Fomento del Turismo, integrada por representantes de la administración y  del sector privado, con la función de proponer las directrices de actuación de conformidad  con la planificación turística del gobierno. En cuanto al importe del impuesto, se optó  inicialmente por tarifas prudentes, siendo la más elevada la de 2,25 euros correspondiente  a los alojados en hoteles de cinco estrellas, si bien con el paso de los años y sucesivos  acuerdos políticos los importes se han ido incrementando.  

Siempre he sido favorable a la implantación de un impuesto turístico cuando la recaudación se destina a políticas turísticas. El turismo es uno de los sectores más relevantes de nuestra economía, pero ciertamente genera externalidades negativas que deben ser mitigadas. Tiene lógica y sentido implantar un impuesto o tasa turística que ayude a gestionar y reducir esos impactos.  

Sin embargo, el decreto ley aprobado —que dobla el importe de las tarifas, permite la  aplicación de recargos por parte de los municipios y elimina la obligatoriedad de que los  fondos recaudados se destinen a políticas turísticas— desvirtúa completamente el espíritu y la naturaleza del impuesto. La nueva normativa establece que «los recursos del Fondo gestionados por las administraciones locales se han de destinar a políticas en los ámbitos  de la vivienda, promoción económica, fomento de la industria y mejora de la  competitividad…», alejándose claramente de la finalidad original del tributo. 

Porque, si efectivamente el turismo causa tantas externalidades e impactos negativos como sostienen los partidos que han aprobado esta regulación, lo lógico y coherente sería que los fondos recaudados se destinaran a acciones que minimicen esos efectos:  incrementar los servicios de transporte público, mejorar la limpieza urbana, invertir en  una mayor y mejor seguridad, impulsar medidas de regeneración de destinos, crear  nuevos productos que contribuyan a la descentralización y desestacionalización del  turismo, o invertir en la renovación de infraestructuras.  

En este sentido, resulta especialmente necesario invertir en el sistema de Rodalies, el  servicio de trenes de cercanías y regionales de Cataluña, cuyas constantes deficiencias  mantienen a sus usuarios en una situación de permanente frustración. No tiene sentido  invertir en la promoción de la Cataluña interior u otros destinos si el sistema de transporte  no funciona adecuadamente. Esta es una asignatura prioritaria: sin un transporte eficiente no es posible descentralizar el turismo que visita Barcelona ni tampoco resolver la crisis  de vivienda. Se trata, en definitiva, de coherencia y de que las acciones estén alineadas  con las necesidades.  

Tampoco comparto la decisión de destinar el 25% de los fondos a políticas de vivienda.  Soy plenamente consciente de la gravedad del problema de la vivienda en Cataluña. Sin  embargo, considero peligrosa la idea —cada vez más extendida entre algunas  administraciones— de presentar al turismo como el origen de todos los males y, al mismo  tiempo, como una fuente inagotable de financiación para otros ámbitos que son  responsabilidad de los poderes públicos.  

Si es necesario afrontar políticas o actuaciones de gran calado que requieran un esfuerzo  económico adicional, deben articularse mecanismos que garanticen la contribución de todos los sectores económicos. Y ello porque el preámbulo de la normativa da por  supuesto que el turismo es una de las causas de la crisis de vivienda, pero no aporta ningún  estudio o análisis que lo demuestre.  

Hace escasos días se publicaba la noticia de que Cataluña supera ya los 200 «hubs» tecnológicos de multinacionales, de los cuales el 70% se sitúan en Barcelona. ¿Cómo afecta a la crisis de vivienda el establecimiento de estos centros, que implican la llegada  de talento internacional con necesidad de vivienda y, en muchos casos, con rentas más  elevadas? ¿Cuánto influye en el mercado de la vivienda el hecho de que Barcelona cuente  con grandes escuelas de negocios o centros de investigación que atraen visitantes  temporales? ¿O la excelencia médica que atrae a pacientes internacionales?

¿Debemos imponer también un canon a los centros de investigación, a los hubs  tecnológicos, a las escuelas de negocios o a los hospitales porque la excelencia de su  actividad atrae visitantes que tensionan el mercado de la vivienda?

Y esta, lectores, es la situación: se prohíbe, se restringe, se sanciona, se limita y se  interviene en prácticamente todo ante la incapacidad de garantizar una vivienda digna para nuestros residentes, trasladando en gran medida la responsabilidad al sector privado. Al mismo tiempo, nuestros representantes políticos recorren el mundo promocionando  Cataluña y Barcelona como lugares donde invertir, estudiar o acceder a la mejor  formación y a la mejor investigación, generando un efecto llamada que atraerá nuevos  visitantes y residentes temporales que, sin duda, estarán en mejor posición para acceder  a la escasa oferta de vivienda existente. Estamos ante un auténtico contrasentido. 

En definitiva, nos encontramos ante un impuesto que deja de ser verdaderamente  «turístico» para convertirse en una herramienta de financiación municipal. Un impuesto que se destinará a prácticamente todo menos al turismo. Un impuesto que encarecerá las  vacaciones de quienes visiten Cataluña y, especialmente, las de los propios catalanes, que  representan el mayor porcentaje de clientes de los establecimientos turísticos del  territorio.  

Pero lo más preocupante es la pérdida de confianza en las instituciones que situaciones de este tipo generan. En el año 2012 el sector turístico aceptó la implantación de este  impuesto sobre la base del compromiso del gobierno catalán de que su recaudación se  destinaría a políticas turísticas. Hoy, catorce años después, ya no existe el impuesto turístico tal y como fue concebido. Y tampoco el compromiso.